En noviembre del año pasado, las fuerzas armadas y sectores de derecha boliviana forzaron al presidente Evo Morales a abandonar su cargo a pesar de haber triunfado en las elecciones de octubre de 2019.
Todo comenzó con una falla en el sistema de carga de los votos, que la Organización de Estados Americanos (OEA) atribuyó a una sospecha de fraude, el cual nunca fue sustentado y que finalmente otros informes desmintieron, asegurando que los comicios se habían dado con normalidad. Eso bastó para que la derecha conservadora del país aprovechara para sembrar un escenario de terror en las calles bolivianas, actuando en perfecta sincronización.
Posteriormente, el gobierno de facto a manos de Janine Añez completó el golpe de Estado con una de las características históricas de quienes asaltan el poder ilegalmente: el derramamiento de sangre. Ante una multitudinaria marcha pacífica de sectores campesinos que pedían por la vuelta de Evo Morales, las fuerzas armadas reprimieron y dejaron un saldo de más de 30 muertos en las denominadas “masacres de Senkata y Sacaba”.
Este domingo 18 de octubre –a menos de un año del golpe de Estado en Bolivia- se llevarán a cabo las prometidas elecciones que deberán renovar al presidente, vicepresidente y a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional para los próximos cinco años. Una fecha inalterable después de su postergación en dos oportunidades.
¿Un segundo golpe en marcha?
Desde las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) hay preocupación por una serie de irregularidades a pocas horas de las elecciones y denuncian que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está desarrollando una extraña coordinación con las fuerzas armadas, acrecentando el temor de un posible segundo golpe en caso de que Luis Arce y David Choquehuanca (MAS) sean los vencedores en la contienda electoral.
La principal advertencia pasa por el nuevo sistema para contar los votos que dispuso a último momento el Tribunal Supremo Electoral. El DIREPRE (Difusión de Resultados Preliminares) no contará con la foto de las actas electorales, como sí se incluía con el viejo sistema durante el gobierno de Evo Morales. Para la oposición, este podría ser una de las formas de fraude debido a que la mayoría de la población y hasta los propios medios de comunicación no podrán corroborar estos datos en simultáneo.
“A la fecha el TSE no le ha mostrado al pueblo boliviano si el sistema de conteo rápido tiene certificación internacional como la que tenía el sistema de conteo del año pasado, no ha mostrado cuáles son las diferencias que han mejorado este sistema de conteo a diferencia del año pasado, si se muestran los resultados por actas y con las fotografías. No nos han demostrado cómo va a funcionar ese sistema. Por tanto, ahí no hay transparencia”, expresó tajante la exministra de Comunicación del gobierno de Evo Morales y actual vocera en Bolivia.
Para tener el mayor control posible de lo que pase en la votación de este domingo, el equipo de Luis Arce y la militancia del MAS llevarán a cabo un monitoreo de los comicios a partir de su propio sistema de carga de votos, según le informaron a este medio fuentes cercanas al partido.
Al mismo tiempo, una disposición del titular del TSE, Salvador Romero, dejó todavía más dudas sobre lo que podría pasar este domingo 18, luego de que se confirme que habrá “estado de excepción” en todo el país durante seis días antes y seis días después del proceso electoral. Esto a las claras significa que las fuerzas armadas controlarán las calles –como lo hicieron durante desde noviembre pasado- y podrían evitar protestas o manifestaciones, en caso de que las elecciones se vean modificadas.
El último punto que denuncia el MAS tiene que ver con los observadores internacionales durante las elecciones en Bolivia. El mismo Tribunal Supremo Electoral todavía no dio la lista de observadores que arribarán al país este domingo, al tiempo que intenta limitar algunos sugeridos por la oposición, pese a los antecedentes explosivos durante los procesos electorales.
Pero quizás el dato más controlversial es que la misión de la OEA será la misma que participó durante las elecciones de octubre de 2019, cuando se dio el golpe de Estado contra Evo Morales. En esa instancia, el organismo no dudó en alentar la idea de fraude, a sabiendas que la democracia del país pendía de un hilo.
La injerencia de los gobernadores macristas
En tanto, Argentina no se queda afuera del clima electoral del país vecino. Hasta ahora, son tres los gobernadores argentinos que presentaron palos en la rueda para que el electorado boliviano que vive en la Argentina no pueda ir a votar.
Se tratan de los gobernadores de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza) que argumentaron que habilitar las escuelas en el contexto actual de pandemia podría acelerar los contagios. A estas provincias se le suma Santa Fe, gobernada por Omar Perotti (Frente de Todos).
Hay que tener en cuenta que el Estado boliviano amplió la franja horaria para evitar aglomeraciones a la hora de votar y dispuso de los protocolos de seguridad básicos, como el uso obligatorio de barbijos y el lavado de manos.
Aun así, los mandatarios argentinos se muestran reacios a brindar el derecho al voto de ciudadanos con nacionalidad boliviana, a pesar de que –por ejemplo- en Mendoza solo se necesitan 5 escuelas para que los cerca de 10 mil residentes puedan votar. Un dato de contexto: tanto Gerardo Morales como Rodolfo Suárez evitaron condenar el golpe de Estado en Bolivia, tal como en su momento lo hizo el gobierno de Mauricio Macri.
