Este martes 1 de agosto, arribarán a Buenos Aires representantes de los Pueblos Originarios de Jujuy y del norte argentino, en el marco del “tercer malón de la paz”.
La gran marcha que salió desde La Quiaca el pasado 25 de julio pedirá principalmente que la Corte Suprema de Justicia derogue la reforma constitucional que se sancionó a espaldas del pueblo jujeño, además del tratamiento de una ley clave por parte del Congreso.
Después de casi 2 mil kilómetros de recorrida, la movilización que recuerda el arribo de los Pueblos Originarios hacia la capital federal en el marco de conflictos territoriales, por fin llegará a su destino. Este martes la columna de unas 500 personas que previamente pasó por varias localidades del norte, tendrá epicentro en el barrio porteño de Once y posteriormente se conducirá por las calles del microcentro hacia la Casa Rosada, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso. Finalmente terminará en el Obelisco, donde se realizará el tradicional ritual de agradecimiento por el día de la Pachamama.
“Somos un contingente de más de 500 personas que viene en representación de muchas comunidades. Luego de hacer un recorrido por varias provincias del NOA, hoy nos vamos a dirigir a la Corte Suprema para que se expida sobre las dos presentaciones que se han realizado para declarar inconstitucional la reforma en Jujuy”, le dijo a ARG Medios, Armando Kispe, representante de la comunidad Queta.
El líder originario -quien fue una de las víctimas de las represiones policiales en la provincia- considera que la misma fue aprobada por el gobierno de Morales “a espaldas del pueblo y bajo tiros y represión”.
Este martes buscarán conocer la respuesta del máximo tribunal de Justicia, pero aseguran que de no tener ninguna respuesta planean realizar otras actividades, como acampes y nuevas movilizaciones.
“También queremos reclamar al Congreso que sancione una intervención federal a la provincia de Jujuy y una ley de propiedad comunitaria”, agrega Kispe, que recuerda que la situación de los derechos humanos en la provincia del norte sigue siendo preocupante.
“Los derechos humanos aquí están en peligro. A las comunidades se les corta la luz a la noche y la policía irrumpe para detener”, expresa el referente comunal, casi en una comparación dolorosa con los apagones que se dieron en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar, con varios desaparecidos.
Para Kispe, “hay muchas personas que quizás pasaron por algo parecido pero no lo denuncian por miedo a su vida”.
La reforma de Morales
La misma plantea -entre varios puntos- la criminalización de la protesta y además abre el camino hacia posibles desalojos a comunidades originarias, debido a que modifica la concepción de quiénes son dueños de la tierra.
El trasfondo, según intuyen desde las comunidades, tiene que ver por los recursos que allí se encuentran. Principalmente, el litio.
Por eso el tercer malón de la paz exigirá que la Corte Suprema de Justicia derogue la polémica reforma constitucional de Jujuy, pero al mismo tiempo planteará un proyecto de ley a los diputados y senadores de la Nación: se trata de la ley de propiedad comunitaria de la tierra, que propone resguardar el derecho a la tierra por parte de comunidades preexistentes al Estado.
La movilización pasó por varias ciudades del norte argentino, como San Salvador de Jujuy; Salta y Cafayate; Santa María, en Catamarca; Tafí del Valle y San Miguel, en Tucumán; Santiago del Estero; Córdoba, y Rosario.
