Desde hace cuatro años el costo de los alimentos crece por encima de la inflación, según las mediciones del INDEC. El proceso local encuentra ahora el agravante de estar enmarcado en un fenómeno global producido por la pandemia.
En 2021 se registró en todo el mundo el mayor aumento de los precios en los alimentos desde el 2011, y según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), hacia fin del año el incremento general representaba un 33% respecto del 2020.
Los alimentos que marcan los mayores aumentos en nuestro país son las frutas, la carne, el café, la yerba y el cacao, desde el 430% al 350% de incrementos en estos años. A nivel global uno de los productos que aumentó de manera más generalizada es el aceite vegetal.
Pero como contracara de estos precios está el incremento en el margen de ganancia de las empresas que producen y distribuyen los alimentos, quienes en los años de pandemia han recuperado los márgenes que perdieron durante el macrismo.
Golpear donde más duele
La situación internacional marca el andar de la lucha de poder presente en Argentina, ya que pone a la producción y distribución de alimentos como el principal terreno de confrontación entre el establishment y el gobierno nacional.
El nombramiento de Funes de Rioja al frente de la UIA preveía una postura de combate para los grupos empresariales -se trata de los mencionados ganadores de la pandemia-, pero también de un conjunto del poder tradicional muy vinculado al agro y que mantiene una unidad con las enormes multinacionales de la alimentación dentro de la COPAL.
Son esos dos elementos los que le dan el carácter político a lo que podría ser simplemente una táctica económica para los balances de la empresa. La puja redistributiva tiene un sentido profundamente ideológico: la COPAL y el propio Funes de Rioja se posicionaron públicamente en apoyo a la reelección de Cambiemos en el 2019, a pesar de haber pasado pésimos años en lo que a ganancias se refiere.
El desabastecimiento es un fenómeno que tuvo lugar en distintos lugares del mundo, pero que no tiene una representación local justificada por las nuevas condiciones de la pandemia, si bien las dificultades para conseguir insumos son comunes a casi todos los países, no hay nada que indique que en Argentina faltan condiciones para llenar las góndolas.
A inicios del 2021 los faltantes de ciertos productos ocurrieron, pero esto respondió principalmente a un mecanismo de presión por parte de las industrias de alimentos, que ante cada anuncio de regulación por parte del Estado alertaban que habrá faltantes.
Frente a esto, varios meses del programa de Precios Cuidados encima, generaron distintas maniobras por parte de la industria, que ahora anuncian una falta de stock en los productos que forman parte del acuerdo de precios, pero que comercializan los mismos bajo un cambio de envase o modificando levemente su contenido.
La potestad de controlar absolutamente todos los precios de los alimentos es el eje central que moviliza al establishment en contra del gobierno, representa esa doble dimensión de ampliar sus ganancias, al mismo tiempo que ejerce presión sobre el Frente de Todos, ya que ataca directamente a la “víscera más sensible”, que es el bolsillo de los que votan.
¿Quién pone los límites?
Las respuestas del ejecutivo por su parte muestran un grado de acuerdo general de todos los actores, en torno a las leyes aprobadas en el congreso (Ley de Góndolas y Ley de Etiquetados) y con las denuncias de acaparamiento hacia las empresas productoras. El punto de desacuerdo está claramente en cuestiones más de fondo, como el control de las exportaciones o el tema de Vicentín.
Sin dudas las partes más interesadas en profundizar las regulaciones responde a la de los movimientos sociales nucleados en la UTEP y al sector kirchnerista del Frente de Todos. Tras la derrota en las primarias, algunas de las modificaciones planteadas por Cristina Kirchner tuvieron respuesta.
La llegada de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio Interior es una de las muestras más expresivas, que justamente viene para pujar en la disputa por los precios, así como en las condiciones para habilitar las exportaciones de la producción. Esta segunda cuestión es de las que más interesan al núcleo de las empresas de alimentos, quienes a inicios del gobierno de Alberto Fernández habían conformado el espacio del Consejo Agroindustrial Argentino para impulsar políticas de exportación.
Lo cierto es que en Argentina las medidas de controles de precios no han tenido mucho éxito desde el gobierno de Alfonsín hasta acá, de todos modos sigue siendo una respuesta de corto plazo a la regulación del mercado, algo que se hace en países como Alemania o China cuando ocurre algún hecho extraordinario que puede conducir a descontroles de precios.
Por otra parte, la designación de Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura permite que exista un puente entre las entidades rurales y el gobierno, pero poco hace para construir un acuerdo en función de las dos partes que se encuentran con intereses distintos. La necesidad de dólares por parte del ejecutivo nacional impide cumplir con las condiciones de rebaja impositiva que exigen desde el gran agronegocio.
El hecho de que Dominguez haya incorporado a un dirigente de la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), Matías Lestani, a su equipo ministerial tampoco parece haber dado lugar a más posibilidades de acuerdos, si bien ninguna entidad rechazaría tener a alguien de confianza en un lugar de gobierno, eso no quiere decir que haya un apoyo a que ocupe ese puesto.
No hay dudas de que la Argentina necesita la llegada de divisas, así como de que haya recuperación económica interna, lo que en una forma de producción centralmente basada en la industria alimenticia termina por dejar en claro cuál va a ser el punto problemático de los próximos dos años. Dónde está el límite de la ganancia empresarial cuando hablamos de garantizar la seguridad alimentaria.
