El país vive horas decisivas: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaría a punto de ser aprobado en el Congreso de la Nación, luego de conseguir media sanción en Diputados. Ahora, la definición se juega en el Senado, donde este jueves podría contar con los votos necesarios para que se convierta en ley.
Se trata de la herramienta con la que contará el gobierno de Alberto Fernández para legitimar el entendimiento que consiguió con el organismo, luego de que el expresidente Macri aprobara tomar la deuda más grande en la historia del país: de 45 mil millones de dólares. Para eso el Poder Ejecutivo necesita los votos de la oposición y también el de los senadores que responden al kirchnerismo.
En ese punto, es necesario recordar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (presidenta del Senado) todavía no dejó en claro su posicionamiento respecto al acuerdo, aunque algunos mensajes indirectos publicados en sus redes sociales, anticiparían su disconformidad. Lo cierto es que -de no haber empate- la ex mandataria no tendrá que participar de la votación.
Así y todo, en Casa Rosada confían en obtener la mayoría de los votos, tras muestras de apoyo de varios de los gobernadores, quienes se mostraron preocupados con la posibilidad de que el país pudiera entrar en default. Sin dudas, esa postura tendrá impacto en los legisladores que responden a las provincias.
Pero con la posibilidad de que el acuerdo con el Fondo sea legitimado en el Congreso, ¿Qué escenario se abre para los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández? ¿Podría tener un efecto desencadenante hacia el 2023, cuando se darán las nuevas elecciones presidenciales?
Todo indica que los puntos centrales del acuerdo, jugarán un rol clave para el corriente año y sobre todo para los próximos cuatro o cinco años posteriores. Más allá de que el FMI se transformará en una sombra que no se borrará en por lo menos, una década.
Objetivos difíciles de cumplir y un escenario electoral esperando
Para los detractores del acuerdo que se podría llegar a aprobar esta semana en el Congreso, hay una necesidad imperiosa de recordar cómo se cerró la inmensa deuda que el gobierno de Cambiemos tomó con el Fondo, pero también sobre los puntos más polémicos y hasta ilegales que se dieron en ese acuerdo. Aseguran que se hizo de espaldas al pueblo, sin consenso ni votación en el Congreso, pero que al mismo tiempo aquello significó la entrega de una suma indiscriminada de dinero que -según el propio estatuto del FMI-, un país como la Argentina no podía recibir.
Menos, si se tiene en cuenta que el 99,99% de esta deuda se utilizó para financiar la fuga de capitales, por lo que no se pudo invertir ni un sólo dólar para algún tipo de obra elemental o inversión clave en el país.
Por eso, algunos estudiosos del tema, como el economista y docente Andrés Asiain, van más allá y consideran que la deuda que tomó Macri tenía dos planes definidos. Uno de ellos contemplaba la posibilidad de condicionar al futuro (o los futuros) gobiernos.
“El Plan A de Macri y el FMI era ganar las elecciones y después profundizar una agenda neoliberal justificada internamente en las presiones externas del organismo. Pero el Plan B era condicionar a cualquier gobierno que viniera, al dejar vencimientos de deuda impagables que forzaban una renegociación”, sostuvo el economista en diálogo con ARGmedios.
Para el Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O), lo que se tiene que observar es que detrás del FMI, “están las potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza”.
“Esa herramienta de control sobre nuestra soberanía cobra un valor geopolítico mayor, dados los triunfos de diversos gobiernos populares no alineados a Washington en la mayor parte de los países de la región que posiblemente se extienda a Colombia y Brasil, en un contexto multipolar donde China y Rusia disputan con EEUU su influencia global”, agrega el economista.
Ahora bien, con el FMI ya penetrando en la economía del país y con la inminente posibilidad de que a ese polémico acuerdo se lo valide desde el Congreso, ¿Qué escenario se abre hacia el 2023? ¿Podría favorecer a la oposición, la que irónicamente fue la responsable de la toma de esa inmensa deuda?
Si bien es cierto que el acuerdo que firmó el gobierno del Frente de Todos con el Fondo, no aprueba reformas estructurales como en otros tiempos (estamos hablando, por ejemplo, de reformas laborales, previsionales y privatizaciones), lo cierto es que el organismo impondrá metas difíciles de alcanzar. Y con un evidente condicionamiento hacia el ajuste del gasto público. Todo esto, en el marco de una creciente y profunda crisis social.
“Asumiendo la meta en términos de porcentaje del PBI, la misma establece un déficit primario de 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024. Para 2025 el Fondo insistió en que existe un compromiso de déficit cero, pero pierde relevancia en la medida que no hay desembolsos previstos para ese año y el rol de las metas es condicionar las transferencias del FMI”, explican desde C.E.SO.
Allí, uno de los análisis más jugosos tiene que ver con lo que podría suceder en el año electoral que se avecina, en donde posiblemente la figura de Alberto Fernández busque revalidar su mandato, así como también la oposición encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y algunos posibles candidatos del radicalismo, busquen retomar el poder.
“Si el cumplimiento de la meta fiscal se presenta dudoso en 2022, más difícil parece ser su performance en 2023, año donde el crecimiento de la economía se verá condicionado por la escasez de reservas y se prevén políticas de expansión de gasto público para incrementar las chances electorales del oficialismo”.
Un dato importante a destacar es que, si bien el Estado argentino deberá empezar a pagar la deuda acordada recién en 2026, de acá a la fecha el país se verá acorralado por la figura del FMI, organismo que realizará auditorías de la economía nacional cada tres meses. Y en donde -se prevé- podría condicionar medidas económicas y sociales a partir de la decisión de continuar o desistir de la entrega de los dólares que necesita el país.
Es decir, en algún punto el gobierno actual -y también el que asuma en diciembre de 2023-, tendrá todavía la famosa “espada de Damocles” en su cuello. Una metáfora que en definitiva, habla más de la dura realidad que podrían vivir las clases populares y las clases medias del país.
