Este 16 de enero, Milagro Sala cumple siete años detenida en Jujuy por la persecución iniciada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, quien intervino la justicia con el afán de condenar a la dirigente social y disciplinar al resto de las organizaciones sociales.
A siete años de su encarcelamiento, en la sede de ATE Capital, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos solicitaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que le otorgue a Milagro Sala un indulto.
Pese a las fotos y palabras amenas del presidente con Milagro Sala, en lo concreto nunca activó ninguna intervención que permita romper con la persecución que la lideresa social ha sufrido en este tiempo. Hace pocos días, en una entrevista a Página 12, Milagro Sala declaró: “Que Alberto tenga la valentía de decidir mi libertad” y hasta lo llamó “Judas” por la inacción posterior a la visita del mandatario cuando ella estuvo internada por problemas de salud.
El principal argumento que sostiene Fernández es que no puede decretar un indulto por tratarse de una condena de la justicia provincial. En ese sentido, tras una reunión con abogados de Derechos Humanos les solicitó que reúnan ideas de cómo podría intervenir para liberar a Milagro Sala.
Lo cierto es que el sistema internacional de Derechos Humanos y el Tratado de San José de Costa Rica establece que las vulneraciones y violaciones cometidas en un Estado provincial obligan al Estado nacional a tomar las medidas reparatorias correspondientes.
Las organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos le reclamaron a Alberto Fernández que tome acciones para la libertad de Milagro. “Le decimos al presidente de la Nación que parte del compromiso político al Frente de Todos y acompañarlo fue la libertad de todos los presos y presas políticas de Argentina”, sostuvo Daniel Catalano.
La causa de detención de Milagro Sala
El 16 de enero de 2016, unas veinte organizaciones sociales movilizaron a la Plaza Central de Jujuy para exigir respuestas Gerardo Morales sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Sobre esa movilización se montó una causa por “instigación a cometer ilícitos y tumultos”.
La causa fue elevada a juicio oral en 2019 y Milagro Sala fue condenada por ejercer el derecho a la protesta social. Tras su detención, Gerardo Morales y el Poder Judicial, intervenido por el mandatario jujeño al siguiente día de haber asumido, comenzó una persecución sin cuartel contra Sala.
Cientos de causas, testigos impulsados por la figura del “arrepentido”, y un sistema judicial amañado llevaron a la posterior condena de Milagro Sala en otros expedientes como la de construcción de viviendas y un supuesto “fraude al Estado”.
A Milagro se le abrieron 12 causas y atravesó seis debates orales y públicos. En algunos fue sobreseída, en otros condenados y otros siguen en curso. La finalidad de esta estrategia es asegurar su situación de encierro, desprestigiarla a ella y a la organización Tupac Amarú.
El escenario de persecución y hostigamiento construido por el poder ejecutivo provincial y las autoridades judiciales tuvo y tiene consecuencias graves para la salud y la integridad física de Milagro, como la trombosis que sufre la referenta. Una situación que generó varias internaciones de consideración.
