Hubo que esperar hasta la primera semana de marzo para que el gobierno buscara decididamente recuperar la iniciativa política. Lo hizo apelando a una radicalización discursiva que no se tradujo por el momento en medidas concretas, pero que sin embargo consiguió dos objetivos fundamentales: reforzar la unidad dentro del Frente de Todxs (FdT) y recomponer las expectativas de buena parte de su base electoral.
Desde fines del año pasado, la idea de un gobierno empantanado en sus propias vacilaciones e incapaz de ponerle algún tipo de límite a los poderes fácticos comenzó a ganar terreno entre propios y extraños. CFK fue una de las primeras en advertirlo, y a mediados de diciembre pasado, en un acto en La Plata, planteó con claridad la necesidad de un cambio de rumbo.
Sin embargo, a lo largo del verano, el gobierno se vio envuelto en un sinfín de dificultades, agravadas muchas veces por limitaciones propias: vacunas que llegaban en cantidades que no se condecían con las expectativas previas, fallos judiciales adversos que demostraban la robustez del entramado judicial del macrismo, una inflación mucho más alta de lo que se había previsto y un aumento imparable en el precio de los alimentos de primera necesidad. En ese contexto, y en el preciso momento en que el gobierno anunciaba la creación del Consejo Económico y Social (una iniciativa dialoguista impulsada por los sectores más moderados del FdT) estalló lo que se dio en llamar el “escándalo de las vacunas”, un error inexplicable que le costó al gobierno la renuncia de uno de sus ministros más importantes y en el que la oposición de derecha, exultante, creyó encontrar por un momento su propio Watergate.
Paradójicamente, la rápida y eficaz respuesta del presidente ante la crisis tuvo el efecto impensado de dinamizar al gobierno, dejando al mismo tiempo en evidencia la creciente brecha que se abre entre el enorme poder de fuego del entramado económico, mediático y judicial, y la dificultad de su brazo político para convocar, como en años anteriores, movilizaciones masivas.
En ese contexto, el primero de marzo llegó con novedades. Al inaugurar el nuevo período legislativo, el presidente optó por dejar de lado su proverbial moderación, caracterizando el proceso de endeudamiento externo como la mayor malversación de fondos de la historia argentina, anunciando que el Estado demandará penalmente a sus responsables, y resaltando los lazos que vinculan a la corporación judicial con los intereses económicos y mediáticos. A los pocos días, el alegato de CFK en la causa por la venta de dólar futuro no hizo más que reforzar este giro en la política gubernamental, convirtiendo su defensa en una especie de radiografía que dejaba a la vista todos los engranajes del poder real.
Este cambio de orientación, al menos en el plano discursivo y simbólico, se explica por varios factores. El primero de ellos tiene que ver con el frente interno y el evidente fracaso de la táctica consistente en ceder a las presiones de la derecha con el objetivo de morigerar sus ataques. En paralelo, y en sectores más amplios que el propio kirchnerismo, fue creciendo la certeza de que si no se avanzaba rápidamente (léase antes de las elecciones de medio término) sobre la tríada poder económico – medios hegemónicos – corporación judicial, se corría el riesgo de licuar buena parte del capital político acumulado, lo que haría todavía más difícil resistir los embates de los poderes fácticos. En el caso de tomar ese camino, era evidente por donde había que empezar. La carta que dio a conocer CFK en diciembre de 2020, al cumplirse el primer año del gobierno de Alberto Fernández, estuvo dirigida casi exclusivamente a denunciar el proceso de “Lawfare” encabezado y dirigido por la Corte Suprema de Justicia.
A lo largo de un año entero, la inacción del gobierno en relación a la cuestión judicial fue prácticamente total, y se volvió incontrastable la sensación de que en ese ámbito, contando con mecanismos establecidos por la constitución, se hizo mucho menos de lo que se podía hacer. El hecho de que CFK apunte contra la corporación judicial no tiene nada que ver con las causas tramitadas en su contra, como pretenden los medios de prensa hegemónicos. La elección es meramente política: de los tres eslabones de la cadena de poder, el judicial no sólo aparece como el más débil, sino también como el más desprestigiado, con el aditamento de que son mayoritariamente las clases populares las que sufren en carne propia la violencia y la arbitrariedad que se ejerce desde los tribunales. En ese sentido, no debiera subestimarse la capacidad de CFK para interpelar y generar empatía en amplios sectores sociales.
