En el encuentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año pasado, se realizó una plenaria donde se discutió la situación de las y los trabajadores de las aplicaciones. Los representantes del Gobierno de Javier Milei no asistieron, pero una comitiva de la provincia bonaerense se hizo presente para sentar postura sobre la legislación sobre la temática.
Walter Correa Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires comentó para ARG medios que: “La verdad fue bastante sorprendente que las grandes corporaciones atravesaron las fronteras geográficas y políticas cuando se trata de legislar hacia los trabajadores de plataformas. Vimos como Estados Unidos, China, Inglaterra, Francia, Japón en definitiva todos iban a que no se configure una comisión para tratar este tema”.
Para el ministro hay todo un poder real para ir en contra del convenio colectivo de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. “Pero después a los representantes de Latinoamérica, África, Oceanía se sumó gran parte de la comunidad europea y se pudo lograr la recomendación de OIT donde se configuró una comisión”, explicó Correa. Pero quedó clarísimo que los países alineados a las grandes potencias están en contra de que los trabajadores y trabajadoras de Apps tengan convenio colectivo.
Una de las declaraciones más importantes fue la que dio el representante de África en la Comisión de Plataformas. El mismo explicó que el continente cuenta con una población total de más de 1 400 millones de personas y agregó: “Tenemos el deber moral de asegurarnos de que la revolución digital no agrave la desigualdad o deje a millones atrapados en un trabajo invisible y sin protección”
El proyecto que debería debatirse en el congreso
ARG medios tuvo acceso al Proyecto de resolución y conclusiones propuestas de la Comisión Normativa sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas. Allí sugiere que los estados nacionales deben adoptar normas sobre el trabajo decente en la economía de plataformas y a continuación dejamos un resumen de lo más importante:
La propuesta de regulación del trabajo en plataformas digitales plantea crear un convenio internacional acompañado de una recomendación para orientar a los Estados. El texto define con claridad quién es quién en este nuevo mercado laboral: qué se entiende por plataforma digital (empresas o personas que organizan trabajo pagado mediante aplicaciones y sistemas automatizados), quiénes son los trabajadores de plataformas (todas las personas que prestan servicios a cambio de pago, sin importar si son considerados empleados o autónomos), qué papel cumplen los intermediarios y qué debe entenderse por remuneración, excluyendo los gastos que asume el propio trabajador. También reconoce que estas actividades suelen cruzar fronteras —con empresas, clientes y trabajadores en distintos países— y que, aunque ya existen normas laborales internacionales aplicables, las particularidades del trabajo en plataformas requieren reglas más específicas para garantizar derechos y evitar competencia desleal.
En términos de derechos, la iniciativa busca asegurar que quienes trabajan en plataformas tengan las mismas garantías básicas que cualquier otro trabajador: libertad sindical, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso e infantil, igualdad de trato y condiciones seguras y saludables. Plantea que puedan rechazar tareas peligrosas sin sufrir represalias, que existan límites claros a la jornada y tiempos de descanso, y que se regule la compensación por los periodos de espera.
También propone que tengan acceso a la seguridad social en condiciones equivalentes a otros trabajadores, que sus datos personales estén protegidos —incluyendo la prohibición de vigilar conversaciones privadas— y que no se les cobren comisiones indebidas ni se les retengan propinas. Además, presta especial atención a migrantes y refugiados para que puedan reclamar sus derechos incluso tras terminar la relación laboral, y exige a los Estados mecanismos eficaces de control para asegurar que las plataformas cumplan la ley.
En síntesis, el mensaje para los estados es simple: la eficiencia algorítmica no reemplaza la responsabilidad laboral ni el cumplimiento de la ley.
Por este motivo en Argentina se quieren destruir derechos existentes de los y las trabajadoras que están en relación de dependencia con la reforma laboral. Sobre todo para que la vara comparativa sea bajísima.
