El próximo martes 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal Nº 2 dará a conocer la sentencia del juicio que investiga supuestas irregularidades en la obra pública de la provincia de Santa Cruz, más conocida como causa Vialidad. De la misma sabemos que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión y proscripción política perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por considerarla la jefa de una “asociación ilícita” que se ejecutó desde el Estado nacional, cuando ella era presidenta.
Pero, si tuviésemos que consultar a la población en general: ¿Quién sabe realmente de qué se trata la causa y por qué la ex mandataria es la principal imputada?
Este martes 29 de noviembre, Cristina dio sus “últimas palabras” previo a que se conozca el veredicto y haciendo referencia a cómo se definió su derecho a expresarse por última vez, aseguró que no estaba frente a un juicio sino frente a un “verdadero pelotón de fusilamiento” porque la “sentencia ya estaba escrita”.
“Este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento”, dijo y apuntó: “Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron”.
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— Red Informativa (@redinfoba) November 29, 2022
¿Qué se pudo comprobar en la causa?
En un gran resumen sobre la causa, durante estos tres años la justicia se encargó de estudiar supuestos sobreprecios y otros hechos de corrupción durante diferentes obras públicas de gran envergadura para la provincia de Santa Cruz, durante el último gobierno de Cristina Fernández.
Sin embargo, tal como lo expone y denuncia la defensa de la vicepresidenta, hasta ahora el fiscal Luciani no ha podido mostrar “una sola prueba contundente” que determine que la ex mandataria haya sido -como se le imputa- la líder de una “asociación ilícita”. Un término que, párrafo aparte, es demasiado amplio y en algún punto ambiguo en la jerga judicial.
Pero, como si fuera poco, los abogados de la vicepresidenta consideran que el fiscal tampoco pudo poner sobre la mesa pruebas irrefutables para demostrar que efectivamente haya habido sobreprecios y otras irregularidades durante la obra pública de la provincia patagónica.
De hecho, todas las obras comenzaron y se terminaron, por lo que no se pudo acreditar algún perjuicio para el Estado. Tampoco existió un solo testigo durante estos tres años de juicio que señale al empresario Lázaro Báez como responsable de delitos de corrupción.
Ayer, en su última oportunidad de defenderse, la vicepresidenta habló de “20 mentiras sobre la causa Vialidad”, que después se encargó de difundir por las redes sociales.
La bala que no salió y el fallo que sí saldrá
Doce días después de que Fernando Sabag Montiel gatillara dos veces a pocos centímetros del rostro de Cristina Fernández, aquella tarde noche del 1 de septiembre, el editor y columnista del diario Clarín, Pablo Vaca, publicó un artículo que tituló: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.
Más allá de una carente ética humana a pocos días de uno de los hechos de mayor conmoción para la democracia, una vez más Clarín sintetizó el pensamiento y el modus operandi de un sector de la justicia, que estaba decidida desde hace meses en condenar a Cristina en la causa Vialidad.
Sorpresivamente, los tiempos judiciales se aceleraron y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso lograron que -más allá de la pobre contundencia en materia de pruebas por parte del fiscal Luciani- el juicio pueda tener un veredicto para finales de este año. Un veredicto que será en pleno clima mundialista y todavía con mayor pantalla de humo, si la selección Argentina continúa hacia los octavos de final.
Vale aclarar que si finalmente Cristina es condenada a 12 años de prisión (o seis años, como sugirió un medio de comunicación opositor al gobierno), los fundamentos de la sentencia estarán para febrero o marzo del 2023. De todas formas, el fallo se podrá apelar a la Cámara de Casación, y como en segunda y última instancia, la decisión terminará en manos de la Corte Suprema de Justicia.
En ambos casos, claro, la justicia ya demostró muy poca imparcialidad.
Con este panorama, es posible que la vicepresidenta pueda tener una condena inapelable para mediados o a finales del año que viene.
Un apuro que tiene sentido si se recuerda, Cristina todavía no descartó la posibilidad de ser candidata en 2023.
