Una serie de tomas con el objetivo de recuperar territorio ancestral volvió a activar el discurso antimapuche en la Patagonia argentina. Ese que nunca se había extinguido, pero que reflota con violencia en momentos específicos.
Mientras se observan las imágenes de una nueva represión de Carabineros a las comunidades mapuche de Chile, del este lado de la cordillera se comienzan a radicar denuncias bajo la figura de “terrorismo”, y casi todos los sectores políticos de la región cierran filas contra las comunidades.
Fue el caso, por ejemplo, del denominado “Consenso Bariloche”, un encuentro realizado en agosto que reunió a empresarios, personalidades de la Patagonia y dirigentes políticos de todos los partidos para discutir “cómo solucionar el problema de las tomas de tierra”.
Al mes siguiente, el conflicto se recrudeció particularmente en Río Negro. Allí, se dieron dos puntos calientes: una toma de la Lof Quemquemtrew en la Cuesta del Ternero, El Bolsón, y la ya extensa disputa en Villa Mascardi con la Lof Lafken, cerca de Bariloche. Como era previsible, en la primera toma la situación terminó en represión.
“La Policía de El Bolsón, con más de 50 efectivos, entraron a los tiros en al Lof Quemquemtrew, en la Cuesta del Ternero, Tapera de los Álamos, siendo que había un acuerdo con el fiscal Arrien, en dónde él se comprometió a esperar a un trawün [reunión de la comunidad], en el que este fin de semana se iba a conversar sobre cómo seguir, cuál era el modo de llegar a esa audiencia de conciliación que se había planteado para el lunes en la mañana”, denunció una de las referentas de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, Soraya Maicoño.
“Arrien no sólo se comprometió para que se vaya ese lunes a la audiencia, sino que además la policía no iba a hostigar ni reprimir ni amedrentar. Hace unos días que se vienen escuchando tiroteos. Ya entraron. Hay gente que ha sido detenida. Hay niños”.
Días después, se dieron hechos que no fueron investigados a fondo, pero que desencadenaron la reacción del gobierno de Río Negro: el ataque con fuego en dos centros turísticos de la provincia. Este hecho fue reivindicado por ramas mapuches, como la RAM.
Inmediatamente, la gobernadora Arabela Carreras aseguró que le había pedido al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el envío de fuerzas federales para militarizar la región, pero horas después, el funcionario negó esa versión. Lo cierto es que el gobierno de Carreras terminó radicando una denuncia por “terrorismo” para que se investigue los ataques que se dieron en Río Negro.
Por estos días, la zona se encuentra prácticamente rodeada por efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones de Rescate (COER), que pertenece a la policía provincial. A todo esto, el juez de Garantías, Ricardo Calcagno, negó la posibilidad de asistir con alimentos y otras necesidades de supervivencia a un grupo que quedó aislado dentro del predio en conflicto.
La provincia no vive un momento de tensión similar desde que ocurrió la represión en Villa Mascardi en noviembre de 2018, que terminó con el asesinato del joven mapuche, Rafael Nahuel.
Usurpadores por 100 años
La contracara de un Estado que persigue y busca desalojar a las comunidades mapuches, es el trato que obtienen algunos grandes empresarios de la zona. Alberto Osvaldo y Rolando Enrique Rocco son uno de los terratenientes afectados por la toma de la Lof Quemquemtrew y quienes presionan al gobierno provincial desde las sombras.
Tal como lo venían denunciando las comunidades, los empresarios se dedican a la plantación de bosques cultivados para la industria papelera, una actividad que desencadena en la deforestación de cientos de hectáreas de bosques nativos cada año. Sin embargo, los Rocco han tenido históricamente un buen vínculo con el Estado. Más bien, han sido privilegiados una y otra vez.
“El Estado le ha autorizado poner pinos, pero no significa que sea dueño de la Tierra. Lo que hay más allá de la defensa de este empresario es un negocio inmobiliario. Si uno pone Cuesta del Ternero en Google va a ver que hay muchas inmobiliarias operando. Esto es lo más grave y lo que más se oculta”, cuenta Orlando Carriqueo, Werken [autoridadad tradiciona]del Parlamento Mapuche – Tehuelche en Río Negro.
El referente explica que según la ley provincial N° 279, solo se puede acceder a una tierra fiscal y se tiene que vivir en ella para trabajarla. Todo lo contrario a lo que ocurre con los Rocco.
“El pueblo Mapuche siempre ha sido defensor de sus tierras. La política de Estado busca generar la idea de terrorismo, lo mismo que pasó en Chile. Al Estado le cuesta y no quiere devolver tierras, no quiere reconocer ese derecho territorial”, agrega Carriqueo, quien explica que el conflicto no se limita a Cuesta del Ternero o Villa Mascardi, sino que se da con muchos municipios, funcionarios, empresarios, incluyendo al príncipe Qatarí y el icónico empresario Luciano Benetton.
Según una investigación del periodista neuquino Gustavo Figueroa, los nombres de los empresarios aparecen una y otra vez en el Boletín Oficial, junto al de Papel Prensa S.A, Compañía de tierras Sud Argentino S.A y Compañía de Tierras Tecka S.A. En muchas oportunidades para recibir “regalos” de parte de las autoridades provinciales y nacionales.
En 2009, se les permitió adquirir uno de sus territorios para la explotación durante 90 años, mientras que en 2012 la familia Rocco recibió un apoyo económico no reintegrable de 8,4 millones de pesos, enmarcado en la Ley N° 25.08 de Inversiones para Bosques Cultivados.
Como si fuera poco, recientemente la familia que hoy busca desalojar las comunidades fue beneficiaria de una condonación de deuda de períodos anteriores al 2021. Es decir, que la familia Rocco no pagó ningún impuesto desde que adquirió esas tierras, en 1999, pero ahora el Estado tampoco le cobrará un peso.
Prórroga de una ley clave
La violencia que se volvió a desencadenar en la Patagonia parece ser solo la punta del iceberg. Días atrás, miembros de todas las comunidades originarias del país salieron a exigir la prórroga de la Ley Nacional 26.160, que prohíbe todo desalojo en tierras disputadas.
La ley —que nunca se terminó de aplicar del todo, pero que al mismo tiempo constituye otra herramienta legal para las comunidades— declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan ancestralmente, así como ordena la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras.
El pasado 6 de octubre, una gran marcha irrumpió en el centro de la Capital Federal, en donde participaron representantes de casi todas las comunidades originarias del país. Solo fueron recibidos por los bloques del Frente de Todos y del Socialismo.
Allí, los legisladores se comprometieron a tratar la prórroga de la ley 26.160 y “pedir presupuesto para que se haga efectiva”. Está claro, que este solo será un paso en relación a la histórica persecución que sufren las comunidades del país.
