El gobierno nacional presentó el “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador”, un proyecto de ley que cuenta con un amplio consenso en el oficialismo y que ya fue enviado al Congreso de la Nación. El plan fue elaborado por los principales líderes del sector del agronegocio, que persiguen una “previsibilidad de 10 años” para ampliar sus negocios.
Según fuentes oficiales, el principal objetivo es “aumentar de 68 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares”, un volumen de divisas indispensable para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A su vez, se prometen unos 700 mil puestos laborales a lo largo y ancho del sector.
Mientras que para el complejo del agronegocio esta medida es celebrada, para los pequeños y medianos productores —así como para los ambientalismos—, solo puede ser leído de una forma: una mayor concentración de la tierra, más monocultivos, mayor depredación de la tierra y fumigaciones.
El proyecto fue presentado en un simbólico acto en la Casa Rosada, en donde participaron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mostrándose en público por primera vez luego de la crisis interna que dejaron las PASO.
Uno de los más entusiastas con el nuevo régimen es el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien desde que asumió en reemplazo de Luis Basterra no ha dejado de dar buenas noticias para el sector agroexportador. Primero, anunció la eliminación de la suspensión de exportaciones de carne, y luego avanzó con este proyecto de ley. En síntesis, los beneficios al poderoso complejo exportador serán “el otorgamiento de un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, y la definición de la ganadería como un bien público de consumo popular”.
“Se trata de repensar el modelo de desarrollo desde la industrialización y quizás esto sea lo novedoso: pensar el proceso agroalimentario desde la inversión y la generación de valores”, indicó Domínguez. Y agregó: “Ojalá el Congreso, de una vez por todas y sin posiciones sesgadas por intereses secundarios, pueda debatir teniendo como norte el interés del país”.
Los beneficiados y los perjudicados
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) es una entidad que nació el año pasado y que agrupa a los exportadores de cereales de CIARA-CEC, parte de la Unión Industrial, las bolsas de granos de todo el país, tres de las ramas de la Mesa de Enlace y varias economías regionales. Los representantes más destacados son el titular de la Bolsa de Cereales, José Martins, y el jefe de los exportadores de granos, Gustavo Idigoras. Para el gobierno del Frente de Todos, el CAA representa una “línea negociadora” que se distingue de la Mesa de Enlace, el aglutinador de las entidades más duras e históricamente antiperonistas.
Pero además, el dato clave es que este sector agroindustrial representa en la actualidad el 17% del PBI del país y cerca del 65% de las exportaciones nacionales. Es decir, se trata del sector que más dólares produce para una economía que busca esa divisa.
El año pasado, José Martins fue entrevistado por Tiempo Argentino y sinceró que el sector del agronegocio necesitaba de “una ley nacional con un marco de previsibilidad de diez años para atraer inversiones locales y externas”. Y apuntó: “El dinero no sale de los bancos, entonces, hay que generar un marco para que haya inversiones. Una ley nacional que abarque tres períodos de gobierno”.
Sin embargo, cuando a Martins le consultaron si su sector tenía alguna responsabilidad por el aumento de los alimentos en plena cuarentena, el empresario se desentendió. “A ese tema tampoco nos vamos a referir. Ahora queremos procurar los marcos necesarios para las inversiones. Después se hablará de la mesa de los argentinos y de los precios internos”, dijo.
Pero, ¿se puede tomar a este proyecto como una oportunidad real de creación de empleos y de crecimiento económico? ¿Se diferencia en algún aspecto del rumbo que ha tomado el actual modelo del agronegocio en la Argentina? ARGMedios no pudo acceder al borrador del proyecto de ley, pero hasta ahora no hay certezas de cómo se piensan crear esos 700 mil puestos laborales y de qué forma la duplicación de las exportaciones podría traducirse en respuestas a las demandas populares. De hecho, el proyecto de ley se lanzó el mismo día que el INDEC actualizaba los datos correspondientes a la pobreza registrada en el último semestre, que alcanzá un 40,6%.
Lo que me preocupa del anuncio, y de la ley en definitiva, es que no se ponga en discusión absolutamente nada del modelo de agronegocio que hace décadas genera contaminación y hambre en nuestra Argentina (SIGUE)
— Nahuel Levaggi (@NahuelLevaggi) October 1, 2021
El 1% de las corporaciones agroindustriales concentra el 36% de la tierra cultivada.
El gobierno actual y el anterior les dieron beneficios como nunca.
Hoy los quieren blindar por ley. #NoalaLeydelAgronegocio #AgroecologiaYa— Fla Broffoni (@FlaBroffoni) September 30, 2021
Diferentes sectores de la agricultura familiar, como el MTE Rural y la Unión de Trabajadores por la Tierra (UTT), salieron a responder con un “tuitazo”, rechazando la medida que oficializó el gobierno. Por su parte, la politóloga y ambientalista, Flavia Broffoni, planteó que es necesario que el proyecto sea debatido por una “consulta popular, para decidir si se aplica o no un programa que nació directamente de los dueños del agronegocio”.
La activista recordó que —según el propio INTA— actualmente el 70% de las tierras cultivables de nuestro país se encuentran en proceso de desertificación y una de las principales razones de esto, es por la aplicación de monocultivos y sus prácticas, como la siembra directa y el uso de agrotóxicos.
“¿Cómo vamos a cambiar la realidad económica y social del país profundizando el mismo modelo que nos dejó hasta acá, con más del 40% de la población bajo la línea de pobreza?”, planteó Broffoni en un vivo de Instagram.
La derrota en las PASO obligó al gobierno a lanzar una serie de medidas económicas y sociales, como la del programa de jubilación anticipada y un aumento del Salario Mínimo, que le exige al sector público y privado la adecuación de salarios de acuerdo a la inflación. Pero también trajo aparejado algunas medidas que ponen en tensión parte de su base política.
Sucede que el proyecto de ley del agronegocio no hace más que reforzar la concentración de la tierra y la dependencia de los commodities, que son valorados hoy por el mercado pero sin certezas a futuro. En la actualidad, el 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra. Un simbolismo contundente y claro de quiénes tienen el poder en la Argentina.
