El día miércoles se desarrollaron más de cien asambleas en diferentes barrios populares de todo el país. La iniciativa fue llevada adelante por la Mesa Nacional de Barrios Populares, espacio que agrupa a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Caritas, Techo y un abanico de organizaciones sociales de carácter regional.
Las asambleas tuvieron como finalidad mostrar a la Mesa en estado de alerta y movilización para se “se trate con carácter de urgencia el proyecto de reforma de le ley 27453 ingresado al Congreso Nacional el día 13 de septiembre”, según explicaron en un reciente comunicado.
La Ley Nacional de Barrios Populares fue aprobada en octubre del 2018, impulsada por el mismo marco de organizaciones que hoy compone la Mesa. La misma declaró de interés público y sujetas a expropiación las tierras donde se asientan los 4416 barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP); creó un fideicomiso como instrumento de financiamiento para el cumplimiento de las acciones vinculadas a la integración socio urbana; y estableció que el 25% de la obra pública en barrios populares debe ser ejecutada por cooperativas y trabajadores de la economía popular.
Pero uno de los puntos centrales de la ley fue la suspensión de desalojos por cuatro años, plazo que vencería en octubre de este año. El proyecto de reforma prorroga la suspensión de los desalojos, como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, extendiendo el plazo de declaración de utilidad pública por diez años.
“El intento de desalojo del Barrio Huiliches en Neuquén, impedido por la acción rápida de la Mesa, fue un adelanto de los intereses del negocio inmobiliario en caso de que la ley no se pueda reformar”, comentó para ARG Medio, Lila Calderón, referenta barrial de Cipolletti. “La suspensión del desalojo se trató de un precedente histórico a favor de los habitantes de los barrios populares en el marco de un juicio fraudulento donde tanto la jueza como la Policía –pagada por la empresa Kaiser S.A.- cuidaron los intereses de un negocio inmobiliario dejando a las familias en situación de calle.”
Otro de los puntos nodales de la reforma es la declaración de interés público sujeto a expropiación de 1271 barrios nuevos incorporados al registro en diciembre del 2021 mediante el Decreto 880/2021, que anexó a aquellos creados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del 2018. La reforma también declara la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental por el plazo de dos años, a los fines de agilizar los procesos administrativos referidos a estos temas, y fortalece las herramientas para el acceso a los servicios públicos garantizando la soportabilidad a través de una tarifa social adecuada.
Según trascendidos, el Congreso sesionaría nuevamente a mediado de la semana que viene. En esta sesión se trataría la Ley de Humedales y la ya mencionada reforma. Entre este viernes y el lunes se convocaría a las comisiones pertinentes para el tratamiento del proyecto y el logro de un dictamen. En caso de que su aprobación se retrase o se trabe, es posible que el ejecutivo decida prorrogar por decreto los plazos para evitar desalojos.
