En menos dos semanas, seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) fueron denunciados por visitar a genocidas en el penal de Ezeiza, entre ellos el dos veces condenados por delitos de lesa humanidad, Alfredo Astiz.
Ahora, el ministro de Defensa, Luis Petri, suma a dos asesores personales que reivindican el accionar de la última dictadura militar y participan en una organización que defiende a los represores.
Sus nombres: Arturo Larrabure, cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y Silvia Ibarzábal, una mujer íntima de la negacionista Cecilia Pando.
Tanto Larrabure como Ibarzábal militan en la organización “Memoria Completa”, que busca tergiversar el plan de exterminio que se desató con el terrorismo de Estado, iniciado meses previos a marzo del 76 y potenciado con la llegada del último golpe militar encabezado por Jorge Rafael Videla.
Los dos asesores de Petri se pasean por el ministerio y ahora ocupan las oficinas que hasta hace poco eran el lugar de trabajo del equipo que analizaba los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con la justicia en las causas de lesa humanidad. Todos fueron despedidos por el ministro Petri, asegurando que hacían “macartismo”.
Según el pedido de información pública que realizó el diario Página12, tanto Larrabure como Ibarzábal están a punto de ser contratados oficialmente por el ministerio de Defensa, más precisamente para trabajar en la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM). La SEAM es conducida por Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército de Mauricio Macri, yerno del represor Athos Renés.
Festejar las visitas a genocidas
Como si fuera poco, días atrás se conocieron declaraciones públicas de ambos asesores del ministro Petri, respecto a la polémica visita de diputados nacionales de LLA a Astiz y otros genocidas, como Antonio Pernías, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti.
“Todo preso tiene derecho a ser visitado. Fue un acto humanitario, pero también valiente porque sabían que cuando esto se conociera iban a ser muy criticados”, le dijo Ibarzábal a infobae, en referencia a la comitiva integrada por Beltrán Benedit, Alida Ferreyra Ugalde, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.
Larrabure, por su parte, habló del “negocio de los derechos humanos” y agregó: “Todos los presos tienen derechos humanos, no hay que olvidarse de eso. Si una persona está detenida, ha sido juzgada y tiene situaciones de enfermedad o supera los 75 años, debe tener prisión domiciliaria. No pueden morirse en la cárcel porque pertenecen a la década del 70”. Para Larrabure, “algunos están muy mal físicamente, no pueden estar en una cárcel”.
