Según datos del INDEC, el promedio de las familias argentinas destina el 30% de sus salarios para comprar alimentos. Si a eso se le suman otros gastos básicos, como alquiler y servicios, estamos hablando de un 70% de los ingresos destinados a subsistir día a día. Sin embargo, es precisamente el valor de los alimentos el mayor indicador para medir el índice de pobreza en el país, que a la fecha supera holgadamente el 40% de toda la población.
No es una novedad: los alimentos son caros y aumentan día a día debido a la inflación. Pero también, por la especulación de las grandes cadenas de supermercados. En respuesta, el gobierno nacional anunció la creación de una Empresa Estatal de Alimentos para “favorecer el acceso de las familias a una alimentación accesible, variada y nutritiva, producida en el país en condiciones de sostenibilidad, respetando las diversidades culturales y preferidas de la población”.
La idea entusiasma a quienes observan con frustración la suba de precios constantes de algo tan indispensable como los alimentos, pero también plantea preguntas sobre cómo va a funcionar. Se trata de una iniciativa con varios autores: nació en el seno de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, pero también tuvo participación del senador nacional Martín Doñate, y la aprobación del propio Secretario de Comercio, Roberto Feletti. Lo cierto es que todavía no salió en boca del propio presidente Alberto Fernández, algo que podría ocurrir en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el próximo 1 de marzo.
A grandes rasgos, el proyecto plantea la creación de una Sociedad Anónima con participación mayoritaria del Estado (SAPEM) y según este medio pudo conocer, establece un control del 51% en manos del Estado Nacional y un 2% restante para cada una de las 23 provincias.
En uno de los puntos centrales, el gobierno establece que la Empresa Estatal de Alimentos “tendrá por objeto realizar por cuenta propia o a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en la República Argentina”.
El proyecto, además, tendría incorporado una perspectiva de género: en la posibilidad de generar puestos laborales, plantea garantizar “la diversidad de género en la contratación del personal que labore en relación de dependencia, estableciendo igual composición de personal femenino y masculino”, y también “se propiciará la contratación de personas travestís, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales”.
La ley clave que necesitan los pequeños productores
Sin embargo, existe un eje central que, por ahora, la Empresa Estatal de Alimentos no contempla: la incorporación de los pequeños productores como partícipes activos de esta iniciativa. Lautaro Leveratto, dirigente nacional del MTE-Rural, dialogó en exclusiva para ARGmedios y sostuvo que este tipo de proyectos “tiene que tener una mirada integral que ataque a los problemas de fondo”.
“Nos parece interesante que el Estado genere mecanismos para mejorar el abastecimiento de alimentos para su población y morigerar los cambios y especulaciones en los precios. Pero este tipo de proyectos no se tiene que limitar solo al control de precios: tiene que tener una mirada integral que ataque a los problemas de fondo”, introdujo Leveratto.
El líder del movimiento de pequeños productores rurales explica que actualmente un alto porcentaje —más del 60%— de las instalaciones hortícolas se produce en formato de arrendamiento, es decir en donde los productores deben alquilar su tierra de trabajo. “Entonces ya desde ese punto se distorsiona el precio final”, señala.
“No hay proyecto de empresa estatal de alimentos sin una ley de acceso a la Tierra para este entramado. Después nos parece importante para terminar con la especulación de los alimentos, que exista un acompañamiento del Estado para lograr mayor producción en mano de los pequeños productores. Es estratégico para lograr estos objetivos”, destaca.
Finalmente, el dirigente del MTE considera que el gobierno “tiene que avanzar con estas políticas públicas”, y para garantizar su funcionamiento y transparencia “tienen que participar las organizaciones que representan a los pequeños agricultores y agricultoras”. Es decir, dicho de otra forma, que la iniciativa de la Empresa estatal de Alimentos no se lleve a cabo a partir de los representantes del agronegocio.
“Sin dudas esta medida tendrá un gran apoyo social, porque va a tener como principal objetivo terminar con la especulación del precio de los alimentos. Los que no estén a favor, serán los que tienen algo que perder en esto”, concluye.
Seis cadena concentran el 80% de los productos
Pero para comprender con mayor profundidad lo que el lanzamiento de una Empresa Estatal de Alimentos podría generar en la Argentina, es preciso repasar algunos datos que difundió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en septiembre del 2020.
Allí, en un análisis que determinaba que la inflación no es el único factor que explica el acelerado e incesante aumento del precio de los alimentos, los especialistas comprobaron que seis grandes cadenas de supermercados concentran actualmente el 80% de las ventas de todo el sector supermercadista del país.
“El 74% de la facturación de los productos de góndola de esas cadenas corresponden a apenas 20 empresas. De ese 42% que vende en conjunto el sector supermercadista, el 80% se concentra en apenas seis cadenas. Ellas son Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea), Coto, Wal Mart (incluye Chango Más), La Anónima y Día”, sostiene el informe publicado hace dos años.
“De acuerdo a estadísticas del año 2016, el 74% de la facturación en sus góndolas corresponden a tan sólo 20 empresas, que pertenecen a los rubros de alimentos, bebidas e higiene personal. Las primeras diez representan el 46% de la facturación en góndolas y son: * Unilever (9%), Mastellones (8), Coca Cola (5), Sancor (5), Danone (5), Molinos Río de la Plata (4), Procter & Gamble (3), Cervecería Quilmes (3), PepsiCo (2) y Arcor (2)”, agregan desde CEPA.
Sin dudas, estos datos explican por qué al no existir una verdadera competencia, los precios puedan ser remarcados a conveniencia de las grandes cadenas. Por eso mismo, ese mismo año, la organización política Ciudad Futura, de Rosario, planteó algo parecido a la creación de una empresa estatal que distribuya alimentos frescos.
“Proponemos que así como se están construyendo hospitales modulares para la emergencia, se monten plantas locales que fraccionen, empaqueten y construyan unidades nutricionales básicas. Así se achican costos quitando intermediarios y formadores de precio, se apoya a los productores regionales y se garantiza un mejor precio final para ampliar el alcance de la asistencia”, expresaron por entonces.
No fue la única iniciativa, ni la única experiencia en el país. Actualmente, hay al menos tres empresas estatales en tres provincias, que producen alimentos a precios populares. Un caso es el de Sol Puntano, de San Luis: una alimenticia que produce carnes y verduras, capaz de ofrecer productos a mitad de precio. Otro caso es el de Agroandina, de La Rioja, otra empresa estatal que produce tomates y emplea a 140 personas desde el año 2009. Actualmente tiene dos plantas, una en Chilecito y otra en la capital. Finalmente, en La Pampa, la empresa estatal Ceret se expande con el 50% del mercado local porque lograron producir una leche de buena calidad y a buen precio.
“De eso hablamos, de empresas públicas provinciales ganando escala a nivel local. La leche no puede viajar 1200 kilómetros y que no quede nada en la provincia, cuando las vacas son de la provincia”, explicó el titular de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras, Rafael Klejzer, uno de los principales impulsores de la Empresa Estatal de Alimentos.
El país vive horas difíciles y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se lleva gran parte de la energía y atención de la clase política. En ese marco, una iniciativa que busque controlar realmente los precios y ofrecer productos varios y a buen precio, parece ser un aire fresco para todo lo que integra la “deuda interna”.
