El pasado miércoles 21 de septiembre, un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y legislación general del Congreso de la Nación recibió a funcionarios y referentes barriales que expusieron los principales ejes y objetivos del proyecto de reforma de la Ley nacional de Barrios Populares. El proyecto de ley busca centralmente actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y extender a 10 años la prórroga de suspensión. La comisión fue presidida por Hernán Pérez Araujo, diputado nacional por el Frente de Todos.
La primera en tomar la palabra fue Fernanda García Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), quien recordó que “hasta el año 2016 no existía información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes, las condiciones de vida de sus habitantes y la situación sobre acceso a servicios. Las organizaciones sociales realizaron un acuerdo con el gobierno nacional para relevar por primera vez los barrios populares de Argentina. Eso arrojó la existencia de 4.416 barrios populares”, añadió.
La subsecretaria recordó la sanción de la ley 27.453, conocida como Ley de Barrios Populares, aprobada por unanimidad en octubre de 2018. “Con este espaldarazo se empezó a trabajar en Plan de Integración socio-urbana, basado en cinco pilares: integración urbana; vivienda; integración social y productiva; acceso al suelo; gobierno abierto, transparencia y gestión popular”, explicó.
Asimismo, la funcionaria destacó que actualmente hay 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11542 lotes con servicios como parte de la generación de nuevo suelo urbano y 1437 construcción de viviendas para relocalización. Además, hay más de 670 mil personas beneficiadas con proyectos de integración, generando 163 mil puestos de trabajo.
Por su parte, Gustavo Carrara, sacerdote y obispo auxiliar de Buenos Aires para la Pastoral en villas, respaldó la iniciativa y consideró que “si trabajamos por la integración de los barrios populares vamos a estar trabajando porque baje realmente la pobreza y la indigencia en la Argentina”. Además, hizo hincapié en su preocupación ante el crecimiento del narcotráfico y la trata de personas en los barrios populares. “Si no hay una presencia inteligente del Estado, que dialogue con la comunidad, avanza la criminalidad organizada”, añadió.
Lilia Calderón, referente de la Mesa Nacional Barrios Populares, manifestó su pedido de acompañamiento a la reforma de la norma. “Tenemos poco tiempo, hay barrios que están esperando, con amenaza directa de la justicia por desalojos”, advirtió. “El Barrio Huiliches en Neuquén está amenazado. Se frenó en su momento porque se puso el cuerpo por parte de muchos compañeros. Pero cada vez que vemos a los vecinos nos preguntan si ha avanzado el proyecto de ley.”
Araceli Ledesma, referente comunitaria y promotora de integración sociourbana, también defendió la ley 27453 y “el trabajo genuino que se ha logrado en los barrios a través de las obras”. “Es necesario saber que esta política sirve, que esta política es necesaria para todos los barrios y que sin duda tienen que estar nuestra voces”, reclamó Ledesma en el plenario.
Ya en el momento de consultas, tomó la palabra la diputada nacional por Juntos por el Cambio, Silvia Lospenato, quien celebró la continuidad de las políticas de integración urbana. Manifestó la necesidad de contar con más información sobre la entrega de Certificados de Vivienda Familiar y los montos del Fondo de Integración Sociourbana (FISU) que se compone centralmente con la recaudación del impuesto PAIS y a las grandes fortunas.
Por su parte el diputado por el Frente Patria Grande, Federico Fagioli, enunció su condición de vecino de un barrio popular, se refirió al impacto de las obras de integración y la participación de la comunidad en los procesos. Por su parte, el diputado y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, mencionó la ley 27453 como “la segunda política de Estado, después de la Asignación Universal por Hijos, que ha trascendido varios gobiernos”.
El próximo miércoles 28 de septiembre al medio día sería la próxima reunión conjunta de las comisiones de asuntos constitucionales y legislación general, sumando a la de presupuesto, en pos de lograr un dictamen. Los principales puntos a ordenar serían centralmente los referidos a los plazos para frenar desalojos. Desde las organizaciones que componen la Mesa Nacional de Barrios Populares no descartan la posibilidad de movilizar para presionar los tiempos de los recintos. En caso de que su aprobación se retrase o se trabe, es posible que el ejecutivo decida prorrogar por decreto los plazos para evitar desalojos.
