Argentina es la segunda reserva mundial de litio en el planeta luego de Bolivia, y junto a Chile conforman el Triángulo del Litio, que representa el 53% de las reservas mundiales. Aunque el país se ubica como cuarto productor mundial de este mineral, el Estado argentino percibe casi nulas ganancias.
En el proceso de explotación y exportación, Argentina retiene menos de un 2% de las ganancias, en comparación con otros países como Chile, que el Estado se queda con el 40%, Bolivia el 100%, o México que ya cuenta con una empresa estatal y va en camino a ser partícipe de su explotación litífera.
Hoy Argentina resulta el mejor negocio para el mercado minero internacional, por sus bajas regulaciones que permiten la extracción de cantidades enormes del mineral a muy bajos costos. ¿Por qué sucede esto?
Fuga de litio y de dólares
La producción y comercialización de litio se encuentra regulada bajo el Código Minero (Ley 24.498), modificada en 1995 “que garantiza la propiedad y el dominio a las empresas privadas”, aclara para ARG MEDIOS, Bruno Fornillo, investigador del CONICET, y Doctor en geopolítica. “Incluso manejan la tenencia como si fuese un inmueble que cotiza en bolsa”, aseguró.
El edicto es de gran alcance por no poseer en la Constitución Nacional ningún artículo que defina el carácter minero de este país. Además, el recurso litífero se encuentra regulado bajo el Código Minero por no tener reglamentación propia.
Entre los beneficios que le otorgan a las empresas están la estabilidad tributaria por 30 años en impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, devolución del IVA en compra de bienes o servicios; exención del pago de aranceles para bienes de capital e insumos. Pero lo más escandaloso: un tope en la tarifa de la regalía del 3 % del valor boca-mina, es decir del mineral recién extraído. Sí se descuentan luego los costos para su posterior exportación, las regalías descienden a un 1,5% que es lo que hoy se lleva la provincia de Jujuy.
En segundo lugar, la última Constitución Nacional reformada en 1994, establece que las dueñas de los recursos naturales son las provincias, por lo tanto de los actuales dos proyectos de explotación de litio que existen en suelo argentino, Jujuy y Catamarca son quienes perciben mínimas ganancias. De esta forma, las grandes empresas deben negociar con provincias y no con el Estado nacional.
Los actuales proyectos son: Livent en Catamarca con el 100% de capitales estadounidenses. En el caso de Sales de Jujuy, las acciones se las reparten entre la japonesa Toyota y una australiana. Pero en realidad, en la composición accionaria figuran firmas como la JP Morgan de EE.UU. y el grupo HSBC de Reino Unido, Investment Management, HSBC Investment Funds y BNP Paribas Asset Management. La mayoría norteamericanos y tenedores de bonos de la deuda externa argentina.
Además de llevarse a precios regalados el material extraído en suelo argentino, tanto Livent como la empresa que opera en Jujuy, fueron denunciadas por subfacturación.
En el 2022, el precio internacional del litio era de entre 70 y 90 mil dólares la tonelada. Sin embargo, ambas empresas exportaron por precio declarado 40 mil y 7 mil dólares la tonelada. En 2022 según el indec, Argentina exportó 30 mil toneladas de litio por 696 millones de dólares,o sea 23 mil dólares la tonelada de litio, cuando en el mundo el precio promedio era de 75 mil.
Además, las comunidades originarias de la región han denunciado centenares de veces los daños ambientales que producen estas empresas como la sequía de ríos y cursos de agua, la corrupción y falta de transparencia e información.
Proyecto de ley para declarar
LITIO RECURSO ESTRATÉGICO NACIONALPresentaremos el proyecto para proteger la exploración, extracción e industrialización del litio considerando a éste como recurso estratégico para la nación.#Litio #Soberania
➡️ https://t.co/kEFZx8X88Z pic.twitter.com/FAcWCUTbjf
— Juan Carlos Alderete (@JCAlderete_CCC) April 28, 2023
Recurso estratégico como salida
¿Pero por qué declarar al litio recurso estratégico? Según Fornillo, “esta sería la manera en que el Estado Nacional pasaría a tener participación en su regulación, y ya no quedaría únicamente en manos de las provincias”.
El carácter de estratégico merece una categoría diferenciada a través de una Reforma Ampliada, estableciendo la preferencia a la concesión a empresas públicas (nacionales, provinciales o mixtas) como por ejemplo Y-TEC.
“La idea que proponemos es que haya una retribución económica del 26% al Estado, 25% a la provincia y 49% a los privados. Con la presencia de un Convenio que establece que el 3,5% de lo recaudado en las ventas de carbonato de litio se destina a las comunidades indígenas que se encuentran en los territorios”, considera el investigador. Por esas mismas vías fue Chile que nacionalizó el litio el pasado 21 de abril, y México que lo hizo el 19 de abril. Bolivia y Brasil ya tienen declarado al litio como recurso estratégico.
Los intentos que hay en Argentina son pocos. En el 2020, el diputado Lucas J Godoy presentó un proyecto para declarar al litio recurso estratégico. Sin embargo no tuvo éxito y se quedó durmiendo en los cajones del estrado. Hace apenas unos días, Juan Carlos Alderete, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y Verónica Caliva, diputada nacional por Salta, junto a otros diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos, presentaron un proyecto que va en esa misma línea.
Para Fornillo, “no hay voluntad política”, porque entre otras cosas, “este gobierno no quiere enfrentarse a las provincias”, y por ahora, el debate “se esconde bajo el discurso de un falso federalismo”.
Aunque varios funcionarios se han pronunciado a favor de esta medida lo cierto es que las provincias dueñas del recurso se oponen fervientemente, ya que tienen el negocio directo con los países inversores, como el caso de Gerardo Morales con Estados Unidos. Sin embargo, la Vicepresidenta fue quien alertó y anunció que hay que ir por esas vías.
