Hasta mayo de este año, el registro no oficial de femicidios en el país ascendía a 78 mujeres, lo que representa uno de los índices más altos de los últimos tiempos. Para el observatorio “Ahora que sí nos ven”, esto señala que una mujer es asesinada cada 33 horas en la Argentina.
Pese a que la violencia de género -en toda su integralidad- es una de las falencias más graves que tiene la sociedad actual, el gobierno de Javier Milei acaba de desmantelar completamente al exministerio de Mujeres y Diversidades, que se fundó en el gobierno de Alberto Fernández y funcionó para contener a miles de mujeres y personas vulneradas por su condición sexual o de género.
A los ya despidos y achique presupuestario que se venía denunciando, se le suma el desguace total de la línea 144, unas de las pocas herramientas efectivas que tenían miles de mujeres para denunciar violencia de género y asesorarse para encontrar alguna ayuda directa en su angustiante situación.
“El viernes pasado decidieron despedir el 80 por ciento de la planta del ministerio de mujeres, quedando imposibilitada la continuidad de la línea 144”, le dijo a ARG MEDIOS, la delegada de ATE en el ministerio de Mujeres, Fernanda Fuentealba.
Esto significa la eliminación completa de equipos interdisciplinarios para el abordaje integral de las violencias de géneros, así como una reducción casi total de las guardias que atienden a las mujeres que buscan auxilio. “De hecho, en la guardia donde se generalmente se registran más llamados, solo quedaron dos trabajadoras, haciendo imposible el cumplimiento del objetivo de la línea”, aclara la delegada.
Esta brutal reducción se dio también en otras guardias del país, donde se desmanteló más del 50 por ciento. Al respecto, Fuentealba señala que “existen más de 7 mil víctimas de género de altísimo riesgo y que hasta ahora se estaban conteniendo con la línea”.
El ajuste de herramientas dentro del exministerio de Mujeres -que quedó en la órbita del ministro de Justicia, Cuneo Libarona– también implica la eliminación de programas como “Acercar derecho”, que funcionaba al interior del país: allí la reducción del personal fue del 80 por ciento.
Por otro lado, la delegada sindical suma que “el equipo que hacía capacitaciones para funcionarios en el marco de la Ley Micaela quedó completamente diezmado”. En otros detalles, el área de videollamada para personas sordomudas de la línea 144 quedó vacía, sin personal que atienda y dé respuestas.
“Todos los programas que garantizamos desde el ministerio quedaron devastados. Sin trabajadores y trabajadoras no hay posibilidad de seguir garantizando políticas de género en este contexto”, cierra Fuentealba.
“Denunciamos al presidente Javier Milei y al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, denunciaron desde ATE, en un comunicado.