El segundo factor que contribuye a esta radicalización discursiva, sobre todo en relación a la cuestión de la deuda, tiene que ver con la coyuntura económica y los tiempos electorales. El gobierno llegó a la conclusión, bastante lógica por cierto, de que la deuda con el Fondo Monetario Internacional era absolutamente impagable, y que no se podía poner en riesgo el resultado de las elecciones legislativas con un acuerdo económico que necesariamente implicaría un ajuste considerable del gasto público. En el marco de una plaza cambiaria relativamente estable y un crecimiento significativo de la liquidación de divisas por parte de los exportadores, se fue volviendo cada vez más atractiva la idea de dilatar los tiempos de ese acuerdo. Sin embargo, el gobierno fue bastante más allá al señalar que todo el proceso de endeudamiento y fuga de capitales orquestado por el macrismo no fue otra cosa que una gigantesca malversación de fondos públicos, ya que discutir sobre la legalidad o ilegalidad de la deuda externa implica, lisa y llanamente, patear el tablero y empezar a negociar en otros términos.
El tercer factor, como se señaló anteriormente, tiene que ver con la necesidad imperiosa de revitalizar la gestión de gobierno y recuperar la confianza y el entusiasmo de la propia base electoral, que estaba esperando desde hacía meses un desplazamiento hacia posiciones de mayor confrontación. En este sentido, la impronta de la ex presidenta es innegable. Sin embargo, el nuevo escenario no es el resultado de una feroz interna dentro del FdT, sino el producto de un convencimiento que fue madurando, aquí y allá, a partir de la propia experiencia. Por eso es que tanto el discurso de Alberto Fernández como el alegato de CFK, casi simultáneos en el tiempo, deben ser leídos como una sola pieza, lo que no deja de ser una pésima noticia para la derecha política, que se ha mostrado incapaz de resquebrajar la unidad del peronismo y la alianza entre sus dos principales referentes, la misma que terminó por desalojarla del gobierno.
Si bien se anunciaron algunas medidas concretas (como la suba hasta los 150.000 pesos del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias, una medida impulsada por el sector de Sergio Massa y con la que el gobierno aspira a disputar una porción del electorado macrista) lo que prevalecieron fueron las palabras, que pueden ser un punto de partida interesante, pero sólo si tienen un correlato en la práctica. De lo contrario, se las lleva el viento. Ese será el desafío en los meses venideros, donde el oficialismo pondrá todas sus fichas en la recuperación de la actividad económica y en la campaña de vacunación, que en las dos últimas semanas parece haber adquirido un ritmo significativo.
La economía crecerá (aunque a niveles muy inferiores de los que podría hacerlo si se dejaran de lado ciertas concepciones monetaristas) pero no hay por el momento ningún indicio de que ese crecimiento pueda palparse en los bolsillos de las clases populares, fuertemente castigadas por el brutal aumento de los precios de la canasta básica alimentaria (4,6% en el mes de enero). Al momento de alinear precios con salarios, el gobierno exhibe su faceta más preocupante. Los acuerdos de precios se han revelado totalmente ineficaces, poniendo en serio riesgo, en apenas dos meses, la pauta inflacionaria prevista en el presupuesto 2021. Si eso no se revierte, los salarios seguirán corriendo detrás de la inflación, profundizando la caída acumulada a lo largo del 2020 y erosionando fuertemente la legitimidad del gobierno.
Por otro lado, no pueden obviarse ciertos límites estructurales que replican de manera casi exacta lo que ocurrió durante los doce años del ciclo kirchnerista. Uno de ellos tiene que ver con el avance del extractivismo y la megaminería, un proceso promovido en diferentes provincias por gobernadores aliados al FdT y que ha generado masivas movilizaciones de protesta, sobre todo en Chubut, pero también en otros puntos del país. Subordinar este tipo de cuestiones (y también otras, como la violenta represión de ayer en Formosa) a las exigencias del armado político también tiene sus costos. Flaco favor le hacen, quienes defienden al oficialismo, mirando para otro lado.
Las palabras de Alberto Fernández y de CFK tuvieron el efecto de un sacudón: despertaron al gobierno de un estado de letargo que se estaba volviendo francamente peligroso y revitalizaron las expectativas de sus votantes. Ahora falta lo más importante: que esas palabras sirvan para empezar a cambiar las cosas.
