El miércoles pasado el proyecto de reforma de la ley de regulación dominial para la integración socio urbana tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada por 227 votos afirmativos, a pesar de 2 votos negativos – Francisco Sánchez (PRO) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones – Gustavo Hein (PRO), Marilú Quiroz (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria)-. El voto positivo por amplia mayoría se preveía ya que el proyecto contaba con dictamen de consenso de las diferentes comisiones en las que fue tratado.
La ley sancionada en el 2018 permitió la declaración de interés público de la integración socio urbana y la creación de un fideicomiso como instrumento para lograrlo: el Fondo de Integración Socio Urbana que se constituyó en el año 2020 y está compuesto principalmente con financiamiento del Aporte de las Grandes Fortunas y del Impuesto PAIS.
La reforma fue presentada por la Secretaría de Integración Socio Urbana encabezada por la catequista y militante social Fernanda Miño, quien es a su vez vecina de la villa La Cava, una popular barriada del partido de San Isidro. El proyecto contó desde un primer momento con el apoyo de la Mesa Nacional de Barrios Populares, espacio que aglutina a la UTEP, Techo, Caritas y diversas mesas regionales.
“La política tiene la responsabilidad de construir grandes consensos que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerados. Hoy dimos un paso fundamental para consolidar una política de Estado que se sostenga y se profundice en el tiempo, para construir un país donde ningún niño o niña crezca sin acceso a derechos básicos como tener agua potable”, explicó Fernanda Miño.
“El próximo paso será garantizar un fondeo plurianual que otorgue continuidad a las obras que se están realizando en más de 700 barrios y las nuevas que vendrán. Somos conscientes que no alcanza solo con la integración social y urbana de nuestros barrios, para poder tener el país digno y feliz que queremos pero también es cierto que sin esa transformación, aquella Argentina será imposible”, agregó Miño.
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Durante el debate en el recinto, la diputada por Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato consideró que “es una ley que poco a poco va convirtiéndose en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. Al mencionar que comenzó y fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, la diputada reconoció que “fue continuada y mejorada en el gobierno de Alberto Fernández”.
Durante su turno, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá aclaró que votaría a favor por “la prohibición o suspensión de los desalojos”, la cual consideró “una medida muy concreta, de aplicación directa e inmediata en favor de las familias que habitan estos barrios y en forma sistemática están asoladas por estas amenazas”.
Quien cerró el debate fue Natalia Zaracho, primera diputada cartonera y militante del Frente Patria Grande. “Con la ley del 2018 conseguimos que se suspendan los desalojos y también algo muy importante que son los certificados de vivienda. Hoy traje el mío que me llena de orgullo”, manifestó mostrando en alto su certificado de vivienda en Villa Fiorito en donde vive junto a su familia y provocando el aplauso de todo el recinto.
“Vinimos con una representación nacional de la Mesa de Barrios Populares para garantizar que se frenen los desalojos y continuar con las obras cooperativas en los más de cinco mil barrios de nuestro país”, comentó Gastón Reyes, referente de la Rama de Construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos quien se hizo presente en la votación.
El espacio al que representa (que el pasado miércoles movilizo de 9 de julio a Congreso) comienza un proceso de reuniones y gestiones con los diferentes jefes de bloques de la Cámara de Senadores, el nuevo desafío que se presenta para la aprobación definitiva de una ley que transforma cotidianamente la vida de más de un millón de personas.
