Cinco policías de la bonaerense fueron detenidos acusados por el homicidio de Daiana Abregú, la joven de 26 años que fue encontrada muerta en su celda luego de ser detenida, el pasado 5 de junio en la localidad de Laprida.
El Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría ordenó este 24 de julio la detención de los cinco uniformados, luego de que se encontraran pruebas determinantes: Daiana no murió producto de ahorcamiento como argumentó la policía al comienzo.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las detenciones se producen “luego de la reautopsia realizada hace unos días en la Asesoria Pericial La Plata y que fuera solicitada por la propia CPM contra la oposición del Fiscal José Ignacio Calonje”. “En la orden de detención la jueza Fabiana San Román llama la atención sobre la inacción del Ministerio Público Fiscal”, contaron en un comunicado.
Los cinco policías de la bonaerense detenidos son: Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Nuñez, Vanesa Soledad Nuñez, Pamela Di Bin y Leandro Esteban Fuhr. Ahora se los imputó por el delito de “homicidio doblemente agravado, por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de su función”.
Las detenciones se dieron días después de que la propia CPM solicitara una reautopsia para confirmar de qué forma murió Daiana.
“Los resultados de esta reautopsia, realizada por cuatro médicos forenses de la Asesoría Pericial de La Plata, resultaron determinantes. Así se expresa en la orden de detención en la que se establece que la muerte de Daiana se produjo como consecuencia de un edema hemorrágico pulmonar, siendo estas conclusiones las que confirman el hecho delictivo”, explicaron desde la Comisión por la Memoria.
Además, desde el organismo de Derechos Humanos agregaron que la jueza Fabiana San Román examina una serie de circunstancias y hechos documentados en la investigación y que “conducen a establecer las responsabilidades de los cinco agentes de la policía bonaerense en el asesinato de Daiana Abregú”. “En consecuencia, la orden desestima completamente la hipótesis del suicidio que se intentó instalar en un primer momento desde la fuerza policial”, enfatizaron.
En tanto, la jueza también cuestionó el trabajo del Ministerio Público Fiscal a cargo de José Ignacio Calonje, asegurando que “resulta escaso el aporte probatorio realizado hasta la fecha” y que “llama la atención su inacción”.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria reiteró un pedido hacia el actual Procurador General Julio Conte Grand para la creación de fiscalías especializadas en violencia institucional, “nombrando funcionarios judiciales calificados y comprometidos con una perspectiva de derechos humanos, que intervengan de manera diligente y urgente frente a estos graves delitos cometidos por los funcionarios policiales”.
