“URGENTE”, las pantallas de todos los canales de televisión repiten lo mismo. Ocho muertos por consumo de cocaína adulterada. Ya son 12. Ahora 17. Al menos 24. Internados que se van con el alta y reingresan horas después por haber vuelto a consumir. Gente muriéndose en su casa por miedo a la estigmatización que provoca ir a los hospitales abarrotados de periodistas. El Ministro de Seguridad de la Provincia más grande del país, instando a la población a que descarte la cocaína comprada en las últimas 24 horas. Reducción de daños sobre el hecho consumado.
El 2 de febrero se destapó una olla que viene rebalsándose hace años. Las muertes en cadena provocadas por el consumo de cocaína adulterada con carfentanilo —un opioide utilizado para sedar elefantes, tal como arrojaron los estudios dados a conocer por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires— es el capítulo más trágico de una serie de acontecimientos que se repiten y que promete no ser el último mientras se mantenga el actual esquema de la “guerra contra las drogas”.
Desde el año 1931 en adelante, con la sanción de la Ley N° 11.331 que modificó el Código Penal y tipificó como delito la tenencia de drogas “no justificadas en razón legítima”, Argentina se subió a la ola prohibicionista como estrategia para disuadir el consumo de drogas. Su punto cúlmine se da en 1989, año en el cual se promulga la Ley N° 23.737 sobre Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, actual estructura normativa, garante de la tragedia social y sanitaria de la que somos contemporáneos. Ésta Ley, entre otras aberraciones, es la responsable de tratar como delincuente a cualquier consumidor, decisión política que por el triple accionar del poder estatal, se ha encargado de abarrotar las cárceles de “pasamanos” y consumidores, mientras que los grandes narcotraficantes continúan viviendo en lujosos countries, generando alianzas laborales con la policía —tal como sucedió en éste episodio— y financiando campañas políticas de diversos partidos.
Leyes que no castigan el narcotráfico
Es importante mencionar que ésta hipótesis de actuación, la de prohibir, perseguir y castigar el consumo, forma parte de una estrategia diseñada en Estados Unidos bajo la presidencia de Richard Nixon, la cual fue replicada por los gobiernos de diferentes países latinoamericanos alineados con el Departamento de Estado yanqui. A la fecha, el fracaso de ésta política es notable: no solo el consumo de drogas aumenta año tras año, sino que la ilegalidad ha provocado que el narcotráfico tenga cada vez más poder territorial y económico. Como otra cara de la misma moneda, esa ilegalidad del mercado, provoca la ausencia de cualquier tipo de contralor estatal sobre las sustancias que se comercializan.
En un sistema en el que el único objetivo es maximizar ganancias reduciendo costos, el estiramiento de las sustancias con elementos sumamente nocivos se vuelve la regla general. Entonces es muy fácil entender porque existe la cocaína con carfentanilo en Puerta Ocho, o por qué el éxtasis adulterado en Time Warp.
La ilusión punitivista —incluso en aquellas personas que actúan desinformadas pero con buena fe— radica en creer que la promesa de castigo desalentará a las personas a que consuman drogas ilegales. Lo cierto, es que la doble estigmatización que sufren los consumidores al ser tratados indistintamente como delincuentes y como enfermos, en nada ayuda a que esas personas problematicen su consumo. La ilusión punitivista, entonces, es muy efectiva para la pirotecnia mediática: es relativamente sencillo montar un operativo de desguace de una cocina de cocaína, secuestrar unas cientos de dosis, meter en cana a un par de tranzas de barrio. Pero lo concreto, más allá del material que le sea útil algún político para su próxima campaña, es que nadie dejará de consumir por ese y otros hechos similares. Por su parte, al narcotráfico no le afectará en nada la incautación de esas dosis, ya que otra cocina similar se abrirá en un barrio vecino.
Por todo esto, el prohibicionismo como hipótesis de actuación es la historia de 60 años de fracasos, de creación de poder paraestatal, de generar consumidores que quedan a la buena de Dios.
Un debate pendiente en el campo popular
En los días posteriores a ésta tragedia que vivimos, hemos visto diferentes posiciones sobre cómo abordar semejante problema. Claro está que las posiciones hegemónicas fueron las que mencionamos arriba; se repite como un mantra que “hay que barrer el narcotráfico” (eso sí, siempre y cuando esté en un villa, no vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra pensar en meter una topadora en Nordelta), “hay que internar a todos los que consumen”.
Pero el problema es lo suficientemente complejo como para vociferar un par de consignas, sin tener en cuenta una realidad que indica que el consumo crece todos los días, más allá de lo que nuestra moral sienta al respecto. Parafraseando al escritor Mark Fisher, el “realismo punitivista” no nos permite ver ninguna posibilidad de actuación por fuera de la represión y el castigo. Así, posiciones políticas que promueven instancias de reducción de daños, de legalización del consumo y control de sustancias, tienen que hacerse su lugar “a los codazos”, no solo dentro de los medios masivos de comunicación, sino incluso al interior de las organizaciones populares.
El consumo de estupefacientes no se va a terminar con una Ley ni por Decreto. Tampoco alcanza con salir a decir que es malo y ya. La punición tiene, entre sus efectos colaterales, el de interrumpir cualquier intervención creativa. Si asumimos que la droga existe, que está presente en amplias capas sociales y etarias, podremos desplegar una serie de políticas públicas que sean realmente efectivas y que dejen de alimentar el circo mediático, estigmatizador y revictimizante que vimos éstos últimos días. Un buen ejemplo es el comunicado de la Red Puentes y Vientos de Libertad, organizaciones sociales que trabajan sobre población con problemas de consumo. Aquí puede leerse completo:
Las organizaciones populares, los militantes, nos debemos un amplio y fraterno debate respecto al consumo de drogas. En ese mientras tanto, debemos intentar movilizar un conjunto mínimo de políticas públicas, que atiendan al problema aquí y ahora; con una perspectiva de derechos humanos, que oriente a campañas de prevención, atención y reducción de daños que esté libre de toda moralina.
Tenemos la suerte de contar con un grupo grande de especialistas, de organizaciones, que a pesar de no tener rebote mediático, desde hace años vienen construyendo con ésta perspectiva. No podemos darnos el lujo de ser el ala izquierda “nixoniana” al momento de pensar la política de drogas.
Ignacio Saffarano es tallerista en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, integrante del Área de Sociología de la Justicia Penal.
