Luego de un nuevo amparo colectivo de parte de organizaciones sociales que acompañan a personas con cáncer, la justicia le ordenó al gobierno de Javier Milei que entregue la medicación a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE).
Vale recordar que en solo un año, la interrupción de este programa le costó la vida a siete personas.
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos. El magistrado dio un plazo de diez días al Gobierno para que “resuelva los expedientes administrativos sobre solicitudes de subsidio que tengan una demora de más de 60 días y, en el plazo de veinte (20), adecue todos los expedientes administrativos al procedimiento previsto en la ley 19.549 —en especial el plazo de sesenta días para su resolución”.
La denuncia por el cierre del programa y el abandono de miles de personas enfermas en el país había sido realizada por la organización Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a tiempo.
“El fallo confirma nuestras denuncias respecto a la grave paralización en la gestión de subsidios de mediano y bajo costo, así como en las ayudas a familiares. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la falta de gestión ha afectado profundamente a miles de personas, privándoles de los medicamentos esenciales para garantizar su derecho a la Salud, corolario del derecho a la vida”, dijeron las organizaciones a través de un comunicado. Y remarcaron que “este fallo no solo es una victoria judicial de las organizaciones sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a la salud es un derecho humano básico. El acceso a medicamentos que salvan vidas no puede ser obstaculizado por la ineficiencia administrativa ni por decisiones políticas que vulneren la dignidad de las personas”.
