A casi dos años del intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este miércoles 26 de junio comenzará el juicio para determinar los principales responsables materiales de un hecho fallido y que sin dudas corrió los límites de la violencia política en el país.
Sin embargo, para la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes deberán sentarse en el banquillo de los acusados son solo tres personas: Fernando Sabag Montiel (quien gatilló más de dos veces sobre la cabeza de la por entonces vicepresidenta), quien figuraba como su pareja, Brenda Uliarte y el señalado como “jefe” de la “banda de los copitos”, Gabriel Carrizo.
Sin embargo, la justicia deja afuera toneladas de investigación que apuntan a otros actores, que desde la sombra, tuvieron un rol más bien de instigador sobre el hecho y quizás, de logística y financiamiento.
Tiene que ver con los miembros de la denominada organización “Revolución Federal”, la cual meses previos a aquel 1 de septiembre de 2022, realizaron diferentes escraches violentos hacia funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y alquilaron el departamento de arriba al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández, días previos al ataque.
Particularmente el jefe político de Revolución Federal, Jonatan Morel, había recibido más de 11 millones de pesos por supuestos trabajos de carpintería (que nunca se comprobaron fehacientemente) de nada más ni nada menos que del Grupo Caputo Hermanos. Familia del ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Tampoco hay imputación para el todavía diputado nacional por el PRO, Gerardo Milman, quien días antes del intento de magnicidio tuvo una frase reveladora, que fue escuchada por el asesor de un diputado peronista: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”, le había dicho a sus dos asesoras. Casualmente ese 1 de septiembre de 2022, Milman estaba viajando a la costa atlántica.
Para completar las sospechas, la información de los teléfonos de Milman y de sus dos asesoras fue borrada por un técnico en las oficinas de Patricia Bullrich.
“Las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento jurisdiccional. (…) No se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”, respondió Comodoro Py.
De lograr condenas, se calcula que a Sabag Montiel se le podría determinar una pena de más de 20 años de cárcel, por intento de asesinato a una figura pública como Cristina Fernández de Kirchner.
En tanto, para Brenda Uliarte, la condena podría ser menor pero para la justicia tiene un rol casi central, por su trabajo previo y su presencia ese día en las inmediaciones del domicilio de la ex presidenta.
Para Carrizo, por su parte, podría haber una condena mucho menor si se considera que su rol no fue tan importante como en principio se descartaba de sus chats.
Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari integrarán el tribunal oral federal que juzgará a los tres, en un proceso judicial que podría durar más de seis meses.
