México nacionalizó el litio y Argentina duerme en los laureles

México dio fin al proceso iniciado el año pasado con la reforma de la ley minera y tomó una decisión histórica para el país: Nacionalizar el litio. Argentina, sin definiciones y con controversias, la decisión pareciera dilatarse más.

Por
Bianca Coleffi
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México cuenta con el 2,3% de las reservas mundiales de litio, una extensión de 2350 kilómetros cuadrados. El equivalente a la provincia de Chubut pintada de “oro blanco”. Su reglamentación inició el año pasado con la reforma de la ley minera donde se declaró como “de utilidad pública” a la exploración, la explotación y el aprovechamiento del mineral.  El Estado mexicano pasó a regular el uso exclusivo del recurso, a través de la creación de LitioMx, empresa pública a cargo de la Secretaría de Energía. 

“Lo que estamos haciendo es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, anunció el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Las expectativas de una industria de autos eléctricos son altas para los mexicanos que estiman una producción anual de 17 mil toneladas. “El 35% de todos los autos nuevos que se vendan en el estado de California tendrán que ser híbridos de hidrógeno o eléctricos”, dijo Durazo Montaño. “Eso hará que para el 2023 haya un desarrollo del 68% para los mexicanos, y del 100% en 2035”, aseguró el gobernador.

 

Argentina aún sin definiciones

Aunque en Latinoamérica aún no es común la utilización de autos eléctricos, en Europa, Estados Unidos y China ya es una realidad. Si la demanda actual de eléctricos continúa al mismo ritmo en 2050, solo las necesidades de litio del mercado de vehículos estadounidenses en 2050 requerirían el triple de la cantidad de litio que se produce actualmente en todo el mercado global. 

Los proveedores principales están en América del Sur: Chile en un primer lugar, con 26.000 toneladas métricas producidas en 2021, seguido de Argentina con 6.200 y Brasil con 1.500. Aunque Bolivia está ubicado dentro de la zona estratégica del triángulo de litio, con 21 mil toneladas de reservas, no influye en el mercado global ya que su principal producción tiene un destino nacional. 

Chile y Argentina están en la mira del mundo. Aunque Chile no haya tomado una definición, su política viene siendo la firma de contratos híbridos; Estado y multinacionales, para la explotación del mineral. 

En Argentina el recurso generó 700 millones de dólares de exportaciones durante 2022 y prevé inversiones por 5.000 millones de dólares en los próximos años. El debate gira en torno a quién debería administrarlo.

La letra chica 

Declarar al litio recurso estratégico es un primer paso hacia la nacionalización, aunque las provincias principales productoras de litio se oponen fuertemente. La Constitución está de su lado: desde 1994 Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera a través del cual las provincias tienen el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones para explorar y explotarlos, mientras que Nación recibe la mayor parte de los recursos tributarios vinculados a la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología. 

Como una alternativa a la nacionalización, se creó la Mesa de Litio, conformada por Jujuy, Catamarca y Salta, las provincias que cuentan con mayor cantidad de reservas de litio en su territorio. La preside Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y quien ha tenido últimamente reiteradas apariciones públicas en defensa provincial del mineral estratégico.

En tierra de Morales el proceso se lleva adelante con la empresa estatal provincial Jemse y las extranjeras Lithium Americas Corp (Estados Unidos) y Ganfeng Lithium (China).  A diferencia de Catamarca, donde opera únicamente Proyecto Fénix, que está en el Salar del Hombre Muerto y pertenece a la compañía Livent Corporation, subsidiaria del grupo estadounidense FMC. Salta aún sin operaciones porque todavía no tiene ningún proyecto en producción, pero se unió a la Mesa para fijar un criterio similar en los tres distritos. 

Del otro lado, la propuesta de que el recurso sea administrado por el Estado Nacional y las provincias sean adherentes. La Rioja fue la primera en sumarse con la ley 10.608, sancionada en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados riojana en diciembre del año pasado, que declara al litio recurso estratégico de la provincia.

La norma cuenta con 7 artículos y el conflicto está centrado en dos de ellos. El tercero, que suspende por 120 días los permisos relacionadas al litio en toda la provincia, y le da al poder ejecutivo la potestad de prorrogar ese mismo plazo por única vez. El cuarto establece que, en los territorios que el ejecutivo determine como zonas de interés, la empresa minera no podrá otorgar permisos, y las mismas deberán realizarse con participación de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), una empresa pública estatal de La Rioja para el desarrollo de la actividad minera y energía en la provincia.

La medida firmada por El gobernador Ricardo Quintela, generó un fuerte reproche de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que alertaron por los posibles perjuicios de la legislación al desarrollo de la actividad en la región.

La reciente novedad del país centroamericano fue celebrada por un sector del Frente de Todos quien además reclamó por la nacionalzación del recurso, y aplaudió la decisión tomada por la provincia de La Rioja. Los diputados Juan Carlos Alderete, Itai Hagman, Juan Marino, y el dirigente Juan Grabois saludaron y expusieron en sus redes sociales.

 

Lo cierto es que en un año electoral sumado a los aires de incertidumbre política que respira hoy el país, el futuro del litio no sería una prioridad. Sin embargo, las presiones globales y los ojos que miran hacia Sudamérica no esperan. La decisión de qué se hará con el litio será tarea del gobierno que viene.