Todavía no existe una explicación válida acerca de por qué el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevó a cabo actividades de espionaje ilegal utilizando datos biométricos de al menos 7 millones de personas, sin ningún tipo de autorización judicial.
El nuevo escándalo que apunta -otra vez- contra miembros del PRO, se descubrió a comienzos de esta semana y ya generó una reacción de la justicia, que autorizó allanamientos y el secuestro de computadoras.
También el repudio de organizaciones de Derechos Humanos, quienes salieron a destacar “la gravedad institucional” que significa que un gobierno acceda a información sensible sin el aval de la justicia.
Se trata del sistema de reconocimiento facial que nació como una herramienta para identificar a prófugos o sospechosos de casos graves, pero esta vez fue utilizado indiscriminadamente en gran parte de la población y -casi sin sentido- sobre figuras tan públicas como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ministros y dirigentes políticos.
Ayer, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) denunció el hecho y aseguró que “una vez más, la ilegalidad es la regla en un Gobierno de Juntos por el Cambio, en este caso en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA”, recordando otros hechos de espionaje que salpican a la fuerza política que nació con Mauricio Macri.
Por el escándalo, la justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos y además, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad, Roberto Gallardo, ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas el secuestro de computadoras de parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ubicadas en el Centro de Monitoreo Urbano del gobierno de Larreta.
“Entonces, tal parece que la Gestapo no ha quedado desarticulada del todo y que desde lo institucional el PRO sigue ejerciendo la persecución, el hostigamiento y la violación de los derechos de opositores políticos en la Ciudad de Buenos Aires”, denunciaron desde la ADPH, vinculando esto con la mesa judicial que se descubrió en el pasado gobierno de María Eugenia Vidal, donde uno de sus ministros –Marcelo Villegas- propuso crear una “gestapo” para perseguir sindicalistas.
Por último, desde la organización de Derechos Humanos no dejaron pasar otro hecho que generó un alto repudio en los mismos días donde se conocía el espionaje con datos biométricos: la represión a trabajadores y trabajadoras del INCAA.
“El tercer hecho a mencionarse es la represión ejercida días pasados por la policía de la CABA a los manifestantes en el Incaa, que culminara con la detención indebida y arbitraria de un estudiante de cine”.
Para los dirigentes de la APDH, “cada uno de estos actos atenta contra los principios de la democracia y la plena vigencia de los Derechos Humanos, y como APDH-CABA queremos hacer propio nuestro más enérgico repudio. Es de esta manera como Juntos por el Cambio (JxC) y Rodríguez Larreta ejecutan y ejercen el control social en la CABA: tatuando y violentando los derechos de los niñxs, reprimiendo a estudiantes, y espiando a referentes políticos y sociales opositores”.
