La próxima semana, la oposición peruana presentará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, tras declaraciones hechas por la empresaria Karelim López ante la Fiscalía general de Perú sobre supuestos actos de corrupción en los que estaría implicado el mandatario y su entorno cercano, en donde se denuncia la repartición de obras públicas en diversos ministerios.
El presidente peruano fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, presidida por Héctor Ventura (Fuerza Popular), para que declare ante dicho grupo de trabajo el próximo lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana. Castillo rechazó las acusaciones y consideró que la fiscalía está “formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno”.
El líder campesino debe declarar “sobre presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo de presidente de la República” y del ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.
No es la primera vez que el mandatario enfrentará una moción de “vacancia”. En diciembre del 2021, el Congreso peruano rechazó el tratamiento de la moción por “incapacidad moral”, logrando un triunfo parlamentario con 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones de la moción.
Una herramienta de destabilización
Pedro Castillo tiene razones para acusar a la derecha peruana de querer desestabilizar al gobierno. Sin embargo, la herramienta se ha utilizado en diversas oportunidades para destituir presidentes de distintos colores y signos políticos.
La moción de vacancia es una herramienta del Legislativo recogido en el art. 113 de la Constitución peruana de 1993, que permite al Congreso iniciar un juicio político para destituir al presidente de la República.
Dicho procedimiento comienza con un pedido de vacancia que tenga el apoyo de al menos el 20% de los congresistas (26 de 130). Una vez admitido a trámite se requiere del 40 % de los escaños (52) para que el Congreso inicie efectivamente el juicio político.
El proceso de vacancia no es una herramienta novedosa en la política peruana. El caso de Martín Vizcarra y su salida prematura del gobierno en noviembre de 2020, permanece fresco en la sociedad peruana.
En dos oportunidades anteriores se había empleado el mismo recurso para desplazar a presidentes: Guillermo Billinghurst (1914) y Alberto Fujimori (2000).
La descomposición de un sistema político
Perú está envuelto en un sistema corrupto instalado desde la llegada del fujimorismo al poder vinculado a la instalación del programa económico y político neoliberal. El sistema político ha ido encontrando un agotamiento en términos políticos desde 1990.
La falta de credibilidad de los peruanos sobre sus dirigentes atravesados por hechos de corrupción, ha llevado a una crisis de representatividad. El Poder Legislativo cosecha un rechazo cercano al 75 por ciento, sentimiento que crece mes a mes según las encuestas.
Una muestra que explica la gran inestabilidad política que vive el país, es el hecho que en un solo semestre se haya llegado a la cuarta modificación del Gabinete del gobierno de Castillo.
La crisis político institucional se ha manifestado en una guerra entre los ejecutivos y legislativos a partir del 2016, como consecuencia de la derrota de Keiko Fujimori frente a Pedro Kuczynski. Desde aquel entonces, el conflicto entre estos dos poderes del Estado fue subiendo de tono, manteniendo paralizado un normal desenvolvimiento de la vida política peruana.
La crisis de representatividad también se explica con los constantes cambios de presidentes que sufrió el país andino. Desde 2018 han pasado seis presidentes por la Casa de Pizarro, posiblemente debido a que la derecha no logra coincidir en un programa político pero sí en una estrategia de destituir a todo presidente.
Los finales de los presidentes peruanos han sido calamitosos debido a la resistencia del pueblo al sistema corrupto: Fujimori fue preso; Toledo cosechó un proceso de extradición en los Estados Unidos; Ollanta Humala fue enjuiciado, Alan García se suicidó y Kuczynski carga con una prisión domiciliaria.
El laberinto de Castillo
La victoria de Castillo en 2021 quedó para la historia, no solo por el hecho de que la izquierda peruana ganó por primera vez un proceso electoral, sino también porque surgió de un Partido de origen provinciano y su candidato era un profesor de escuela rural.
Para la derecha peruana la victoria fue tan traumática, que intentó desconocer los resultados e incluso hasta en la actualidad continúa negando su derrota. Sin embargo, durante estos meses de gobierno, la izquierda peruana ha comprendido que es diferente ganar una elección a ganar el poder.
Medida tras medida, gabinete tras gabinete, Pedro Castillo no ha hecho más que alejarse de su núcleo de izquierda y abandonar las promesas de campaña que lo llevaron a ser una esperanza para los humildes y pobres de Perú.
El mandatario no ha logrado poner en marcha ninguna política de izquierda, ninguna propuesta del plan de gobierno, que lo distinga como tal, y que sea en beneficio de las grandes mayorías.
Asimismo se ha visto condicionado por el Congreso de Perú rechazando gabinetes propuestos por el presidente y otros obligados a renunciar como el exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar.
Castillo ha realizado giros y constantes cambios de ministro (un promedio de más o menos una por cada semana), así como proponiendo funcionarios de la más rancia política tradicional peruana, como Héctor Valer.
El mandatario también ha perdido el apoyo total de Perú Libre, el partido político que lo llevó a la presidencia. La decisión responde a lo ya relatado: la falta de políticas públicas populares y a la elección de gabinetes con representantes de la derecha.
Por todo esto, durante estos meses de gobierno Castillo ha estado a la defensiva: primero por las acusaciones de fraude por Keiko Fujimori y luego por el rechazo que una sociedad tradicionalmente racista que niega que su presidente sea un cholo, un hijo de campesinos.
Reforma constitucional, una alternativa posible
Ante este panorama, Castillo deberá enfrentar una parada difícil: superar la moción de vacancia en el Congreso. Una vacancia contra Castillo daría lugar a que sea reemplazado por su vicepresidente Dina Boluarte, quién acaba de ser expulsada de Perú Libre. Ese escenario sería ideal para el fujimorismo que no descansaría hasta sacarla de Palacio y que asuma la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto.
Para lograr evitar la vacancia, Castillo deberá contar con la bancada de Perú Libre de forma unánime, sumar el apoyo de Juntos por el Perú (que ya anunció que no acompañará la moción), y de algún partido de derecha negociable, que le permita garantizar mínimamente 44 votos, para consolidar una presidencia fuerte.
Sin embargo, superada la vacancia, deberá superar el enfrentamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo, y la única salida consiste en ir a una asamblea constituyente con plenos poderes que reorganice al país.
Allí también deberá esquivar obstáculos, como la ley que subordina el derecho del referendo a la aprobación del Congreso, que implica una reducción de la soberanía popular y amarrar la piñata por parte de las fuerzas de derechas.
Torcer esas voluntades y superar el estancamiento requiere que Castillo apele a la movilización popular de la mano de las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, vecinales, gremiales, feministas, y de ronderos, que sean capaces de tomar las calles para presionar por sus demandas sociales.
