Una sucesión de hechos vuelve a recalentar la Patagonia: la comunidad lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero (Río Negro), deberá enfrentar un juicio por supuesta “usurpación” el próximo 16 de agosto, al tiempo que la comunidad Lof Paillako (Chubut), espera una orden de desalojo que -para sus integrantes- podría terminar siendo violenta.
Como si fuera poco, esta semana la localidad de Mallín Ahogado -cerca de El Bolsón- fue sacudida por el crimen de un hombre identificado como mapuche, en el marco de un operativo policial. Si bien el hecho pareciera estar desunido a un conflicto por la tierra de una comunidad mapuche particular, lo cierto es que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, prácticamente celebró el hecho.
“He ordenado al Ministerio de Seguridad y Justicia, y a la Policía que respalden al efectivo involucrado con todo el asesoramiento legal necesario”, expresó Weretilneck, al tiempo que agregó: “no permitiré que quienes arriesgan su vida en cumplimiento del deber queden desprotegidos”.
Lo más grave reposa en el hecho de que el mandatario pareciera alinearse rápidamente al discurso punitivista que emerge desde el ministerio que ahora vuelve a conducir la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La última vez que la funcionaria estuvo en este cargo, dos hechos sacudieron a la región: la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato del joven mapuche, Rafael Nahuel. En el segundo caso, hay oficiales de Prefectura que fueron juzgados.
Pero las comunidades saben que además del escenario represivo que ya estaban viviendo desde hace décadas -y con el paso de todos los gobiernos democráticos-, ahora se le agrega otros elementos que podrían justificar nuevos desalojos violentos: uno de ellos es la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que solo genera preocupación.
Juicio por usurpación a la comunidad Lof Quemquemtrew
El territorio que ahora ocupa de forma pacífica la comunidad Lof Quemquemtrew pertenecía a la familia Quintupuray, que fue desalojada de forma violenta tras el asesinato de Lucinda en 1993. Al siguiente año, su hijo –Víctor– fue encontrado sin vida. Las muertes nunca se investigaron ni juzgaron. A pesar de este escenario, el Estado convirtió esas tierras en fiscales, pero al mismo tiempo se las cedió al empresario Rolando Rocco, un empresario papelero, por lo que la zona se empezó a poblar de pinos foráneos.
En septiembre del 2021, la comunidad ingresó a ese territorio ancestral mapuche. Tal como relatan sus integrantes, la zona se encontraba completamente deshabitada, con alambres podridos y sin vestigios de presencia humana.
Sin embargo, tan solo dos meses después, dos sicarios del empresario Rocco ingresaron al lugar y asesinaron de un disparo al jóven mapuche Elías Garay, al tiempo que hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera. Los sicarios fueron identificados después como Diego Ravasio y Martín Feliberg, empleados de Rocco.
Posterior al crimen de Elías, la comunidad resistiría varias semanas en el territorio, con la ayuda de muchas personas que se acercaban con alimentos y otras necesidades, ya que la policía impedía que la comunidad baje.
Tres años después, la muerte de Elías sigue impune, pero la comunidad Lof Quemquemtrew está sentada en el banquillo de los acusados por supuesta usurpación.
“Hace unos meses, de manera repentina, la justicia pidió que sea efectiva la medida cautelar de desalojo y que se realice el juicio. Instamos al gobierno que interceda porque estamos en tierras que son fiscales y el señor Leandro Rocco no tiene papeles y sus hombres asesinaron a dos de nuestros hermanos”, dijo una de las integrantes de la comunidad, Romina Jones, en un video que circuló para difundir la situación.
“Somos guardianes del bosque nativo, ya que el pino foráneo que implantó Roco se está reproduciendo en esta tierra. Al lugar lo encontramos en total abandono. No había vestigios de ninguna construcción”, agregó.
“Acá no hubo despojo ni se echó a nadie. Ingresamos y recuperamos un territorio que estaba en completo abandono. Seguimos apelando que la solución sea política a través de la intervención del gobierno de Río Negro”, pidió la mujer.
Orden de desalojo en la Lof Paillako
En el mismo momento que la situación de la comunidad Lof Quemquemtrew se complejiza y tanto el poder político como judicial de Río Negro parecen ubicarse de un solo lado del mostrador, en Chubut el panorama para la comunidad mapuche no parece ser muy distinta.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, cedió a una demanda de la Administración de Parques Nacionales -bajo la presidencia de Cristina Larsen– y ordenó desalojar a la comunidad Lof Paillako, que podría efectuarse este próximo 19 de agosto.
El magistrado es el mismo que hasta hace pocas semanas tuvo en sus manos la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Si bien el juez comenzó investigando el rol de la Gendarmería, finalmente optó por inclinarse en la hipótesis de que el joven “se ahogó solo”, dejando de lado considerables pruebas.
La comunidad Lof Paillako decidió recuperar su territorio en 2020, pero desde entonces han sido criminalizados y acusados de incluso incendiar bosques del Parque Nacional Los Alerces.
Con la llegada de Javier Milei al poder, la administración de Parques Nacionales recrudeció su mirada con la comunidad mapuche en general. De hecho, la actual directora de Comunicación de Parques Nacionales, Iael Gueler, prohibió flamear la bandera mapuche en los Parques y también prohibió realizar ceremonias de esta Nación.
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“Desde la Puel Vili Mapuche lof Mapuche-Tehuelche Pillan Mawisa, expresamos nuestra solidaridad con el lof mapuche Pailako, contándole a la opinión pública de argentina y de otros pueblos del mundo que la dictadura racista que padecemos en argentina se ha mantenido desde la confirmación del estado hasta la fecha”, dice un comunicado que difundió la weichafe mapuche, Moira Millán.
“Sin embargo en la actualidad adquiere una dimensión de deshumanización tenebrosa, apoyada por los medios de comunicación corporativos vinculados a intereses extractivistas que instalan información falsa, como cuando afirman que los miembros de la Lof Pailako son autores del gran incendio de este verano”, continúa.
Por su parte, la propia comunidad Paillako difundió un comunicado: “El estado argentino nos quiere desalojar del territorio en nombre de parques nacionales. Nos presiona y amenaza con fallos judiciales que solo benefician a la gente con poder económico.¿En qué se beneficia usted que vive en un barrio de esquel o trevelin del desalojo de las familias que vivimos aquí?”, sostiene y cierra: “Las personas que aquí habitamos, ¿en qué le perjudicamos a usted en su cotidiano? ¿En su día a día?”.
