El gobierno confirmó una nueva visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores de la última dictadura, quienes cumplen condenas en prisiones federales. Esta revelación surgió tras un pedido de acceso a la información pública por parte de Página/12, que solicitó detalles al Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich.
A pesar de la confirmación de las visitas, el ministerio se negó a proporcionar los nombres de los legisladores involucrados, y tampoco confirmó si la vicepresidenta Victoria Villarruel participó en estas visitas, como lo sugieren los mensajes de la diputada Lourdes Arrieta. El Ministerio de Seguridad aseguró que esa información no constituye un “interés público”.
El 11 de julio, diputados se tomaron una foto que tiempo después circuló en medios y redes sociales, mostrando la visita de cinco diputados oficialistas posando junto a Alfredo Astiz, uno de los más notorios represores de la dictadura y otros genocidas.
En la foto tomada en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza aparecen Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
Sin embargo, esta visita no fue un evento aislado: se confirmó que los diputados también realizaron recorridas en el penal de Campo de Mayo, lugar donde se encuentran detenidos otros represores.
De acuerdo con la versión oficial, los legisladores realizaron “inspecciones de carácter institucional” en ambos penales. La visita a Campo de Mayo ocurrió el 15 de marzo, días después de que dos funcionarios vinculados a Luis Petri, entre ellos Guillermo Madero y Lucas Miles Erbes, inspeccionaran el mismo lugar.
Estas visitas han sido justificadas por los diputados como recorridas para evaluar las condiciones de las prisiones, argumentando que las mismas deben cumplir con las normas constitucionales que exigen un entorno “sano y limpio”.
Sin embargo, las visitas no generaron informes oficiales ni observaciones presentadas ante el Servicio Penitenciario Federal (SPF), lo cual ha generado suspicacias sobre su verdadero propósito.
Benedit, quien defendió estas acciones en redes sociales, aseguró que su interés radicaba en la “pronta liberación de los patriotas”, refiriéndose a los condenados por crímenes de lesa humanidad como “excombatientes que lucharon contra la subversión marxista”.
Esta narrativa, además, coincide con el discurso de la Unión de Promociones (UP), grupo que ha impugnado los juicios de lesa humanidad y ha solicitado al presidente Javier Milei una “solución definitiva” para los militares detenidos.
Otro escándalo estalló cuando Lourdes Arrieta, tras la visita, denunció a tres de sus compañeros de bancada y reveló conversaciones de WhatsApp en las que se discutía cómo mejorar las condiciones de los represores detenidos. En uno de esos mensajes, Benedit menciona que había conversado con Bullrich para facilitar el ingreso de los diputados al penal.
La nueva visita pone aún más en evidencia el claro vínculo entre ciertos sectores del oficialismo y los represores de la dictadura, y la intención de estos sectores de liberar a los genocidas de la cárcel.
