El pasado lunes 8 de mayo comenzó el juicio por la Masacre de San Miguel del Monte, en la que cuatro jóvenes murieron tras una violenta persecución policial. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, a cargo de la jueza Carolina Crispiani, y se extenderá a lo largo de diez jornadas consecutivas, por lo que su finalización está prevista para el 17 de mayo.
Por la masacre de San Miguel del Monte se encuentran imputados al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal.
Se les imputa el delito de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego y violación de los deberes de funcionario público” de Aníbal Suárez (22), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Camila López (13), y la tentativa de homicidio de Rocío Quagliarello (entonces de 13 años).
El juicio se inició este lunes con la elección del jurado popular que dentro de 10 días deberán definir si los policías imputados son culpables o no culpables. Además, el fiscal de juicio, Mariano Sibuet, manifestó en el inicio del debate que “lo que pasó fue un acto atroz que dio inicio la noche del 19 de mayo del 2019. Eran chicos normales, que tenían cercanía entre ellos y habitualidad”.
El fiscal relató los hechos trágicos y detalló que “durante el último tramo, García se asomó por la ventanilla y disparó cuatro veces más contra el auto. La cantidad de disparos de arma de fuego y la velocidad hicieron que el auto perdiera el control. Como consecuencia directa, murieron cuatro de ellos”.
El juicio oral continuó este martes 9 de mayo, donde tuvieron lugar las declaraciones de los padres de las víctimas y otros testigos. El hermano de Aníbal Suárez, Emanuel, señaló que la policía local había extorsionado a su hermano un mes antes del hecho tras haberlo detenido porque no poseía los papeles en regla de su automóvil, y le había exigido el pago de “una coima de 35.000 pesos”.
Un mes antes de la denominada masacre de Monte, agentes bonaerenses detuvieron a Emanuel junto a su hermano Aníbal: “La policía nos hizo seña de luces y nos llevaron a la comisaria. Ahí nos empezaron a apretar porque teníamos el domicilio en Misiones. Que teníamos que pagar una multa para salir. Como no teníamos domicilio en Monte, nos dijeron que iban a dejarnos detenidos”, declaró Emanuel.
Durante la audiencia también declaró Susana Ríos, la madre de Gonzalo Domínguez. La mamá de la víctima contó que en el hospital se encontró con la intendenta de aquel entonces Sandra Mayol, y los funcionarios municipales Hugo Medus y Claudio Martínez, quienes le negaron que hubieran existido disparos contra el Fiat 147 en el que viajaba Gonzalo.
El alegato de apertura de la defensa de los policías imputados le atribuyó la responsabilidad de los hechos a Aníbal Suárez, a quien acusó de manejar en estado de ebriedad, de huir de la policía tras conducir en zigzag, a la vez que manifestó que ese joven “también emborrachó a los adolescentes”.
Sin embargo, Jonathan Coria Peralta, un empleado de una pizzería frente a la Municipalidad de San Miguel del Monte, complicó la teoría de la defensa, ya que relató que aquella noche pasó con su vehículo al Fiat 147 en el que viajaban las víctimas, y manifestó que “el auto circulaba de forma normal” y aclaró que “no iba en zigzag”.
La masacre de San Miguel del Monte
El 20 de mayo de 2019 se produjo una nueva masacre por la intervención armada de la policía de la provincia de Buenos Aires. Alrededor de la 1:00 am, tras ser perseguidos por dos vehículos policiales de la Estación Comunal de San Miguel del Monte, cinco jóvenes en un Fiat Spazio impactaron contra un acoplado estacionado. Cuatro de ellos perdieron la vida: Danilo Sansone tenía 13 años, Gonzalo Domínguez, 14, Camila López, 13 y Carlos Aníbal Suárez, 22. La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello, de 13 años, que estuvo 25 días internada en grave estado en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
Los policías persiguieron y dispararon hacia el vehículo en distintas oportunidades impactando en el mismo y en el cuerpo de uno de los ocupantes. Luego se pudo determinar que se desplegó una extensa actividad para encubrir lo ocurrido e instalar la idea de un accidente. Cuando no pudo negarse la persecución, se falsearon testimonios para ocultar los disparos policiales.
