Este 25 de noviembre se cumplen cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel, el joven que murió de un disparo por la espalda durante una represión de Prefectura, en la zona de Villa Mascardi, Río Negro. Aquel episodio se dio a pocos meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, que se había acercado a apoyar el reclamo de la Pu Lof en Chubut.
Por estas horas, otro asesinato golpea al pueblo mapuche. El domingo dos personas de civil ingresaron al territorio que ocupa la comunidad Lof Quemquemtrew en una zona denominada “Tapera de los Álamos”, en Cuesta del Ternero, Río Negro. Estaban armados y decían que se habían extraviado cuando iban a cazar. Sin poder explicar cómo habían violado el cerco policial que rodea desde hace más de 50 días la toma, los miembros de la comunidad les pidieron que se vayan. Fue entonces cuando dispararon directamente a la cabeza de Elías Garay (30) y balearon en el estómago a Gonzalo Cabrera (26). Este último se está recuperando en el hospital de El Bolsón.
En diálogo con ARGMedios, Mauro Millán, Lonko [autoridad] de la comunidad mapuche en Chubut, explicó los vínculos entre los dos civiles que ingresaron al territorio y la policía de Río Negro. “Diez minutos antes de que llegaran estos asesinos, un drone voló todo el territorio, como haciendo una inspección. Cuando llegan estos hombres con armas largas se los interpela y les pregunta qué estaban haciendo. Contestaron que estaban cazando. Pero acá en el campo todo el mundo sabe que en esta época nadie sale a cazar”, explicó Millán.
El vocero relató que luego la discusión se puso tensa y “estas personas tiraron a quemarropa”. “Estos tipos están identificados, porque se los vio previamente conversando con la gente del COER [Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate] abajo”, agregó Millán, que además relató que se trasladaban en un auto color rojo.
“Este es un escenario que se configuró claramente con la complicidad de esta fuerza de seguridad y la policía de Río Negro. Y lamentablemente hasta el momento no hay ningún indicio de que la justicia esté investigando este hecho. Más bien están intentando borrar o emprolijar lo que sucedió”, señaló.
Esa unidad de la Policía de Río Negro había intentado desalojar por la fuerza a la comunidad de la Lof Quemquemtreu el pasado 24 de septiembre. Desde entonces, rodeaba el ingreso al territorio y hostigaba al acampe humanitario que se instaló en las inmediaciones para resguardar cualquier intento de represión. Pero los intentos de desalojar a la comunidad fueron más allá cuando el juez de garantías, Ricardo Calgano, negó el ingreso de alimentos y abrigo a los miembros de la comunidad que realizaban la toma. Aún así, el acampe aguardó durante 52 largos días hasta que se definió levantarlo. Luego ocurrió el ingreso de los dos civiles y asesinato de Elías Garay.
“El acampe se levantó hace cuatro días y dos días después, asesinan a un peñi (hermano) de los que están en el territorio desde hace dos meses, aislados y bloqueados por la policía. La situación es gravísima. Este asesinato fue una medida para intimidar y cuidar los intereses de un empresario como Rocco”, expresaron ayer voceros de la comunidad en una conferencia de prensa.
“Configura para nosotros un hecho doloroso e indignante. Nosotros venimos proponiendo un diálogo y ha sido rechazado desde el primer día por el gobierno de Río Negro. Vemos que hay una responsabilidad de la policía y de parte del COER. Espero que el gobierno siente cabeza y tome conciencia del peligro que implica y la violencia institucional que genera”, sumó en diálogo para este medio, Orlando Carriqueo, Werken [autoridadad tradicional] del Parlamento Mapuche-Tehuelche en Río Negro.
Sicarios
El nuevo ataque hacia la comunidad mapuche expuso una realidad: los muertos siempre se dan de su lado. Aún cuando el gobierno de Río Negro, a manos de Arabela Carreras, y los grandes medios de comunicación insisten en catalogarlos como “terroristas”.
De hecho, el gobierno provincial ya había radicado una denuncia por terrorismo luego de que se registraran ataques con fuego a edificios públicos que habrían sido reivindicados por miembros de la comunidad. Pero si hay algo novedoso tras el asesinato de Elías Garay es que quienes dispararon no pertenecían a fuerzas del Estado, o por lo menos no se encontraban identificados. Para los voceros de la comunidad, hay razones para pensar que se utilizaron “sicarios”.
Esta opción apunta contra dos actores importantes en el caso: los empresarios Alberto Osvaldo y Rolando Enrique Rocco, los denunciantes ante el intento de recuperación de tierras de la comunidad Lof Quemquemtreu. Los Rocco vienen accediendo a esas tierras desde hace varios años para la explotación de pinos. Pero las tierras se encuentran relativamente abandonadas y todo hace pensar que existen otros intereses.
“El Estado le ha autorizado poner pinos, pero no significa que sea dueño de la tierra. Lo que hay más allá de la defensa de este empresario es un negocio inmobiliario. Si uno pone Cuesta del Ternero en Google va a ver que hay muchas inmobiliarias operando. Esto es lo más grave y lo que más se oculta”, explicó Carriqueo.
Al respecto, una investigación del periodista neuquino Gustavo Figueroa, detalla las irregularidades que presentan estos empresarios y los favores que el Estado les concedió durante años.
Crear un clima de guerra
Durante la campaña electoral para las elecciones legislativas de este año, algunos de los candidatos y candidatas de la derecha —como Diego Santilli y José Luis Espert— dejaron frases de alto calibre frente al problema de la inseguridad. Espert literalmente pidió “bala” para los delincuentes.
El cruel asesinato de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue perseguido y fusilado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, no pudo desvincularse del contexto generado por el mundo de la política y la reacción brutal de las fuerzas de seguridad.
Lo mismo sucede al sur del país con las comunidades mapuches. En agosto de este año, un foro reunió a casi todos los sectores de la política y el empresariado de Río Negro para discutir “qué hacer con las tomas”.
Dos meses después y tras una escalada de tensión en la provincia, el gobierno de Arabela Carreras llegó a trenzarse con el gobierno nacional de Alberto Fernández al exigirle el refuerzo de Gendarmería. El presidente le contestó con una carta pública, explicándole que el envío de fuerzas federales “solo ameritaba en caso de que el orden público esté en peligro”, pero de todas formas lo aprobó.
Ahora, el asesinato del joven mapuche Elías Garay termina de completar el escenario. Todavía resta saber quiénes son los autores materiales del hecho, pero el clima ya estaba instalado. “Que no vengan a hablar de violencia, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro; o la liberaron o son ellos”, manifestó Carriqueo. “La responsabilidad política es innegable, tanto del gobierno provincial, que se niega a dialogar, quiere resolver las cosas a los tiros y no reconoce una comunidad, como del nacional, por ser tan tibio en esta situación”.
