El triunfo de Javier Milei no sólo desplegó medidas económicas que se están caracterizando por un fuerte ajuste y achique en el Estado, si no también por un decidido acercamiento con sectores políticos que defienden y reivindican la última dictadura cívico-militar; esa que sembró en el país 30 mil desaparecidos y otros crímenes de lesa humanidad.
Ya no son opiniones, si no hechos: este mes se pudo conocer que seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) visitaron a genocidas en sus cárceles, entre ellos, a Alfredo Astiz, uno de los represores más simbólicos de la dictadura, dos veces condenado a cadena perpetua y responsable de la desaparición de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y de las monjas francesas.
Ahora, una investigación de la periodista Luciana Bertoia para Página12 determinó que dos funcionarios del ministerio de Defensa de la Nación, a cargo del ministro Luis Petri, también visitaron genocidas. No solo eso, si no que se llevaron un borrador de decreto para que el presidente Milei haga prescribir delitos de lesa humanidad en el tiempo y de esta forma, muchos de ellos queden libres de su actual condena.
“La visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo fue realizada por el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, licenciado Guillermo Madero, y por el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, abogado Lucas Erbes, el día 7 de marzo con el objetivo de visitar y ver el estado de las instalaciones”, dice la contestación a un pedido de acceso a la información que realizó Página12.
Erbes no solo echó a expertos que realizaban relevamientos sobre los archivos de las Fuerzas Armadas, tarea fundamental para nutrir a los juicios de lesa humanidad, si no que incorporó al ministerio de Defensa a dos abiertos defensores de la dictadura: Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal. Ambos militantes de la organización pro dictadura, “Memoria Completa”.
Para mayor detalle, hay que aclarar que Larrabure es el vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que todavía conduce la actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Mientras que Ibarzábal, figura como referenta de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita). A su vez, la mujer es muy cercana a la negacionista Cecilia Pando, con quienes han visitado genocidas en sus cárceles.
Tanto Larrabure como Ibarzábal piden la prisión domiciliaria para los represores condenados y describieron la visita de los seis diputados de LLA a Astiz como un hecho “valiente”.
El posible decreto para perdonar genocidas
Si bien no se conocieron detalles, los dos funcionarios del ministerio que conduce Luis Petri, se habrían llevado un boceto que -entre otras cosas- propone eliminar la “imprescribilidad” de los delitos de lesa humanidad. Esto significa que podrían dejar de ser investigados conforme pase un tiempo, o bien, que los genocidas que ya han cumplido una pena que supera la de la condena perpetua, puedan terminar sus días en libertad.
Si bien en primer término esto chocaría con la jurisprudencia que propone la propia Corte Suprema de Justicia, durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó imponer una conmutación de penas similar para los genocidas, que terminó siendo popularmente conocida como el “2×1”, finalmente rechazado en las calles por una movilización multitudinaria.
