Los últimos datos de INDEC reflejaron que la pobreza se ubicó en el 37,3%, es decir alcanzó a 10,8 millones de personas, con una leve baja respecto al segundo semestre del año pasado, cuando fue de 40,6%.
En tanto, el índice de Indigencia, entendido esto como el porcentaje de personas cuyos ingresos no les alcanza para procurarse la mínima alimentación, se ubicó en 8,2 % al término del segundo semestre del año pasado.
Sin embargo, la tendencia de desaceleración parece frenar y agravarse con la constante inflación y el creciente aumento en los precios de los alimentos. Según informó el INDEC, la inflación de mayo fue de 5,1%, acumulando en los primeros cinco meses del año un 29,3% de inflación y, en términos interanuales, marcó los 60,7 puntos, un nuevo récord en los últimos 30 años.
En ese contexto, organizaciones sociales y políticas presentaron el proyecto de Ley de Salario Básico Universal, el cual propone la asignación de un ingreso mensual mínimo, equivalente a una Canasta Básica Alimentaria, para todas y todos los trabajadoras que se encuentran desempleados y no perciben otras prestaciones por parte del Estado.
El argumento central se basa en que un Salario Básico significaría la eliminación de la indigencia y una fuerte reducción de los niveles de pobreza.
Durante una charla sobre el proyecto de Ley de Salario Básico Universal, presentado por Diputados Nacionales del Frente de Todos en el salón auditorio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Frente Patria Grande, y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, discutieron la necesidad de un salario universal.
El referente social y político Juan Grabois hizo un recorrido histórico de la situación del empleo asalariado, que cuenta con la protección de garantías de derechos laborales, en contraposición con la situación de alrededor de 9 millones de personas, que también trabajan, pero sin una remuneración estable ni reconocimiento formal.
“Ese mundo en que el pleno empleo es una posibilidad real, no existe más. Hay otras formas de trabajo que no son empleo registrado. Aún con todos los aceleradores que pueda tener el empleo asalariado, seguiría quedando mucha gente afuera”, manifestó el dirigente del MTE.
En la Argentina, según datos oficiales, hay unas 6 millones de personas en la Economía Popular, de las que 2,8 millones están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP).
Hoy, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular son protagonistas del desarrollo del país, creando trabajo a partir de sus saberes y oficios, en unidades productivas individuales o colectivas.
“El trabajo es todo esfuerzo humano que cree algún valor: social, ambiental, familiar, comunitario, y en ese esquema hablamos de economía popular, que es una parte importante de ese trabajo que no es empleo porque no tiene un patrón, pero que, sin embargo, tiene un valor productivo y constituye una parte de la informalidad laboral. Dentro de eso, hay un segmento del 10 o 15 por ciento que está organizado, y un segmento mayoritario que no lo está”, sostuvo Grabois.
Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, sostuvo: “Siempre se dice que falta trabajo, pero trabajo sobra, lo que pasa es que el mercado no lo remunera. La discusión es cómo logramos que el Estado reconozca ese trabajo que el mercado no remunera. Esta medida busca sacarnos de la emergencia, reconociendo que todo el mundo trabaja pero a algunos les pagan y a otros no”.
De los inscriptos en el ReNaTEP, el 57,4% son mujeres. El último informe indica que la feminización del sector contrasta notablemente con la masculinización del mercado laboral asalariado y privado. La feminización del sector está profundamente vinculado con las tareas de cuidado y el sostenimiento de los comedores y merenderos populares. Además, del total de los anotados, el 64,2% tiene entre 18 y 35 años.
En ese sentido, Lucía Klug, Diputada Provincial del Frente de Todos, agregó que “el Salario Básico Universal es una política profundamente feminista”. “El 31% de las compañeras que viven en barrios populares no tienen un ingreso mínimo. Esta política puede sacar a muchas mujeres de la situación de convivir con sus agresores y sufrir la violencia económica. A las mujeres es a quienes más se nos complica conseguir trabajos formales, trabajamos muchas horas en casa y eso también tiene que ser reconocido: esta política lo viene a hacer”, desarrolló Klug.
La idea no es nueva ni de planeros ni de anticapitalistas. En 1969, Richard Nixon pensó en una renta básica, imaginando un pago directo del Gobierno a todos los estadounidenses que no alcanzaran un determinado nivel de ingresos.
En estos tiempos que corren, Finlandia realizó una prueba piloto que se suspendió el año pasado, antes de lo previsto y con resultados ambivalentes. La ciudad californiana de Stockton (EE UU), la brasileña Maricá y varias comunidades rurales de Kenia, también se encuentran en ese camino. Otra de las experiencias con mayor data es Alaska, que desde 1982 ha distribuido a cada ciudadano un cheque anual y con base en los ingresos generados por el petróleo.
Quienes promueven la renta universal o salario universal suelen ser políticos y economistas de izquierdas. Pero también liberal-conservadores que ven una posibilidad de unificar la asistencia del Estado y porque no, aumentar ganancias.
