Desde los inicios de la gestión de Alberto Fernandez, atravesada por la situación de crisis económica/sanitaria, la pelea contra el aumento de los precios ha sido uno de los ejes centrales de sus medidas macroeconómicas. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado casi ningún resultado positivo.
La guerra contra la inflación ya tiene vigencia desde hace casi tres semanas y aún no se destaca por haber encarado una batería de medidas políticas que puedan modificar los aumentos. Por el contrario, en aquellos días donde el presidente anunció el comienzo de “la guerra contra la inflación”, ocurrió un aumento preventivo del 15% en muchos productos.
La primera medida concreta fue la de replicar el fondo de sustento que existe para el caso de los productores de aceite que trabajan con trigo y harina, una medida que tiene tanto miradas positivas como negativas. Esto se debe a que las empresas productoras encuentran un beneficio en tener ese respaldo, aunque esto no tiene implicancias profundas al momento de fijar el precio del producto.
En segundo lugar se dispuso un paliativo económico para los consumidores, con un pago superior a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar en el mes de abril, quienes recibieron un 50% en forma de bono. Aun así, esto no se trata de una modificación que se vaya a sostener en el tiempo, lo que estaría más cercano a uno de los planteos que realizan diversos movimientos sociales, que es el de un Salario Básico Universal.
A esto se suman los controles de precios, que tienen una vigencia ininterrumpida de 8 años en Argentina y que de la mano del Secretario de Comercio Roberto Feletti, se busca expandir. De todos modos él mismo afirmó que con la aplicación de ese control” no es suficiente”, sino que de la mano deben estar presentes medidas generales “para la producción y comercialización”.
En el mercado Argentino existe muy poca incidencia estatal en torno a la formación de precios: el retroceso en la expropiación de Vicentin, y la falta de medidas ante el desabastecimiento en pandemia son dos ejemplos de una indecisión que tiene el Ejecutivo respecto a cambios de fondo en la estructura económica. Es en este punto dónde menos anuncios ha realizado Fernandez.
Así bajó la inflación en otros países
Alrededor del mundo no existe una gran claridad sobre qué políticas deben ser tomadas para evitar un proceso inflacionario. En España a partir de la guerra tuvieron una escalada histórica y tomaron un camino cercano al de Argentina, con fuertes controles y un paquete de subsidios.
Para el caso de China, cuando el gran crecimiento de su economía había iniciado un aumento de precios en los alimentos, se decidieron hacer crecer su producción local total y modificar los intereses en los préstamos a inversores. Es un caso particular ya que se trata de un país en el que hay mucha regulación estatal del mercado, además de que el gobierno cuenta con la propiedad de algunas de las empresas de alimentos más grandes del país.
En 2007 un fenómeno parecido se iniciaba en Bolivia, en aquel entonces la decisión de Evo Morales fue la de crear una empresa nacional de alimentos, que en primer lugar se encargó de garantizar los insumos para el resto de la cadena productiva, ya que los grupos económicos se opusieron y acapararon toda su producción a fin de desabastecer el mercado.
La experiencia de esa empresa estatal fue avanzando hasta el día de hoy, ahora participando de la producción de lácteos y miel. Al mismo tiempo que incide en la comercialización con más de 150 locales de venta al público en todo Bolivia. Los resultados son de un éxito absoluto: en el 2021 registraron la inflación más baja de toda América Latina, un 0,9%, menos incluso que Ecuador.
Este modelo de participación estatal es algo común para China y Bolivia, que además de servir de apoyo para los productores más pequeños, es también una manera de ubicar en las góndolas productos que tienen la misma calidad a un precio más bajo del que lo hacen las principales empresas de alimentos privadas de Argentina.
La disputa que se construye de fondo es acerca de la formación de precios. Esta situación estuvo muy presente en el momento que se quiso realizar la expropiación de Vicentin, y ahora la posibilidad de conformar varias empresas estatales de alimentos lleva el mismo debate. Preocupa al conglomerado de empresas privadas porque les quita poder de presión.
La deuda siempre condiciona todo
Esta ausencia de medidas de fondo también constituye un eje problemático más allá de las expectativas electorales. Al anunciar una guerra contra la inflación Alberto -se haya querido o no apuntar hacia quienes forman los precios-, desde ese otro bando se fueron tomando decisiones a fin de mantener los márgenes de ganancia.
Tanto desde los medios como desde los análisis del mercado empezaron a especular con mayores niveles de inflación para los meses restantes del año y para el acumulado total. El paro nacional de transportistas de granos es una medida de fuerza que busca que el costo de los aumentos de combustible sean absorbidos por la última parte de la cadena productiva.
Cada una de estas falencias al enfrentar el proceso inflacionario de la Argentina se encuentran agravadas por el acuerdo firmado con el FMI, ya que las condiciones para no llegar al default contenían una reducción del gasto que puede ejecutar el gobierno, llevando a que no pueda contar con fondos para tomar algunas medidas, ni para la importación de materias primas. Mientras tanto los sectores empresarios incrementan su nivel de confrontación para sostener el nivel de ingresos que tienen a costa del bolsillo de las mayorías.
