Este martes 6, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión en el marco del veredicto por la causa Vialidad, que sostiene que la expresidenta fue parte de un entramado de corrupción cuando era mandataria. Además, se pidió la proscripción perpetua para que ejerza cargos públicos.
Hasta entonces, el Tribunal Oral Federal Nº 2 no pudo fundamentar el fallo, al mismo tiempo que durante todo el proceso, no logró detallar con pruebas concretas la responsabilidad de la vicepresidenta.
Sin embargo, la sentencia un tanto cantada, no fue la verdadera novedad, si no el anuncio que la expresidenta volcó hacia el final de su descargo: “No voy a ser candidata a nada” en 2023.
También, en ese mismo discurso, Cristina Fernández rebautizó al lawfare de una forma más sencilla y brutal: definió a la justicia y el poder mediático como una “mafia” y un “Estado paralelo” que articula constantemente poder y operaciones. Una prueba clara y concreta de esto, se vio en los chats filtrados entre jueces, funcionarios y empresarios.
Repasemos entonces algunos de los hechos en donde se habría dado lugar a este Estado paralelo.
Internet, ya no más servicio esencial
En diciembre del 2021, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal falló en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Lo más destacado de esto, es que lo hizo luego de dar lugar a la medida cautelar que inició la empresa Telefónica S.A y que también benefició al Grupo Clarín, hoy líder en el servicio de internet luego de su polémica fusión entre Cablevisión y Telecom.
La CSJ interviene al Consejo de la Magistratura
También en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia intervino de forma intempestiva al Consejo de la Magistratura, el órgano que se encarga -precisamente- de elegir jueces a través del Congreso de la Nación.
¿Las razones? El gobierno había impulsado una ampliación del Consejo y la Corte desempolvó una causa que tenía hacía más de una década. El máximo tribunal definió por unanimidad, quince años después de recibir la causa, que la composición no respetaba el “equilibrio” de los sectores en el organismo que selecciona, sanciona y remueve magistrados.
Rechazo al pago de ganancias
Por su parte, el poder Judicial se abroqueló en octubre de este año, cuando el gobierno amagó nuevamente para aprobar medidas en donde el pago de ganancias se extensivo a nuevos sectores, en especial hacia los altos funcionarios judiciales. El proyecto de ley fue rechazado en el Congreso, con votos en contra de la oposición y algunos del propio oficialismo.
“Se pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”, expresaron por entonces desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El Poder Judicial sigue siendo el único sector del Estado que no es elegido democráticamente y que -a diferencia de la inmensa mayoría de los y las trabajadores- no paga ganancias.
Intento de asesinato a Cristina Fernández
Si hablamos de Estado paralelo, no puede quedar afuera la cada vez más polémica investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las sucesivas irregularidades llevaron a que la expresidenta y sus abogados recusen a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.
En síntesis, desde un comienzo la investigación para determinar quiénes y por qué quisieron matar a Cristina, estuvo mal encarado y con lentitudes llamativas.
La primera gran polémica fue la pérdida de la información del celular del principal imputado, Fernando Sabag Montiel, quien apretó dos veces el gatillo a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué pasó para que el teléfono llegara bloqueado y en un sobre abierto.
Pero más allá de esto puntual, las últimas novedades del caso no fueron investigadas por la jueza Capuchetti. Sobre todo, aquellas que apuntaban al financiamiento de grupos extremistas, como los 17 millones de pesos que recibió Jonatan Morel (líder de “Revolución Federal”) de parte de Caputo Hermanos, empresa relacionada al exministro de Macri, Luis Caputo.
Tampoco la pista sobre las relaciones con la oposición política, como lo fue la posible participación del diputado del PRO, Gerardo Milman, y otros integrantes de grupos de extrema derecha, cercanos a Patricia Bullrich.
En una filtración de dos grupos de Telegram se dieron a conocer audios y chats entre jueces, funcionarios de Cambiemos y empresarios del Grupo Clarín donde los involucrados buscaban ocultar un viaje a Bariloche pic.twitter.com/4fZFrBlfKr
— Televisión Pública (@TV_Publica) December 4, 2022
Chats del subsuelo de la democracia
Finalmente, algo que le da mucha contundencia al término Estado paralelo fue la filtración de los chats entre jueces, empresarios y funcionarios que estalló en algunos medios de comunicación y solo comenzaron a ser difundidos por los principales -como Clarín, Infobae y La Nación- luego de la Cadena que hizo el presidente Alberto Fernández, para denunciar el hecho.
Se trata de la coordinación con tintes mafiosos entre los jueces Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), y el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro, así como el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
También uno de los principales coordinadores de aquella organización clandestina y paraestatal fue el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo.
Todos estos involucrados en un sospechoso y secreto viaje hacia Lago Escondido el pasado 17 de octubre, posiblemente a la mansión del mega multimillonario británico, Joe Lewis.
