La diputada provincial Susana González, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, denunció al ex Presidente del Astillero Río Santiago (ARS), Daniel Capdevila, y otros funcionarios por el giro de 95 millones de dólares para la compra de chapas náuticas y perfiles de acero que nunca habrían llegado. Esos insumos supuestamente serían usados para la construcción de cuatro barcos graneleros, pero por entonces ni siquiera se presentaron los planes de obra. La diputada afirma que es “un delito federal”
Las embarcaciones de granel fueron solicitadas por la empresa Sea White S.A, gestionada por Ricardo Lopez. Los 95 millones de dólares se emitieron a través de cuatro cartas de crédito depositadas en Open White, una empresa offshore con sede en Florida, Estados Unidos. La misma se disolvió el 20 de diciembre del 2017 por voluntad propia, meses antes de la aprobación de esta carta de crédito del Astillero Río Santiago.
El ex presidente del Astillero es quien comienza con el escándalo cuando emite una denuncia en la fiscalía de Condomí Alcorta, contra los trabajadores de ATE Ensenada- el gremio con mayor presencia en Astilleros Río Santiago- por el faltante de una factura en la compra de mercadería en un comercio. A la hora de realizar un peritaje “resulta que de cuatro chapas faltaban dos”, dice la diputada. Sin embargo, esa denuncia evidenció algo aún peor: la malversación de 95 millones de dólares de las autoridades del Astillero.
En un diálogo con ARG Medios, la diputada González señala que “Capdevila hace una denuncia por una presunta malversación de fondos de los dirigentes de ATE en el comedor de Astillero Río Santiago, y cuando van a realizar la pericia técnica se encuentran con la particularidad que de las cuatro chapas compradas; la C85, C86, C81 y C82, las dos últimas no existían”. Y agrega: “las chapas estaban tan deterioradas que no parecían ser del destino donde la orden de compra se había emitido”. Esto desató el inicio de una investigación que indicaría el lavado de activos millonarios.
El siguiente elemento que confirmaría el delito fue el contrato de certificación de la construcción de los cuatro barcos: no había planos de obra aprobados por sociedades certificantes ni Prefectura Naval Argentina. Tampoco un plan de certificación de avance de obra. “Es como si hicieras un edificio sin planos”, dice González.
Tras la última pericia, el fiscal Condomí Alcorta, decidió imputar a los dirigentes de ATE por la presunta malversación de fondos. Sin embargo, los 95 millones de dólares que fueron derogados para comprar el material que no estaba, “dice que no merece reproche penal y no lo investiga, de tal forma que sigue la causa contra el Secretario General de ATE, Oscar De Isasi”, cuenta la legisladora González.
La denuncia de la diputada fue ampliada en la fiscalía Nº 1 del foro Federal de La Plata, cuando se descubrió el famoso “ticket” en un tacho de basura, de un depósito a la cuenta personal de Capdevila por mil millones de pesos. Ese monto no figuraba en la Declaración Jurada que había presentado Capdevila cuando asumió como Director del Astillero Río Santiago.
“Presenté un pedido de informe en la legislatura bonaerense, para que se investiguen los movimientos del funcionario en el Banco Central y el Banco Provincial”, dijo la diputada. Sin embargo el mismo no fue tratado y perdió estado parlamentario.
La denuncia de González no fue la única. También lo hizo el ex juez Llermano, quien denunció en la legislatura bonaerense, la “mesa judicial” y el espionaje durante la gestión de Vidal. Allí estaban todos los funcionarios involucrados en la causa del Astillero Río Santiago, además de periodistas y otros funcionarios. “Esto fue incorporado como elemento para mostrar que hubo varios hechos de corrupción para investigar”, afirmó la diputada
Una trama judicial y de Inteligencia Federal
Durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la provincia, el gremio denunció que hubo una política “de persecución a los trabajadores”. Para eso designó al frente de dos áreas; Seguridad y Recursos Humanos a Ricardo López, ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia, y además gerente de la empresa que encarga dicho trabajo náutico.
Por otro lado, el Procurador Julio Contegrand también cumple un rol importante: fue asignado como Jefe de los fiscales de la provincia, y era quien coordinaba a los instructores a cargo de las pericias que hubo en el Astillero. Algo que González destaca como “novedoso”, ya que aquellos designados para realizar las pericias “habitualmente los pone cada fiscalía”. En este caso eran de Procuración, área a cargo de Contegrand.
El procurador había sido secretario de legal y técnica en el gobierno de Vidal, y actual militante de Cambiemos. “Le encontraron el celular encriptado de la AFI”, mencionó González. Por lo que actualmente también está denunciado por “perseguir en los tribunales a los trabajadores del Astillero Río Santiago y proteger a los funcionarios que allí designó la entonces gobernadora”.
Las denuncias también recaen sobre funcionarios como Francisco Pont Vergés; Secretario de Política Criminal, Miguel de Lezica; Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General, y Max Perkins; Subsecretario de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General. Todos asumieron sus cargos sin carrera judicial ni antecedentes previos que justifiquen su ascenso. Tenían algo en común: eran militantes de Cambiemos.
“Los agentes de inteligencia están moviendo dinero. No se trata de una causa de espionaje ilegal sino del manejo de fondos públicos, donde hay involucrados funcionarios nacionales y provinciales”, afirmó González. Sin embargo, a la hora de que esta denuncia pueda avanzar en la justicia, la legisladora remarca que “como no se trata de una causa de espionaje ilegal” -en primera instancia- “no tendría por qué ser absorbido por el foro de atracción de Comodoro Pro”, y agregó; “tengo confianza que el juez Ramos Padilla pueda avanzar el investigación y se sepa qué sucedió con estos fondos”.
