En la misma semana, la Cámara de Diputados de la Nación decidió rechazar el pedido de expulsión de los seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a genocidas en sus cárceles. Y del cual poco se conoce, aunque a través de una investigación periodística se habría determinado que ese encuentro sirvió incluso para llevarse un borrador de ley para lograr que los delitos de lesa humanidad dejen de ser imprescriptibles. De esta forma, muchos de los genocidas quedarían libres.
Sin embargo, esta madrugada la misma Cámara sí le dio media sanción a una polémica ley que viene siendo resistida por la comunidad educativa desde hace décadas: la posibilidad de que la Educación sea considerado un “servicio esencial”, por lo cual las medidas de fuerzas como los paro dejarán de tener un efecto directo.
Puntualmente la propuesta que fue apoya con 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones, plantea que la educación sea declarada “servicio estratégico esencial” y de esta manera se tenga que mantener una guardia docente mínima en los días de paro.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques aliados del oficialismo como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre. Por su parte, fue rechazado por tanto Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT).
Lo que ahora se pretende es lograr una guardia mínima docente que incluya hasta un 30% del personal docente y no docente en los días de paro. En tanto, si la huelga se prolonga por más de tres días esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente”, en todas los niveles y modalidades educativas.
Los gremios docentes se han referido a la posibilidad de que la educación sea declarada servicio esencial y aseguran que de esta forma, sus reclamos dejarán de tener real impacto y por lo tanto, se conseguirán menos aumentos y mejoras salariales.
Por otro lado, lejos está de hacer un real debate acerca de lo que significa un “servicio esencial”, como puede ser la energía de la cual depende una población, sobre un “derecho”, que contempla otras cualidades humanas, como la necesidad de ser educado en condiciones básicas y de calidad.
