El pasado miércoles las principales fuerzas políticas llegaron a un dictamen de consenso para el tratamiento de la reforma de la llamada Ley de Barrios Populares. Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto, presididas por los diputados del Frente de Todos (FdT) Hernán Pérez Araujo, Lucas Godoy y Carlos Héller, respectivamente.
De esta manera el proyecto presentado por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) encabezada por Fernanda Miño, queda habilitado para ser tratado en el recinto de la cámara baja. La fecha tentativa de la sesión sería el próximo miércoles 10 de octubre. Las organizaciones nucleadas en la Mesa Nacional de Barrios Populares movilizaran en pos de apoyar la iniciativa y presionar desde la calle la media sanción.
El proyecto de reforma prorroga la suspensión de los desalojos extendiendo el plazo de declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de las tierras por diez años. Por otro lado, incorpora más de 1200 barrios nuevos ingresados al ReNaBaP en diciembre del 2021 mediante el Decreto 880/2021, que anexó a aquellos barrios creados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del 2018. La reforma también declara la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental por el plazo de dos años, a los fines de agilizar los procesos administrativos referidos a estos temas, y fortalece las herramientas para el acceso a los servicios públicos a través de una tarifa social adecuada.
Para llegar al dictamen, el proyecto original presentado por la SISU sufrió algunas modificaciones en dos temas claves:
- La propuesta de un presupuesto plurianual (de acá a diez años) para el Fideicomiso de Integración Socio Urbana, cuyo objetivo principal es el financiamiento de Proyectos de Obras Tempranas (POT), Proyectos Ejecutivos Generales (PEG) y la creación de lotes con servicios. Esta propuesta se quitaría del proyecto de reforma y sería absorbida (bajo promesa del equipo de Sergio Massa) en el Presupuesto 2023.
- El eje de los servicios públicos y las tarifas sociales también fue sometido a discusión centralmente por la oposición quien planteo algunas reformulaciones.
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La diputada cartonera por el FPG, Natalia Zaracho, irrumpió con una emocionante intervención.
Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente Patria Grande (FPG) fue uno de los oradores del plenario de comisiones y afirmó que la norma “es una de las mejores políticas de los últimos tiempos para resolver una de las deudas internas que tenemos en nuestro país que es la integración socio urbana de los barrios populares”. Valoró que “más de 5 millones de argentinos puedan acceder a luz, agua y cloacas para mejorar las condiciones de vida”.
La peronista no alineada con el FdT, Graciela Camaño, destacó la continuidad de una política de Estado comenzada en el gobierno anterior y remarcó que “ojalá pueda llegar a ser algo fructífero para los desposeídos de nuestra patria, ya que el que no posee tierra no posee nada”. En ese mismo sentido, Silvia Lospennato de Juntos por el Cambio, señaló que “estamos en camino a construir una política de estado que nace en un gobierno, que es continuada y mejorada por otro, y le da una señal al próximo para que se sostenga en el tiempo”.
La diputada cartonera por el FPG, Natalia Zaracho, irrumpió con una emocionante intervención, contó su experiencia personal con el Certificado de Vivienda Familiar en la mano y enumeró los principales beneficios de contar con esta norma. “Esto implica poder tener DNI, que el correo llegue, que las compañeras que sufren violencia de género puedan pedir un patrullero, que las ambulancias entren y que el Estado llegue a donde no llega”.
La Mesa Nacional de Barrios Populares, integrada por la UTEP, Caritas, Techo y decenas de organizaciones y asambleas locales en la mayor parte de las provincias, llamará a movilizar la semana que viene para apoyar la media sanción en caso de que se sesione o presionar para que el proyecto se trate lo antes posible.
Luego del debate en la cámara baja, llegará el turno de Senadores, donde no debería haber mayores inconvenientes si se logra un apoyo contundente en diputados. Para la Mesa de Barrios Populares el tiempo apremia ya que el 31 de octubre vence el plazo estipulado por la norma vigente para evitar los desalojos. Varios grupos inmobiliarios, en conjunto con elementos del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, han hecho correr la voz de que las órdenes de desalojo se cumplirán desde la hora cero. El derecho a la tierra y la vivienda de miles de familias depende de la celeridad de los legisladores nacionales y la capacidad de presión en las calles.
