Con la complicidad del municipio barilochense, la empresa Arelauquen Golf & Country Club busca desterrar a la comunidad Mapuche de la Lof de Quijada. Se trata de unas 304 hectáreas que habitan desde hace 70 años en la base del Cerro Otto. Es un triple conflicto, ya que a las tierras también se las adjudica el Ejército por una ordenanza que data de la dictadura militar.
El pueblo indígena resiste amparado en la ley 23.602 y bajo la tutela de organismos nacionales, pero la empresa hotelera se ha encargado de boicotear a la Lof con alambrados que interrumpen sus caminos. Hoy viven en condiciones de indigencia y sobreviven gracias a lo que les da la gente o lo que pueden rescatar de la basura.
A partir de la resolución 43/202 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), desde la comunidad sueñan con dar vuelta la historia.. El INAI, dirigido por la barilochense Magdalena Odarda, admitió en su artículo primero “la ocupación actual, tradicional y pública” de 304 hectáreas a “la comunidad Lof Che Jose Celestino Quijada, del pueblo Mapuche”.
Julián Fernández, abogado del organismo, se encargó de explicar a ARGMedios que “no se trata de una cesión en el sentido catastral del dominio, sino que se le reconoce a las comunidades un uso y una posesión en el marco de la ley”. Fernández remarca que el INAI “no tiene la potestad de ceder tierras, de hecho ningún organismo administrativo puede”. Sin embargo, se trata de un primer paso, ya que “suspende cualquier desalojo” que pudiera caber sobre la comunidad.
Asentamiento en la región
Provenientes de El Manso, hombres, mujeres y niños mapuches llegaron a aquel territorio virgen en 1950 y se instalaron junto a sus animales para pastorear y cultivar.
Sin embargo, a partir de 2007, una serie de sucesos modificaron sus condiciones de vida drásticamente. Fue entonces cuando la empresa Arelauquen “alambró el perímetro y les cortó el acceso a la vía pública con el que llegaban hasta la ciudad”, explica Matías Schaer, representante legal de la comunidad. Además de interrumpir su camino cotidiano hasta Bariloche, “ese alambrado les privó de 30 hectáreas” del territorio que hasta ese momento habitaban.
El principal —y a esto se refiere la comunidad cuando expresa que no son necesarios los desalojos para complicarles la vida—,problema es la imposibilidad de trasladarse cotidianamente hasta la ciudad, lo que significó básicamente “el encierro y la exclusión”.
Sin necesidad de que la Justicia o las fuerzas armadas irrumpan en el territorio, desde la empresa llevaron adelante la jugada estratégica de desarticular la conexión que la comunidad tenía con la vida del pueblo.
Los habitantes de la pequeña Lof pasaron de transitar su habitual recorrido de 15 minutos a pie, a un paso alternativo en la punta del Cerro, donde solo se puede llegar en algún vehículo. Una vez allí, recorren una hora y media más, caminando. “Esto hizo que muchos de ellos dejaran de ir a la comunidad o busquen otro lugar para vivir, porque trasladarse con comida y herramientas era prácticamente imposible”, cuenta Schraer.
Tan drástico fue el cambio de vida que muchos abandonaron la comunidad por las condiciones habitacionales extremas, mientras que otros cayeron en una “extrema pobreza que hoy en día los tiene viviendo de lo que encuentran en los basurales”, detalló el abogado.
Actualmente, según explicó el abogado del INAI, Julián Fernández, la Lof Quijada se encuentra litigando contra el Estado provincial, nacional y local para que se instrumente la propiedad comunitaria indígena. En esa misma línea, buscarán “utilizar todas las facultades del organismo, otorgadas por la ley 23.602. Los resortes constitucionales tienen que ayudarnos a efectivizar esos derechos”.
Conflicto con el municipio
El que parece haber quedado en medio de un conflicto de intereses es el intendente de la ciudad, Gustavo Gennuso. Pese a que no quiso responder las preguntas realizadas por este medio, dio a conocer su posición por medio de su programa radial El intendente responde. Allí aseguró estar en contra de la resolución del INAI y hasta anticipó su solicitud de la nulidad ante la justicia.
Sin embargo, desde el organismo nacional no dudaron en responder. “Si pretende que sea un lugar turístico, bienvenido sea hacer un turismo intercultural. Ese no es un argumento para no reconocer sus derechos, a menos que se busque erradicarlos del lugar. Lo que sería discriminatorio”, aseguró Fernández.
Esta postura se vio reflejada en una nueva resolución (2021/76), emitida el 9 de julio de este año. En dicho documento, el INAI deja en claro que “se rechazan los planteos de nulidad contra la resolución INAI interpuestos por Arelauquen Golf & Country y por Gustavo Gennuso”.
“Está más que claro que Gennuso defiende los intereses de Arelauquen con disfraz de defensor de los vecinos de Bariloche”, aseguró también Schraer.
¿Quién tiene derecho sobre las tierras?
Pese a la alianza entre Gennuso y Arelauquen, desde el INAI siempre supieron que sus pedidos solo se trataban de manotazos de ahogado. Era claro, desde el entorno de la comunidad, que el municipio no tenía ningún derecho sobre los terrenos en disputa: “Las tierras no son parte de la municipalidad”.
¿Entonces de quiénes son? ¿Qué intereses se esconden detrás del título catastral de las hectáreas del Cerro Otto? Para entender este dilema es necesario volver atrás en el tiempo, más precisamente a 1977 y entender el contexto en el que estas tierras fueron cedidas al Ejército Argentino.
La ordenanza 32-1-77 da cuenta de que el municipio “cede gratuitamente al Ejército Argentino” (más específicamente a la Escuela de Instrucción Andina) una porción de las tierras para “fomentar la práctica de ski a la población de menos recursos económicos”. Está de más aclarar que esto nunca se cumplió. La firma de la ordenanza es del intendente Carlos Mengheti, pero no es algo que cambie la ecuación, ya que entre 1975 y 1980 Bariloche tuvo ¡siete! intendentes, muchos de ellos elegidos por la cúpula militar.
Pese a la letra chica y la incertidumbre, desde el INAI están haciendo la fuerza necesaria para representar de la mejor manera posible a la comunidad. Sin recursos económicos, sin sus tierras, cultivos y animales, esperan que la Justicia argentina dicte un precedente y les de un canto de buena suerte.
“Su reconocimiento no tiene que ser solo folclórico. Las comunidades necesitan tierra donde asentar su modo de vida. En eso tiene que existir el compromiso del estado local y por supuesto nacional”, concluyó Fernández.
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