Un estudio realizado en 2024 por el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce, obtuvo como resultado una “Presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. También señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.
Los pesticidas detectados fueron principalmente atrazina y glifosato. Ambos son herbicidas que perjudican a la salud humana si existe exposición prolongada o a dosis altas –como ocurre en ambientes agrícolas de la Provincia de Buenos Aires–. Estos insumos son usados principalmente para el cultivo de soja y maíz, y han sido asociados con mayor riesgo de causar cáncer, alteraciones en el desarrollo fetal y el sistema reproductivo.
Además, el medio ambiente se ve perjudicado por la contaminación en cuerpos de agua por su fácil infiltración en acuíferos y ríos cuando son utilizados en el sector agroindustrial. Incluso, afecta a los organismos acuáticos y al suelo, matando bacterias y hongos beneficiosos.
Adelante los agrotóxicos, detrás la legislación
Mientras los paquetes tecnológicos del agronegocio se perfeccionan a la velocidad que exige la competencia y el mercado, la legislación argentina sobre la presencia de agrotóxicos en agua potable no intenta seguirle el paso. Incluso cuando el uso de estos paquetes, sea a costa de la salud de los vecinos cercanos a los terrenos de fumigación y en perjuicio del medio ambiente, ya que la última normativa sobre la materia es de hace 17 años.
El agua potable en los territorios donde abunda la producción agrícola, contienen altas dosis de atrazina y glifosato, sustancias que a la hora de evaluar la potabilidad del agua no son tenidas en cuenta. Esto implica que, en la Provincia e incluso en todo el país pueda contener estas sustancias y que no se hayan detectado.
Si bien la legislación nacional no menciona a estos herbicidas, la provincial es también deficitaria ya que Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) se rige por la ley provincial 11.820, que no incorpora a la atrazina o el glifosato.
Aun así la lucha constante de los Pueblos Fumigados dio como resultados vértices de justicia exigidas al Poder Judicial. Si bien este Poder actúa normalmente cuando el daño ya está materializado, un ejemplo de esto fue lo sucedido en el Municipio de French y La Matanza, donde ABSA y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se vieron obligados a la entrega de agua potable en bidones, y a establecer puntos de distribución por el contenido de glifosatos en el agua.
Daño genético: daño irreversible
En la localidad de Pergamino, “el núcleo sojero”, un fallo judicial paradigmático ordenó suspender fumigaciones con glifosato y atrazina tras comprobar daño genético en niños y adultos expuestos a esa contaminación. (Texto de la sentencia )
En este caso la judicialización estuvo motivada por Sabrina Ortiz, quien estudió derecho y judicializar su caso y el de sus vecinos. Ella tuvo dos ACV y perdió un embarazo por las fumigaciones que se realizaban en los campos de soja cercanos a su casa. En su caso sus estudios revelaron que tenía más de 120 veces agrotóxicos de los que el cuerpo puede tolerar.
Incluso, toda su familia tenía daño genético, en el caso de sus hijos, sufrieron enfermedades respiratorias y en las articulaciones. Igualmente en cada fumigación, los vecinos cercanos comenzaban con náuseas, desprendimiento de piel e inflamación en la garganta.
Ellos, los Ortiz, tuvieron que dejar su hogar e irse de la línea de fuego. Pero las amenazas seguían al acecho, ya que uno de los productores agropecuarios imputado, disparó contra su vivienda y amenazó a la familia con que “la iban a encontrar muerta en una zanja”.
Gracias a la lucha de la familia y sus vecinos, en conjunto con diferentes organizaciones ambientales y rurales, se prohibió el uso de agroquímicos a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y 1.200 de las rurales.
El agua potable sigue siendo un derecho humano, aunque no parezca
El agua potable es un derecho humano consagrado convencional y constitucionalmente, esto implica que su acceso sea suficiente y asequible pero principalmente seguro. Argentina al suscribir a tratados internacionales que así lo consagran está obligado a garantizar este derecho por medio de regulaciones y controles eficientes, como también proteger que empresas y terceros no lo violenten o restringen en su acceso.
Mientras los controles gubernamentales por el uso indiscriminado de herbicidas y fertilizantes sea insuficiente para garantizar este derecho, la provincia de Misiones es vanguardia al prohibir el uso de glifosato y otros químicos por las denuncias de graves daños físicos, en niños y trabajadores por parte de las comunidades rurales, indígenas y socioambientales. Aun asi la norma quedó suspendida luego de fuertes reclamos de parte de asociaciones de productores agropecuarios de Misiones.
Existen modelos alternativos
La agroecología puede ser una respuesta efectiva frente a la crisis del modelo agroindustrial y los monocultivos, caracterizados por el uso excesivo de agrotóxicos, la dependencia de insumos externos y los daños irreversibles causados a las comunidades afectadas por las fumigaciones. En este sentido, cada vez más países están orientando sus políticas ambientales y alimentarias hacia prácticas agroecológicas. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para transformar y sanear el sistema del agronegocio dominante.
