Aunque el acuerdo que firmó el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía debe pasar por el Congreso, la reacción de la oposición y el acompañamiento de casi todo el oficialismo adelantan el escenario: la cantidad de votos sería suficiente para respaldar la decisión que tomó el Ejecutivo.
Una vez que se avance con lo acordado, el país tendrá dos años como tiempo de gracia para empezar a pagar los ruinosos vencimientos de la deuda que contrajo el expresidente Macri, allá por el 2018. Se trata de la devolución total de deuda más grande que haya contraído algún país en la historia con el FMI: más de 45 mil millones de dólares.
El acuerdo también establece que las autoridades del Fondo auditen la economía argentina cada tres meses y tendrán la atribución de imponer medidas de ajuste del gasto social (en el marco de un país con más de 40% de su población bajo la línea de pobreza).
Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo y dónde conseguirá el gobierno esa torta de dólares para devolver la deuda?. La respuesta más nítida es profundizar aquellas actividades económicas que ya son proveedoras de divisa, es decir, el extractivismo. Hablamos del agronegocio en un primer nivel, pero también de la explotación de hidrocarburos (convencional, fracking y hasta la reciente aprobada explotación marítima en el Atlántico), la megaminería y la explotación del litio.
Es la única salida que el gobierno actual (y los anteriores) han utilizado para conseguir de forma rápida y sencilla los dólares necesarios. De hecho, la clara señal que dejó el gobierno de Alberto Fernández se dio a través de los proyectos de ley que envió al Congreso para las sesiones extraordinarias de este año.
Uno de ellos es el denominado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que ya había sido presentado el año pasado por el nuevo ministro de Agroindustria, Julián Domínguez. El proyecto fue prácticamente redactado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un sector que reúne a los principales exportadores y empresarios del agronegocio.
Otro de los proyectos que envió el gobierno nacional fue el de “Promoción de la Electromovilidad”, del cual se tiene poca información pero se sabe que remite a la necesidad de profundizar la explotación del litio en provincias como Jujuy, Salta y Catamarca.
Incluso, antes de que se acordara con el Fondo, el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, sinceraba la posición oficial en diálogo con el programa “Fuego Amigo”, de Canal 9: “Queremos canjear deuda por acción ambiental. Conseguir dólares para el vencimiento de deuda no se puede hacer sin contaminar”.
Lo ambiental en el discurso oficial
En diálogo con ARGMedios, el economista y Director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, asegura que si bien lo ambiental viene siendo cada vez más “parte del discurso y de la agenda de las políticas públicas”, todavía no se ha convertido un eje transversal que pueda priorizarse a la hora de tomar medidas políticas. Menos aún en un contexto de crisis y endeudamiento con el FMI.
“En muchos casos se prioriza una agenda con el objetivo primordial de obtener dólares. Es una agenda que responde a una crisis económica, en donde es cierto que sólo se podrá salir en la medida que se pueda conseguir esa divisa. Y no hay muchos sectores que puedan expandir esta necesidad en la menor cantidad de tiempo”, analiza Kalos.
El especialista sostiene que, aún sin acuerdo con el Fondo, el país podría haber recibido algún tipo de inversión —como en Vaca Muerta—, pero es cierto que lo firmado con el FMI dejó “tranquilo a los mercados” y despejó el horizonte de incertidumbre que se había creado. Para Kalos, “falta un trabajo profundo para que las inversiones no se limiten en esas actividades concentradas de la economía, que se basan en el extractivismo”.
“Hay alternativas para conseguir dólares. Básicamente porque la experiencia mundial te demuestra eso”, subraya el economista. “El punto es que no es sencillo. Por varios motivos: el principal es que no existe financiamiento local para grandes capitales, si bien en la Argentina se desarrollan otros nichos como la economía del conocimiento y las tecnologías satelitales. En resumen, hay muchos rubros económicos que hoy requieren de financiamiento y que así no terminan siendo competitivos a nivel internacional”.
A la falta de diversificación del modelo productivo del país, se suma ahora la extorsiva presencia del FMI en la economía argentina. En este punto, vale incorporar al análisis las sucesivas resistencias populares en muchos rincones del país. El “mendozazo” de finales de 2019 fue una muestra clara de que la inmensa mayoría de los ciudadanos priorizan el agua por sobre los proyectos mineros. Más tarde, Chubut ardió para frenar no una, sino dos veces, el proyecto de zonificación minera promovido por Pan American Silver y el gobierno de Mariano Arcioni.
También hay que considerar las movilizaciones para aprobar la Ley de Humedales y Ley de Acceso a la Tierra —que ni siquiera se han tratado en el Congreso—, y la resistencia ciudadana a las pretensiones de explotar el subsuelo marino para la búsqueda de petróleo en las costas de Mar del Plata. ¿Será posible, entonces, priorizar la agenda del FMI y avanzar sobre la naturaleza sin ningún costo ambiental y social?
