Las organizaciones de la UTEP Agraria (Unión de Trabajadores de la Economía Popular ) marcharon el pasado 3 de Agosto por la aprobación de un paquete de leyes que defienda a la agricultura familiar. Una de ellas es la reglamentación definitiva de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada de hecho en enero de 2015.
Bajo la consigna “el campo que produce alimentos”, la sanción de esta Ley significó un paso muy importante para el reconocimiento de las familias pequeñas productoras, porque pusieron en agenda el rol fundamental que tienen en la sociedad.
Sin embargo, desde que se promulgó la Ley hasta la actualidad, el sistema normativo parece no brindar soluciones adecuadas a problemas estructurales como el derecho a la tierra, el acceso al agua potable y el acceso a los servicios públicos indispensables. Asimismo, evidencia la falta de voluntad política de algunos sectores para fortalecer la agricultura familiar como dinamizador de las economías regionales, como generador de empleo, producción de alimentos y ocupación de territorios.
Cuando se aprobó la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, se puso un tope de 180 días para su reglamentación por parte del Ejecutivo. Pasaron más de ocho pero todavía hay provincias que no adhirieron a la misma. Hasta el momento las provincias que se sumaron son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Tierra del Fuego, Jujuy, Neuquén, Buenos Aires, La Rioja, Misiones y Chaco.
La norma establece políticas públicas para campesinos, pescadores artesanales, pueblos originarios y productores regionales, quienes producen entre el 60 y el 80% de los alimentos que se consumen en todo el país. De hecho, según la FAO, sólo el 3% de la tierra está a mano de los pequeños productores mientras que el 1% de las empresas agrarias en Argentina es la que controla el 36% de la tierra destinadas a la producción.
Ahora tiro yo … por qué me toca
Los objetivos principales de la Ley mencionados en el artículo 3 son: “promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores; corregir disparidades del desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones con mayor atraso; contribuir a la soberanía alimentaria; fomentar la biodiversidad y valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad al mismo tiempo que en el artículo 5 define conceptualmente el término agricultor y agricultora” .
La ley fomenta la implementación de políticas públicas para un sector históricamente invisibilizado a diferencia del campo de las grandes multinacionales, a las que los gobiernos con más o menos rigidez, han bancado.
El Gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, definió a principios de este año que no incrementaría las retenciones a los granos de exportación, a pesar de los elevados precios registrados por la invasión de Rusia a Ucrania, y mantuvo la decisión a pesar de la presión especulativa de esos sectores, al punto de crear un régimen diferencial que quedó expresado públicamente como dólar soja.
Sin embargo la Ley 27.811 que respalda y le da un marco legal al “otro campo” que produce alimentos tiene 8 años de vigencia y todavía no ha logrado su definitiva implementación.
La Ley fue aprobada durante el último año de mandato de Cristina Kirchner, con un fuerte cambio en el artículo 33 que expresa el presupuesto destinado por el poder Ejecutivo para su legislación. Tras una fuerte presencia de los movimientos campesinos en las calles, se garantizó el cambio en la norma estableciendo que “los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por la adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo nacional disponga”.
Pero en el año 2015 asumió la presidencia Mauricio Macri y la ley continuó sin reglamentarse, en medio de una política de vaciamiento para todo el sector de la agricultura familiar encabezada por el ex Ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, quien a su vez había sido presidente de la Sociedad Rural.
Después de la vuelta del peronismo al poder, el 8 de septiembre de 2020, en el marco del Día del Agricultor y la agricultura, el presidente Alberto Fernández y el ex ministro de Agricultura Luis Basterra, presentaron el proyecto de Reglamentación de Ley de Reparación Histórica y destacaron la importancia de la agricultura familiar.
“La falta de recursos tecnológicos para los pequeños productores provoca que la producción de alimentos se concentre en Buenos Aires y no llegue al interior del país. Al cabo de mi mandato quiero que sea un país más federal y lo que necesitamos es darle a todos la posibilidad de desarrollarse en el lugar en que han nacido. Darle tierra para desarrollarse, elegir el camino de la agricultura, desarrollarse en el estudio y debemos empezar hacerlo cuanto antes”, manifestó ese día el mandatario.
La derrota electoral del 2021 sumada a la crisis política del Frente de Todos desembocó en la reestructuración de los gabinetes. Entre los cambios asumió como Ministro de Agricultura y Pesca, Julián Domínguez, un viejo conocido del sector agropecuario. El 2 de Junio de 2022 en el 2° Encuentro del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el Secretario de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), Miguel Gomez, se expresó sobre la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (27.811). “La prioridad es que ningún productor más deje la tierra, un objetivo ambicioso porque desde los años ’50 a esta parte nuestro campo no ha dejado de perder productores”, aseguró.
Todas las propuestas fueron expresadas por boca de los funcionarios, inclusive la determinación de la partida presupuestaria destinada a la implementación de la Ley. En ese sentido, Gómez agregó: “Tenemos que crear una nueva ruralidad. Están las condiciones y desde nuestro gobierno lo vamos hacer. Vamos a crear un programa de acceso a la vivienda rural, hemos construido un programa junto al ministerio de obras públicas. En esta ley se plantea entre muchas cosas, la construcción de los CeProSeNA Centro de Producción de Semillas Nativas, que va facilitar y fortalecer la producción. La propuesta es llevar adelante un Consejo de políticas públicas para abordar de manera integral la potencia de nuestro sector”.
Lo cierto, es que la problemática de acceso a la tierra podría tomar un halo de esperanza si se reglamentara rápidamente esta ley. En ese sentido Cesilia Fernández, joven productora de Poblet, La Plata, expresó: “Hace una semana movilizamos en todo el país por el acceso a la tierra, debido a la crisis económica y social por la que estamos atravesando en Argentina. Nosotros trabajamos con los insumos dolarizados lo que provoca una situación económica inestable para todos los pequeños productores, no podemos planificar la producción, tampoco sostener los costos altísimos que se necesitan para producir en éstas condiciones”.
