Luego de que el 15 de junio se aprobara la reforma, las protestas y la tensión en el pueblo de Jujuy han ido creciendo. La policía reprimió y detuvo a decenas de manifestantes de los cuales algunos fueron liberados durante esta madrugada. Hay varios heridos y un joven de 17 años que perdió un ojo por un disparo de bala de goma.
Comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales de la provincia de Jujuy exigen la restitución de la Constitución provincial y la renuncia de Morales. La norma impuesta aprobada en menos de un mes, a puertas cerradas y sin consulta popular, tiene un carácter racista, colonial y extractivita.
Esta reforma facilita la expulsión de las comunidades originarias en sus tierras ancestrales con mecanismos como la quita de la propiedad legal de sus tierras, permitiendo así su desalojo. Favorece la explotación minera y de litio en la zona y también criminaliza el derecho a la protesta.
En diferentes ciudades del país se han realizado múltiples manifestaciones en contra de la reforma de Morales y en apoyo al pueblo jujeño, al mismo momento en que suena muy fuerte la posibilidad de que el gobernador sea finalmente el acompañante de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta para competir en las elecciones presidenciales.
¿Qué dice la constitución de Morales?
El martes pasado, una violenta represión policial dejó 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos, en un accionar que se extendió por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada en la Legislatura local.
En la noche de ayer liberaron a 50 de los 56 detenidos en el penal Alto Comedero. Entre ellos Néstor Mendoza de la agrupación HIJOS. “Cuanto más les decía que era de los organismos de derechos humanos, más me pegaban”, denunció en la puerta del penal.
Desde hace semanas diversos pueblos indígenas como el kolla, chicha, okloyas, guaraní, omaguaca, tilián, y quechua, se encuentran movilizando y con corte de ruta en diferentes localidades. La respuesta fue la represión policial.
Con el objetivo de sacar a las comunidades originarias de sus tierras ancestrales entendidas por la constitución como tierras fiscales, en s su Artículo 74 dice que las mismas “tienen que ser un bien de trabajo y producción, seguido de su Artículo 50 que dice que el estado provincial es el encargado de reconocer las tierras de los pueblos originarios y darles “personería jurídica”. Por último, el art 75 dice que el estado dispone del uso de agua, el recurso necesario en el proceso de extracción de litio y que hoy se encuentra inaccesible para toda la población jujeña.
Para evitar el conflicto que traerían estos cambios, Morales incluyó el Artículo 67 que limita la protesta social en espacios públicos. Dicho en la Constitución, por “el derecho a la protesta social y a la convivencia democrática pacífica”.
Complicidad Empresarial
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla comunicó que “había denuncias a la policía por usar balas de plomo” y que “empresarios del Gobierno prestaron sus camionetas nuevas como se vio en el penal y eran pocas las que entraban con patentes”.
🚨Sigue la persecución policial en Jujuy: policías sin identificación con camioneta particular, así entraban en una casa rompiendo la puerta y a la cacería de personas. pic.twitter.com/MYSUvN6DDw
— Tiempo Argentino (@tiempoarg) June 20, 2023
El caso del video que se viralizó de unos policías que se trasladaban en una camioneta Toyota Hilux con matrícula AA982GP hasta la casa de unos ciudadanos, se registró que la patente pertenecía a Marcelo Horacio Zarif, dueño de la empresa privada de construcción Hormixa. Dicha empresa participa de las obras públicas del gobierno de GerardoMorales (como la construcción del Parque Lineal) y de su par salteño Gustavo Sáenz.
El hecho recuerda el colaboracionismo empresarial privado junto con el Estado durante la última dictadura militar en la provincia de Jujuy, como en la Noche del Apagón de la azucarera Ledesma, quien puso los vehículos al servicio para el secuestro y desaparición de personas que se manifestaban por sus derechos laborales.
