En el marco del Congreso Económico Argentino en la Rural, Javier Milei sostuvo que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera” porque “en una sociedad donde sobra el agua, el precio del agua es cero”.
“¿Quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie. Porque no puede ganar plata”, agregó. Y consideró que, ante una eventual escasez de agua, “alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río”, por lo que el recurso “dejaría de valer cero. Y ahí van a ver como se termina la contaminación”, expresó.
Aunque en países como Argentina, la privatización del agua es inconstitucional, desde los últimos 50 años el negocio del agua es una realidad en algunos países. Lo cierto es que la frase de Milei despierta un peligro concreto en instalar la idea de que el agua es una mercancía y no un derecho humano.
La privatización del agua en la región
Un informe del Banco Mundial de 2011, señaló que solo entre 2005 y 2008 se realizaron 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas por un equivalente a 4,8 billones de dólares. Sin ir más lejos, hace apenas unos meses el agua por primera vez en la historia comenzó a cotizar en la Bolsa de Comercio de Wall Street.
Los avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se encadenaron en el último medio siglo. Comenzó en la Chile de Pinochet en los 70, se profundizó con Margaret Thatcher en los 80, y luego en los 90 con la aplicación de las medidas del Consenso de Washington en América Latina, como el intento de privatizar el abastecimiento del agua potable en Bolivia en la famosa “guerra del agua”, o la reforma constitucional en Uruguay en 2004, que culminó con grandes movilizaciones sociales y feroces represiones.
En Chile, el servicio de agua está privatizado desde hace más de 40 años. Durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet, una de sus primeras medidas fue la privatización de las tierras, y posteriormente el agua. Quedó materializada en la Constitución de 1980 y aún sigue vigente.
“Desde su privatización, Chile se convirtió en uno de los mercados ´más exitosos´ en materia de comercialización, compra y arriendo de agua, con más de 123.000 transacciones de derecho de aprovechamiento de aguas”, sostienen desde el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) de Chile.
A principios de los 80s, la primera ministra británica Margaret Thatcher privatizó la distribución del servicio básico, siendo pionera de los sistemas de concesiones, otra forma de privatizar la cadena de distribución del agua. Dichos modelos se intentaron instalar en países del Sur Global durante los 90 y 2000.
Estas medidas fueron uno de los puntos claves del Consenso de Washington, un acuerdo firmado en 1989 como condición de los créditos de programas de ajuste estructural para el “desendeudamiento” de los países de Latinoamérica con organismos como el FMI y el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En Bolivia, hubo una fuerte resistencia a la privatización del agua durante los años 2000 durante el gobierno de facto de Hugo Banzer. El intento de privatización del abastecimiento del agua potable municipal en Cochabamba dio lugar a una fuerte movilización social y la consolidaron a una dirigencia indígena que más tarde llegó a la Presidencia del país con Evo Morales.
Agua: las amenazas en Argentina
Argentina es la reserva de agua número 27 del mundo. Sin embargo, seis millones de habitantes de nuestro país no acceden a este recurso por no estar a su alcance o por encontrarse en condiciones insalubres. La contaminación de ríos, mares y aguas subterráneas afecta a 17 provincias y alrededor del 10 por ciento de los argentinos.
A diferencia de Chile, en Argentina, la Constitución Nacional indica que el agua “es un bien estratégico, de interés nacional, de dominio inalienable e imprescriptible del Estado”. Significa que el Estado tiene un rol irrenunciable a garantizar que este derecho llegue a todas y todos.
También menciona que “el agua debe tratarse como un bien social y cultural”, y no como un bien económico. La define como un “bien público e inapropiable”, y no como una mercancía. De este modo la fórmula de demanda y oferta es inaplicable por inconstitucionalidad.
Si bien no existe en el país la privatización del recurso, algunos sectores advierten sobre la presencia de la empresa privada de agua Merokot en 8 provincias argentinas.
Bajo el argumento de la escasez del recurso y la necesidad de una mejor “optimización” es que desde hace unos meses la compañía estatal de agua de Israel y las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan, Río Negro, Formosa, Santa Cruz y Santiago del Estero, mantienen un convenio de gestión del agua.
La empresa con la que Argentina mantiene una “hidropolítica” está acusada de violar el derecho al acceso al agua de la comunidad palestina. Desde 1967, bajo Orden Militar, en Israel se prohibió construir nuevas instalaciones para el abastecimiento de agua a la población palestina, sin previamente el permiso de las fuerzas armadas israelíes. Los palestinos tienen prohibido perforar nuevos pozos, ahondar los ya existentes o instalar bombas. Además Israel les niega el acceso al río Jordán y a las fuentes de agua dulce.
El objetivo de esta misión de cooperación científico-tecnológica de manejo del agua entre la empresa Israelí y siete provincias argentinas, es la implementación de un Plan Maestro del Agua para recibir asesoramiento sobre cómo administrar este recurso.
Pero ya existe un antecedente de resistencia internacional que hizo que empresas de agua pública de Brasil, Holanda y Portugal suspendieran contratos firmados con Mekorot. Incluso en el 2013 en Argentina, esta misma empresa tuvo que dar marcha atrás con un contrato previsto para construir una planta potabilizadora en La Plata.
Por todo esto, aunque aún en Argentina hay pocos intentos de privatización de este derecho humano universal, las palabras de Javier Milei en La Rural intentan instalar una idea que parece absurda en la historia de este país, pero que es una realidad en la región.
