En un acto en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que buscará que se condenen por “terrorismo” a militantes de los 70, en especial a los integrantes del movimiento político armado, “Montoneros”. Algo que la justicia argentina ya ha encabezado en diferentes momentos de la historia, pero que siempre diferenció respecto a los delitos de lesa humanidad que cometió el propio Estado durante la dictadura.
Lo llamativo es que Villarruel decidió hacer este anuncio en la Cámara Alta, luego de que algunos miembros de La Libertad Avanza la apunten como una de las responsables de organizar la visita de diputados oficialistas a los genocidas presos.
Sobre ese episodio, la vice no opinó ni dijo nada, pero días después reafirmó su posicionamiento de reivindicación con la dictadura militar al promocionar este juzgamiento a militantes de los 70.
La excusa que encontró Villarruel fue el día contra el terrorismo y dijo que el Estado argentino encubre esos delitos “por más de 28 años”. De esta forma, se refirió al país como un “nido de impunidad” y aseguró que buscará que desde el Estado se puedan reabrir “todas las causas de víctimas del terrorismo para que la justicia haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.
En el acto también estuvo participando Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) asesinado en 1973. Allí también hubo un dato político, ya que en el caso Rucci la justicia determinó que no se trató de un crimen de lesa humanidad, tal como intenta interpretarlo sectores negacionistas como el que lidera Villarruel. El juez que así lo dictaminó no fue otro que Ariel Lijo, a quien el presidente Javier Milei quiere para ocupar la silla libre en la Corte Suprema de Justicia.
Diferentes agendas que muestran la interna viva
Lo cierto es que detrás de esta nueva intentona de parte de la propia vicepresidenta de la Nación, se esconden pistas claras respecto a la interna cada vez más palpable y ruidosa entre el presidente y su vice. Por ahora, Milei no apunta a tocar temas que refieran a la dictadura. De hecho, tras la visita de diputados libertarios a los genocidas, el mandatario dio a entender que había sido una decisión personal de cada legislador y les soltó la mano: “Esa no es mi agenda”.
Por esta razón, el pedido para juzgar a los militantes de los 70 como terroristas no saldrá de parte del Ministerio de Justicia, que conduce Cúneo Libarona, sino posiblemente de la ONG que preside Villarruel, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Esto muestra una clara diferencia de prioridades y de intereses al interior del gobierno nacional.
“Al revés de lo que dijo Villarruel en el Senado, ningún gobierno democrático reivindicó la violencia política. Pero todos condenaron el terrorismo de Estado, algo que ella nunca hizo. Mientras, sigue sin contar qué le dijo (Jorge Rafael) Videla y qué piensa de la reunión con represores”, marcaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La vicepresidenta dice que las organizaciones armadas salieron impunes. No fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar. Se podrían haber hecho juicios, pero decidieron cometer los crímenes más terribles, de los que no dice una palabra”, añadieron.
