El desguace del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI) es la confirmación de que la política para los productores familiares va a ser nula y mala. Con el cierre de este organismo, el Estado afirma que no va a fomentar la producción de alimentos ni el arraigo rural.
El gobierno de Javier Milei desconoce las realidades más allá de las fronteras de la ciudad de Buenos Aires, por lo que se sospecha que ni siquiera quiera sabe de dónde vienen los alimentos frescos que consumen la mayoría de los argentinos
No solo es grave por los 900 despedidos, sino que además es la desaparición completa del Estado en parajes y comunidades pequeñas del interior. Las tareas que realizaban los técnicos de terreno del organismo abarcaban desde trámites de RENAPER, monotributo y AFIP, hasta el asesoramiento técnico de las chacras o campos de productores pequeños.
Además, los trabajadores de esta área se encargaban de articular demandas de comunidades o de sectores de trabajadores como por ejemplo los pescadores, un sector bastante olvidado por los estados nacionales y provinciales.
Además el INAFCI desarrollaba programas como el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el Programa de Promoción del Trabajo Arraigo y Abastecimiento Local, el Programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino y Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar, entre otros para campesinos y pueblos originarios. Trabajaba vinculaciones de pequeños productores con instituciones específicas de la producción como por ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Además de gestionar las emergencias agropecuarias cuando hay desastres climáticos.
“Veníamos impulsando la ayuda de agregado de valor para una cooperativa de pescadores en el área de comercialización para la región del gran Rosario con un programa llamado PIPA, para que los trabajadores compren un vehículo refrigerado y mejoren el acopio con una cámara de frío, ampliando el agregado de valor para que hagan más hamburguesas, albóndigas, medallones y todos los productos procesados”, explicó para ARG MEDIOS, Laura Maldonado, quien trabajaba desde hace catorce años en el INAFCI Santa Fe.
La técnica de terreno asegura que se estaban haciendo trámites de licencias de pesca y gestiones con la prefectura. “Sumado a esto, veníamos trabajando con municipios del gran Rosario vinculando el Pro Huerta, el INAFCI, la Universidad de Rosario, el SENASA, el INTA, productores pequeños de la región y las secretarías de producción de las comunas y municipios”, dice.
Desde la década del 90 hasta aquí los contratos precarizados hicieron que los trabajadores de lo que supo llamarse en su momento Programa Social Agropecuario y después subsecretaría de Agricultura Familiar, pusieran sus vehículos y de su bolsillo dinero para la nafta o para sus prestaciones sociales. Tenían una oficina para toda la provincia o en algunas directamente no había. Los técnicos se especializaron en gestionar recursos de otros ministerios a falta de recursos en el organismo propio.
“En diciembre nos quedamos sin líneas de trabajo, al instituto lo pasan de jefatura de Gabinete de Nación al ministerio de Capital Humano, pero no designaron autoridades. Se estuvieron exigiendo autoridades con los gremios y organizaciones pero después del anuncio del vocero presidencial el organismo pasa al Ministerio de Economía bajo la Secretaría de Agricultura y lo degradan de rango a dirección.” Dijo indignada Laura Maldonado.
Como corolario de este desguace se asignó de interventora a Inés Liendo, hija del ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla, durante la última dictadura militar. Con este último movimiento, el gobierno nacional decide cerrar el instituto y despide a 900 trabajadores dejando solo 64 en la nueva dirección.
Algo llamativo del relato de la trabajadora del Instituto fue la forma inédita en como hicieron los despidos: “El jueves Santo somos dados de baja del GDE y le niegan acceso al Correo electrónico nacional a la mayoría de los trabajadores. Esta fue la forma de enterarnos de nuestras cesantías. Sin comunicación oficial de parte de la interventora sobre los despedidos todavía no se sabe quiénes van a quedar en el organismo porque no hay quien se haga cargo del asunto. Como no hay telegramas o resolución administrativa no se puede resolver la estrategia judicial porque no se sabe quién queda afuera o adentro del organismo. La incertidumbre es total”.
Retiro del Estado en favor del coloniaje del agronegocio
A esta Institución la avala la ley N° 27.118 de Agricultura Familiar de reparación histórica y lo más importante que la ONU declaró a este decenio para el cuidado de la agricultura familiar. El espíritu del INAFCI tiene como objetivo cuidar la agricultura campesina e indígena, los conocimientos de agroecología, la producción de bioinsumos y la ayuda para la comercialización de alimentos frescos y saludables.
Según proyecciones del INDEC sólo 8% de la población argentina vive en zonas rurales y de ese segmento de población según el Registro Nacional Sanitario De Productores Agopecuarios (2022), hay 76.869 unidades productivas de la agricultura familiar de todo el país.
El agronegocio está dejando sin trabajadores al campo por su labranza con la siembra directa a gran escala y sus supermaquinarias, donde el patrón desde un celular en una oficina en la Capital le indica qué hacer a sus peones en el campo. La especulación inmobiliaria manifestada en la construcción de barrios privados y los latifundios sembrados de soja por la ventaja de estar cerca del puerto, se están comiendo el cordón periurbano de las grandes ciudades portuarias. La preocupación de los campesinos pasa por el hecho de que si no podemos alimentarnos de carnes, huevos, semillas, peces, verduras y hortalizas, vamos a terminar comiendo únicamente alimentos ultra procesados.
Por todo esto, pareciera que la insensibilidad y la violencia que está usando este gobierno, es directamente proporcional a su incapacidad de conducir económicamente la situación del país. De esta forma, ¿Algo de esto puede terminar bien?
El límite de coartar la alimentación del pueblo ya lo cruzaron. En el medio los trabajadores cesanteados del Instituto hace desde marzo que no cobran y no pueden afrontar el costo de su vida. Hace algunos días murió un trabajador despedido llamado Germán Pez del INAFCI: le dio un paro cardíaco a causa de la situación de angustia.
Sin política del estado para este sector nos condenan a la mayoría de la población a alimentarnos indebidamente. Muchos de los problemas de soberanía tienen que ver con la tierra, la primera soberanía es poder decidir y planificar qué producir para que el pueblo coma.
Pero sin dudas, este país es muy grande para que nos termine alimentando cuatro emporios alimenticios que encima cobran sus productos a precio europeo. La soberanía alimentaria está en juego y cuando un país no defiende su soberanía deja de ser una nación para transformarse en una colonia. Eso quiere Javier Milei.
¿El pueblo argentino quiere lo mismo?
