El gobierno de Javier Milei continúa acorralado por la justicia en relación al escándalo por la no entrega de 5 millones de kilos de alimentos, que aún permanecen guardados en dos galpones del Estado, con riesgo de que muchos terminen vencidos. Al mismo tiempo, desde Casa Rosada se repite como un mantra la frase “no hay plata”, para justificar ajustes en diferentes áreas de las Administración Pública, así como desatar ola de despidos y achicar la capacidad del Estado en todo sentido.
Sin embargo, ayer el Boletín Oficial mostró la otra cara de la moneda: el gobierno nacional acaba de gastar 12 millones de dólares en pistolas, balas y otras herramientas para las fuerzas de Seguridad.
Si bien se necesita inversiones en áreas del Estado, como lo es Seguridad, lo curioso es que la ministra de esa cartera, Patricia Bullrich, lo decidió hacer justificando una “emergencia de seguridad”, que no tiene validez.
De hecho, el gobierno de Javier Milei no pudo aprobar esa emergencia en el marco de la Ley Bases, donde tuvo que resignarla, al igual que otras emergencias, como la previsional.
Dicha inversión -una de las más importantes en los últimos tiempos- también tuvo otra polémica: no pasó por ningún control técnico de precios en organismos públicos, tal como se requiere en las compras de esta magnitud.
En el poco detalle que deja el comunicado del Boletín oficial se aclara que la inversión fue en pistolas, escopetas, patrulleros y camionetas 4×4 para las fuerzas federales por contratación directa, pero lo polémico es que en ningún momento se detalla cuánto se compró de cada cosa. De hecho, la inversión por 12 millones de dólares en materia de Seguridad nunca pasó el sistema de control de precios testigos que lleva adelante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). De esta forma, no se pudo determinar si lo que el ministerio de Bullrich pagó, es barato o caro, ya que no hubo otras ofertas para comprar.
