El día de ayer miles de personas se movilizaron desde Av. 9 de Julio hasta el Congreso Nacional para mostrar su apoyo a la reforma de la Ley Nacional de Barrios Populares y presionar su inmediato tratamiento en las diferentes cámaras legislativas. La columna fue encabezada por integrantes de la Mesa Nacional de Barrios Populares, espacio integrado por la UTEP, Techo, Caritas y diversas organizaciones regionales que impulsan la integración urbana de villas y asentamientos.
Integrantes de cooperativas de construcción marcharon con palas, picos, carretillas y cascos. Sobre la Plaza de los Dos Congresos se montaron representaciones de conexiones intradomiciliarias de agua, uno de los trabajos de integración urbana más habituales. La reforma de la ley 27453 implicaría continuar con los relevamientos en barrios populares y las obras desarrolladas por cooperativas, también la incorporación de más de 1200 barrios más al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y el freno a desalojos por diez años ya que el plazo vigente de la ley actual vence el corriente mes.
“Fue importantísima la demostración de fuerza que hicimos hoy en las calles. Así es como construimos derechos, con lucha y profunda conciencia, declaró Gastón Reyes, vocero nacional de la Rama de Construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos. “La semana que viene se vota la ley, específicamente el día miércoles 12 de octubre. De no cumplirse tendremos que volver a la calle”, aseguró.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió a una comitiva de la marcha y aseguró que el proyecto será tratado el miércoles de la semana que viene, además de reforzar el apoyo de los diversos bloques legislativos a la iniciativa y la garantía de continuar con esta política de Estado. El proyecto ya cuenta con dictamen de consenso de las diferentes comisiones por donde fue tratada. Dieron su consentimiento miembros de la oposición como Silvia Lospenato de Juntos por el Cambio y Graciela Camaño de Consenso Federal.
El proyecto fue presentado por los canales formales del Ejecutivo, centralmente desde la Secretaría de Integración Urbana (SISU) encabezada por Fernanda Miño, catequista y militante villera que reside actualmente en La Cava, San Isidro. De no llegar con los tiempos administrativos que implican la aprobación de la norma, se evalúa desde la cartera de Desarrollo Social donde habita la SISU, impulsar un decreto específico para el freno de los desalojo. Según trascendidos, el ministro Juan Zabaleta estaría de acuerdo con tomar esta medida ante este escenario.
“Hay 800 barrios a los que quieren desalojar si se cae esta ley. Venimos movilizándonos desde muy lejos para poner sobre la mesa que esta tiene que ser una cuestión de Estado”, aseguró Gastón Reyes.
