La situación de las universidades públicas es extrema. Muchas afirman que con el actual presupuesto podrían dejar de funcionar normalmente este año, mientras que ni siquiera se arriesgan a pensar cómo será el próximo ciclo lectivo.
De hecho, un relevamiento por parte de la propia universidad sostuvo que el 85% de sus docentes se encuentran cobrando por debajo de la línea de pobreza.
Por otro lado, en términos de presupuesto, las universidades están funcionado actualmente con la mitad de las partidas que se destinaron el año pasado. Por ejemplo, de enero a julio de 2023 se desembolsaron, $2.305.053 millones ($2,3 billones) ajustados por inflación, mientras que en el mismo período de este año los giros fueron de $1.579.626 millones ($1,5 billones), según los datos de la cartera de Economía, y lo informado a la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a principios de mes.
A comienzos de septiembre, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba partidas para las 65 casas de estudio del país. Pero el presidente Javier Milei podría vetarla, al igual que con la ley de mejoraba los haberes jubilatorios.
Para agregarle mayor polémica, desde la Casa Rosada confían que la publicación del veto presidencial se dé este mismo miércoles a la noche, o en las primeras horas del jueves, ya que se cumplen 10 días hábiles desde que el proyecto aprobado se comunicó al Poder Ejecutivo.
Es decir, mientras miles y miles de personas se movilizan en defensa de la universidad pública, el gobierno planea elegir ese momento para eliminar la ley que aprobó el Congreso.
El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ayer en el discurso de cierre del encuentro de la mesa de agroindustria de AmCham, que se celebró hoy en el hotel Alvear: “Sancione lo que sancione el Congreso, no nos vamos a mover un centímetro del déficit cero que hemos planeado como política. Tendremos marchas y protestas, y trataremos de conversar y negociar. Este es el camino para todos los argentinos y el sector productivo en el país”, dijo.
Eso sí, al gobierno le preocupa que esta vez el Congreso pueda ir en contra del veto presidencial, ya que la mayoría de los votos -incluso de la oposición dialoguista- no estaría de acuerdo con esta decisión.
Hoy se espera una movilización similar a la que se dio el pasado 23 de abril, donde más de un millón de personas salieron a las calles para defender la universidad y la educación pública.
