Otra vez a partir de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno de Javier Milei modificó completamente el espíritu de la ley de Seguridad Interior y allanó el camino para que las Fuerzas Armadas (FFAA) vuelvan a intervenir en diferentes conflictos internos.
El Decreto 1107/2024 no solo permite que ahora las FFAA estén presentes para combatir el “terrorismo internacional”, si no para que intervengan en la defensa de diferentes espacios de “vital importancia para el Estado”.
Lo peligroso es que ahora es el Poder Ejecutivo quien decidirá arbitrariamente qué es un “objetivo de valor estratégico” para el país y la comunidad. Incluso, el Decreto determina que la solicitud para el uso de las fuerzas militares podría ser del presidente, así como también del ministro de Seguridad (en este caso Patricia Bullrich) o del ministro de Defensa (Luis Petri).
Para dar más señales sobre lo que el gobierno libertario podría considerar un “valor estratégico” a defender con el uso de las Fuerzas Armadas, el Decreto dice que se trata de “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación”.
Esto puede ser desde una central nuclear, hasta Vaca Muerta, pasando por edificios o espacios públicos, o tierras que el Estado considere fundamental. En ese sentido, cualquier protesta de trabajadores que bloquee el acceso a dichos espacios podría terminar siendo una excusa para que los militares salgan a las calles.
En diálogo con ARG MEDIOS, el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –Manuel Trufó– asegura que “la medida es muy preocupante porque establece un nuevo supuesto en la intervención de las Fuerzas Armadas sin pasar por el debate parlamentario”.
Para Trufó, el Decreto le permite al gobierno nacional “muchísima discrecionalidad para decidir qué es un objetivo estratégico” y es especialmente peligroso en manos de Poder Ejecutivo que desde que asumió “viene caracterizando como terroristas a los manifestantes y a los pueblos originarios”.
Para el integrante del CELS, claramente la medida que aplicó el gobierno “puede abrir la puerta para la militarización de distintos conflictos sociales” en todo el país.
Vale recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se publicó un DNU similar que podía habilitar el uso de las fuerzas militares para conflictos internos, pero que se diferenciaba con el actual en algunos puntos vitales, como ocurre con la arbitrariedad para decidir qué son los “objetivos estratégicos” para el Estado.
La supuesta amenaza terrorista
También el decreto 1107/2024 aclara que las fuerzas de seguridad que son comandadas en este caso por la ministra Bullrich podrían “recurrir al uso de las Fuerzas Armadas” cuando exista alguna “amenaza o agresión” por parte de “fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”.
Después da todavía más pistas respecto a qué enemigo se aclara: “No puede soslayarse que una mirada estratégica de la Seguridad Nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la Agenda del siglo XXI”.
