Sin demasiado alivio real por la baja de unos puntos de pobreza, la situación social sigue latente y en las últimas semanas se agravó con un índice de inflación histórico, que superó el 6,7% en solo un mes, la más alta en 20 años.
Por eso, luego de acampes en la 9 de Julio y de diversos focos de conflictos, el gobierno de Alberto Fernández aprobó un nuevo bono extraordinario que alcanzará a gran parte de la población de trabajadores y trabajadoras informales (o en negro), así como a gran parte de quienes integran la Economía Popular. Lo confirmó este lunes por cadena nacional.
La medida se trata de una “renta extraordinaria” que consistirá en el pago de un bono de 18 mil pesos en dos cuotas, a cobrar en mayo y junio de este año. Entre ellos, estarán incluidos monotributistas categoría A y B. De la misma forma, se aprobó otro bono de 12 mil pesos de una sola cuota para jubilados y jubiladas que cobren hasta dos haberes mínimos.
Como dos últimas medidas que buscan descomprimir la tensión social y lograr mayores ingresos en las clases populares, el Poder Ejecutivo avanzaría con un impuesto “a la renta inesperada” de empresas con ganancias que superen los mil millones de pesos anuales.
Por otro lado, el presidente Fernández confirmó que la Tarjeta Alimentar tendrá un aumento del 50%, la cual asciende a los 9 mil pesos y beneficia a 2,4 millones de titulares de la asignación.
“Nuestro modelo se funda en tres pilares: producción, empleo y distribución. Estamos fallando en el tema de la distribución, porque la inflación se come gran parte de los aumentos salariales”, reconoció Alberto Fernández, quien consideró que con estas medidas, “se está atacando el problema” en lo inmediato.
Finalmente, no hubo anuncios puntuales para los trabajadores registrados, pero tanto el presidente como el ministro de Economía, Martín Guzmán, dieron indicios de que se adelantaría las negociaciones paritarias para lograr una actualización cercana de esos salarios. “Estamos avanzando bien, la semana que viene vamos a tener más definiciones en muchas paritarias”, dijo Fernández.
Controlarse así misma
Pero cuando el gobierno nacional anunciaba estas medidas con la ilusión de autogenerarse mayor gobernabilidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) intercedió en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige los jueces de todo el país y que -por ley- está controlado por el Congreso de la Nación.
La intromisión fue todavía más polémica, si se tiene en cuenta que quien ahora encabeza el Consejo es el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Lo cierto es que semejante acción -que no tiene registro en democracia-, no fue siquiera mencionada durante la cadena nacional del presidente Alberto Fernández, cuando comunicaba las medidas sociales.
Para entender el trasfondo del problema, nos tenemos que remontar a una ya histórica pelea por la conformación del Consejo de la Magistratura, que sufrió varias modificaciones a lo largo de la historia. Básicamente en pugna por dos sectores: quienes quieren que el mismo esté integrado por pocos integrantes y quienes aspiran a que el Consejo amplíe su participación y sobre todo, tenga representación de los partidos políticos.
Ahora, la CSJN consideró que el organismo deberá funcionar con una estructura de 20 integrantes, según sostenía una vieja ley de 1997, pese a que la misma fue derogada hace tiempo atrás. La polémica intromisión de la Corte en los asuntos que le competen al poder Legislativo del Estado, tiene un capítulo previo cuando en diciembre del año pasado, declaró “inconstitucional” la última conformación del Consejo de la Magistratura y pidió que el Congreso vote una nueva ley para su modificación. Para eso, dio nada más que 120 días.
Esa fecha vencía el pasado 15 de abril y ahora el oficialismo le pide más tiempo a la Corte, que hasta entonces no se había mostrado tan ágil para tomar decisiones de este tamaño.
“No hay precedentes en los que la cabeza del Poder Judicial dicte resoluciones violando la Constitución Nacional. Están haciendo política en lugar de hacer justicia”, expresó el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.
En tanto, un comunicado de los legisladores del Frente de Todos le exigió a la Corte Suprema que “arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días al Congreso de la Nación, a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado de la Nación”.
Entre sus fundamentos, recordaron que así la Corte “tuvo 1.577 días para estudiar el expediente sobre la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura (prevista por la Ley 26.080)” y señalaron que es “de absoluto sentido común que podamos contar con un plazo razonable para poder legislar sobre una nueva conformación” del órgano encargado de la preselección y de la remoción de jueces.
