Un punto de partida más o menos común en nuestras sociedades es que la libertad de expresión es un valor democrático. De hecho, los gobiernos del mundo son observados y evaluados bajo ese acuerdo: donde hay censura, persecución o límites a la disidencia, no hay democracia. Y esto que parece una verdad absoluta, se vuelve más opaca cuando indagamos en los múltiples sectores que intervienen en el debate público, donde el acceso y la participación es claramente desigual.
En tiempos de fake news, lawfare y operaciones desplegadas en vivo y directo ¿cómo se garantiza el derecho a la comunicación? Y en un mundo donde las corporaciones deciden qué se puede decir y qué no, ¿quién ostenta real poder de censura? El caso argentino no ofrece respuestas definitivas a estas preguntas, pero confirma una realidad común a otras latitudes, y es que la concentración de la propiedad de los medios atenta diariamente contra la libertad de prensa.
¿Libertad de prensa o libertad de empresa?
El derecho a la comunicación refiere al acceso a la información y la libertad de expresión de las personas, que no pasa exclusivamente por la tenencia de los medios pero que no puede excluir ese capítulo. Aun siendo un derecho consagrado, muchas veces se considera patrimonio de otros: de los periodistas, de los medios, de los “profesionales” de la comunicación. Para buena parte de la sociedad, la comunicación es una práctica casi ajena. Quizás esto pueda entenderse a partir de lo que observa el docente e investigador Martín Becerra: “El derecho a la expresión es abstracto si no está asociado a los recursos necesarios para expresarse”.
En Argentina, como ocurre en otras partes del mundo, muchas veces son los medios concentrados los que asumen la bandera de la libertad de prensa. Parece contradictorio pero no lo es: esta defensa abierta aparece cuando las empresas ven amenazados sus privilegios monopólicos. Ante el más tímido intento o propuesta de regulación del sistema de medios, los grandes grupos no dudan en denunciar autoritarismo y hasta persecución. Es decir: la libertad de prensa entendida como libertad de empresa.
Las corporaciones son las voces más potentes pero no las únicas en este asunto. La sociedad civil —trabajadores de prensa, medios populares y alternativos, universidades, organizaciones sociales y movimientos populares— ha tenido un rol muy activo en discutir el sistema de medios y las telecomunicaciones en nuestro país. El mayor avance en este sentido fueron los foros que diagramaron los 21 puntos por el derecho a la comunicación y que luego sentaron las bases para la promulgación de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, en el año 2009.
El nuevo marco regulatorio, con sus limitaciones, fue un avance significativo, considerando que el antecedente inmediato era una ley heredada de la última dictadura militar y un conjunto de decretos que facilitaron durante décadas la concentración de la propiedad privada de medios. Un logro no menor de esta nueva ley fue el de echar por tierra la idea de una comunicación monolítica y objetiva: se evidenció la puja de intereses, las disputas de agendas y las múltiples formas de contar la realidad. De cierta forma, el debate por la ley corrió el velo para buena parte de la opinión pública.
Siete años después y a menos de un mes de haber asumido la presidencia, Mauricio Macri emitió un decreto presidencial para insertar modificaciones a esa ley de forma urgente y unilateral. Incluso se encargó de asignarle al decreto una fecha de publicación anterior y evitar así un fallo judicial en su contra. Con la excusa de una inminente “convergencia tecnológica”, Macrí modificó algunas disposiciones centrales: se eliminaron las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable, radio y TV; se habilitó la extensión de plazos de licencia por 10 años y se creó un nuevo ente regulador. “Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones”, afirmó el entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña.
El dueño del megáfono
En Argentina, pocas cosas han sido tan estables en el tiempo como la posición dominante del Grupo Clarín en el sistema de medios nacional. Y esto no significa que el mapa no haya cambiado en los últimos 20 años; sin duda la industria de la comunicación mutó (y sigue mutando) producto de la convergencia digital, la consolidación del complejo GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) y la cambiante política pública nacional en relación a su marco regulatorio.
En el artículo “Concentración y convergencia de medios en América Latina”, Martin Becerra y Guillermo Mastrini sintetizan la historia de los principales grupos de medios de la región y el particular caso del Grupo Clarín, que construyó su posición hegemónica desde el mercado de periódicos, llegando a ser el de mayor tirada en habla española.
Hoy la presencia aplastante del Grupo Clarín se expresa, entre otras cosas, en sus niveles de audiencia y también en sus ganancias. A nivel audiencia, el Media Ownership Monitor construyó un índice de concentración cruzada de audiencias de los medios en Argentina que destaca la posición del grupo Clarín respecto al resto de sus competidores. El mismo informe señala que “el Grupo Clarín obtuvo en 2017 ganancias por 159 millones de dólares, cuando el resto de grupos mediáticos que serían su competencia no llegaron a cruzar el umbral de los 10 millones”. Una actualización al 2020, demuestra que Clarín aumentó sus ganancias en un 168% en plena crisis sanitaria del COVID19, llegando a la exorbitante cifra de 430 millones de dólares.
