La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo público el texto con el que recusa a María Eugenia Capuchetti, la jueza que investiga el intento de magnicidio contra su persona.
La mandataria ya había anticipado que iba a presentar el pedido de recusación de Capuchetti por la lentitud e irregularidades en la investigación. El documento consta de 37 páginas con los motivos por los cuales se opone a que la magistrada siga a cargo del expediente, firmado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
Los abogados y Cristina Fernández detallaron sus argumentos para recusar a la jueza:
El celular de Sabag Montiel
La pérdida de información del teléfono del agresor Fernando André Sabag Montiel, fue el primer argumento detallado que muestran las irregularidades en la investigación. En el documento se detalla que la magistrada rompió la cadena de custodia.
“El sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto. Esto surge del Acta de Recepción realizada por la PSA el día 02 de septiembre a las 23:00 horas”, se explica en la recusación.
El problema no fue sólo que el sobre llegó abierto, sino que aún más grave fue que llegó reseteado a cero.
La posible vinculación de Gerardo Milman
La vicepresidenta plantea inconsistencia en la no investigación en la línea que vincula al diputado nacional de Juntos, Gerardo Milman, con el atentado. Un testigo clave declaró que el 30 de agosto escucho decirle a Gerardo Milman a dos mujeres: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa”.
“La jueza solo solicitó las cámaras de los lugares aledaños, pero no pidió informes respecto de un viaje a la costa. Cuando llegaron las grabaciones de las cámaras, la jueza nos dijo (informalmente) que no había registro de Milman en las grabaciones”, sostiene el documento.
Desde la defensa argumentan que se encargaron de revisar los videos de las cámaras e identificaron a Gerardo Milman en el bar de Casa Blanca. Las contradicciones entre las asesoras de Milman y el propio diputado aumentaron las sospechas por parte de la querella y el pedido de secuestro de sus celulares.
La línea vinculada con el financiamiento
La defensa también reniega de la decisión de no ir más allá de las personas hasta ahora procesadas. Aquella definición se refleja en la nula investigación de todo aquello relacionado con el financiamiento a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.
Según la defensa, cuatro testigos diferentes han señalado la probabilidad de que el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner haya estado financiado.
Joana Colman, amiga de Gabriel Carrizo, advirtió en un grupo de WhatsApp la misma noche del intento de magnicidio. Allí, manifestó: “Por otra fuente se que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal eh… a ver como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿si?”.
Vínculos de Capuchetti con la AFI macrista
Según detallaron los abogados y la propia Cristina Fernández de Kirchner, la jueza Capuchetti “no es ni objetiva ni subjetivamente imparcial”. No es objetivamente imparcial debido a sus indebidas relaciones con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista.
El documento detalla que la jueza visitaba regularmente la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Dicha agencia estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria.
Según surge de notas periodísticas, en la mesa de entrada de la AFI constan las entradas y salidas de la ahora jueza, que habría visitado el organismo en seis oportunidades. Cuando Capuchetti visitaba la Agencia de Inteligencia aun no era magistrada. Pero esto no hace sino agravar la situación. Es que está claro que no fue en una misión oficial. La causalidad parece ser visitar la AFI y luego ser nombrada jueza federal.
Como si esto fuera poco, el trabajo de la Comisión Bicameral de Inteligencia mostró que la hermana de Capuchetti trabajó en escuchas en la dirección de Contrainteligencia durante el espionaje ilegal al kirchnerismo. Específicamente, se habría desempeñado en la Base Pilar, uno de los focos del llamado “Proyecto AMBA”.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apunta a encontrar a los autores intelectuales del intento de magnicidio. Mientras que la jueza Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo.