¿Cómo se garantiza el derecho a la comunicación en este escenario? La concentración ya ha demostrado su capacidad de lesionar múltiples áreas de la vida social y productiva de un país. En lo que hace al acceso a la información, las repercusiones son simbólicas además de económicas: se unifican las agendas, se estandarizan los formatos y se consolidan relatos con pretensiones de neutralidad y verdad objetiva. Miles de voces se diluyen en un murmullo frente al dueño del megáfono.
Podríamos pensar que estos dilemas son viejos, parte de un pasado reciente que se clausuró junto al Siglo XX. Después de todo, ¿no es internet una opción abierta y plural para acceder a medios alternativos? ¿será que allí podemos realizar nuestros deseos de informar y ser informados sin los condicionamientos de una grilla de TV o un puñado de diarios? Tal parece que las promesas democráticas de la era digital llegaron con nuevas amenazas, siendo la más resonante el imperio GAFA, cuyo valor de mercado en conjunto supera al de muchas de las grandes economías occidentales.
David versus Goliat
La posición monopólica de Clarín no sólo se sostiene con abundantes recursos, sino también con altos niveles de impunidad. En 2018, comunicadores populares realizaron una protesta en las instalaciones de Canal 13 —el histórico canal de aire del Grupo Clarín—, para demandar el ingreso de Barricada TV y Pares TV a la grilla de su operador de cable, que bloquea el acceso a la pantalla de ambas señales por razones comerciales.
Barricada TV es un canal de televisión alternativo y popular que desde 2009 emite de manera regular desde sus estudios en la Ciudad De Buenos Aires. Junto a distintas cooperativas ocupa un espacio en la histórica fábrica IMPA, emblema de las empresas recuperadas en Argentina. En mayo de 2015, luego de exigir la plena aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la legalización de los medios sin fines de lucro, Barricada TV ganó un concurso público para la explotación de una frecuencia en la TDA (Televisión Digital Abierta) y se le asignó el número 33 en la grilla. Todo un hito para los medios comunitarios.
Pero la frecuencia asignada a Barricada TV ya era utilizada por Canal 13 para realizar sus transmisiones experimentales, acción que ejecutaba sin ningún concurso previo. Como consecuencia, la señal del Grupo Clarín —considerablemente más poderosa—, interfirió por más de un año las emisiones de Barricada TV, impidiendo que llegue a las pantallas de los hogares de Buenos Aires. El canal sin fines de lucro debió ser reubicado en en el número 32.1 de la grilla.
Allí no termina la historia. Al día de hoy, el Grupo se niega a incluir a Barricada TV en su programación como operadora de cable. Esto ocurre a pesar de que la legislación argentina obliga a los cableoperadores a incluir en sus grillas a las señales de televisión abierta habilitadas por el Estado. Se trata de una obligación normativa que ha persistido como una regularidad, más allá de los distintos gobiernos. Aún así el Grupo Clarín sigue violando la ley y sin ninguna consecuencia: tiene recursos a disposición e impunidad suficiente para hacerlo.
Otro caso destacado es el de Pares TV, que se enlaza además con una de las grandes pasiones populares en Argentina: el fútbol. El canal cooperativo opera desde 2009 en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Por más de una década transmitió los partidos de Flandria, equipo local, en lo que representa un evento de interés y relevancia para su comunidad. Cuando todo empezó, el equipo estaba en la Categoría C del fútbol argentino.
Pero los problemas para Pares TV empezaron cuando Flandria ascendió a Categoría B. En ese momento, la empresa TRISA —uno de los tantos sellos controlados por el Grupo Clarín— reclamó como propios los derechos de transmisión de todos los partidos de la categoría, incluidos los del Club Flandria. La empresa intimó al canal comunitario para que interrumpa sus transmisiones y llevó el asunto a la justicia federal.
¿Eso significa que los partidos comenzaron a emitirse por la señal del grupo TRISA? Tampoco. Más de una vez, los hinchas de Flandria se quedan sin ver los partidos porque no son televisados por la señal de cable ni vía streaming. El grupo mediático —en complicidad con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— bloquea lo que ni siquiera transmite. De lo que se trata es de conservar el valor de los contratos del fútbol televisado.
Estos casos no sólo expresan una disputa desigual: son la evidencia de una industria que habilita la censura por parte de un grupo privado. Allí donde no aparece el poder público, son las corporaciones las que construyen sus propios “marcos regulatorios” y deciden unilateralmente lo que vemos, leemos y escuchamos. Claro: finalmente, ellas son la garantía de la libertad de prensa.
La información como derecho
El acceso igualitario a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa —como todos los derechos sociales— no son batallas ganadas ni se consuman en la letra muerta de una ley. Son apenas el punto de partida para exigir la presencia de más voces, y en mejores condiciones, en un sistema de medios sumamente concentrado y desigual. El discurso de la convergencia digital, hasta ahora y en su versión local, no ha hecho más que favorecer esa concentración construida en tiempos analógicos.
Las políticas públicas tampoco tienen la última palabra en la materia, como evidencia el lugar privilegiado de los grandes conglomerados a escala global, una situación que ya empieza a despertar preocupación en distintos gobiernos. Pero en el caso de Argentina, el Estado sí tiene la capacidad parcial de equilibrar el mapa de medios, instrumentando todas las herramientas que habilita la ley vigente y democratizando también la pauta oficial con el foco puesto en garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas.
